El lendakari Juan José Ibarretxe consiguió ser elegido por el Parlamento vasco en 1998 gracias a los votos de Herri Batasuna; en 2001, tras su inesperada victoria electoral frente a la coalición PP, PSOE y UA, presentó su proyecto de reforma del Estatuto de autonomía. Desde entonces, Ibarretxe y el aparato mediático que le rodea no han parado de dar la matraca con él. Las fases del parto han durado tres años y aún no han acabado, pues continuará en la próxima legislatura. Después del Pacto de Lizarra (1998) y del Nuevo Estatuto Político sólo unos ingenuos o unos malvados podrán negar que estamos ante la continuación del proceso cuyo primer paso fue la introducción del término "nacionalidades" en la Constitución y cuyo final es una Euzkadi separada de España.
La estrategia del nacionalismo llamado moderado está clara: la creación de una comunidad nacional y estatal lo más cercana a un país independiente. Y la táctica es sencilla: presentar cada etapa como una manera de solucionar definitivamente el encaje de lo vasco en España, como una transacción o un acuerdo entre dos partes que negocian de buena fe y ceden un poco. La tranquilidad dura hasta que el PNV ha exprimido las nuevas competencias, ha creado nuevos cargos burocráticos que ha distribuido entre sus militantes y ha modelado un poco más a la sociedad vasca, mediante los medios de comunicación, la enseñanza y el terrorismo. Entonces, se declara la muerte del Estatuto y se comienza a reclamar un nuevo pacto.
El Plan Ibarretxe es, como el Tratado Constitucional Europeo, un texto que nadie se ha leído. Aprovechándose de esa ignorancia, junto con la renuencia de muchos ciudadanos a entrar en asuntos complejos y politizados, los nacionalistas vascos tratan de colar su proyecto con el argumento de que no es separatista, sino que sirve para "construir un modelo de convivencia amable entre Euskadi y España", como ha repetido el lendakari ante todo micrófono.
Como es costumbre siempre que se trata con nacionalistas, la verdad es lo contrario de sus palabras. El Plan de Ibarretxe rompe la unidad de España y deroga la Constitución. Establece una cosoberanía entre Euskadi y lo que queda de España, un régimen más parecido a la confederación que a la federación o al fracasado (por los acontecimientos que se suceden estos días) Estado de las Autonomías.
Según la Constitución de 1978, y todas las leyes fundamentales anteriores, desde la de 1812, en España no hay más que un sujeto de soberanía, que es el pueblo español, del que forman parte los vascos. Aunque se ha producido una descentralización que implica la concesión a las provincias para organizarse en comunidades autónomas y disponer de capacidad legislativa y de un elenco de competencias, existen una serie de instituciones políticas comunes, como la Monarquía, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, las Cortes y el Gobierno nacional. Estas dos últimas, el Ejecutivo y el Legislativo, son las únicas que pueden reformar la Constitución y negociar y firmar tratados internacional que alteren la ley fundamental; en cambio, los parlamentos autonómicos no pueden discutir tratados con otros países ni modificar la Constitución. Una ley orgánica aprobada por las Cortes, firmada por el Rey y publicada en el BOE puede detraer a las comunidades, o a una de ellas, diversas competencias; por el contrario, un parlamento regional no puede, por ejemplo, proclamar la República, cambiar la bandera nacional o hacerse con la titularidad de los aeropuertos internacionales. De la misma manera, las sentencias del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial obligan a las instituciones locales.
El Plan Ibarretxe derriba este edificio. Primero concede a una parte del pueblo español la capacidad de ejercer el derecho de autodeterminación; en otras palabras, de decidir si se independiza o no al margen de los demás españoles. A continuación, arrebata una serie de las pocas competencias exclusivas que permanecen en el ámbito del Estado y después establece un mecanismo de defensa de éstas. De acuerdo con el Nuevo Estatuto Político, el Gobierno de Euzkadi tendría potestad exclusiva para: convocar referendos y elaborar el censo electoral; acudir con voz propia -separado de la representación española- a las reuniones del Consejo de Ministros europeos; crear una ciudadanía vasca y otorgar indultos a los ciudadanos vascos encarcelados; aprobar una ley de partidos de ámbito vasco –que permitiría legalizar de nuevo a HB y prohibir a otros grupos-; gestionar la Seguridad Social; nombrar representantes en organismos como el Banco de España –que supervisa las cajas de ahorros vascas- y la Comisión Nacional del Mercado de Valores; vetar los tratados internacionales que negocie el Gobierno español y que le afecte; disponer de un mar territorial; etcétera.Y después, como ha dicho el nuevo presidente del PNV, Josu Jon Imaz, establece un mecanismo que impida la intervención de las instituciones nacionales en la administración vasca: "un régimen de garantías mutuas que impida la interpretación restrictiva, la modificación o la interpretación unilateral del pacto suscrito". Y aquí aparece todo la mitología del pacto, de una relación de igual a igual entre las antiguas instituciones vascas, las Diputaciones, y los reyes de España. Nunca se ha probado que existiera esta relación y, según esa mitología, acabó con una ley de 1839, aprobada tal final de la primera carlistada.
Ese régimen de garantías mutuas –en realidad para una sola de las partes- consistiría en un Poder Judicial propio. Habría un Consejo Judicial Vasco, relacionado, aunque no supeditado, al Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Superior de Justicia Vasco se convertiría en el último tribunal ordinario al que los vascos podrían apelar, mientras que el Supremo quedaría reservado para unificar doctrina en ciertos casos. Los fiscales estarían sometidos a una ley vasca. Y en el Tribunal Constitucional se formaría una sala especial para resolver los conflictos Euskadi-Estado, compuesta por tres magistrados miembros del Tribunal y otros tres juristas vascos; por tanto, habría empate y se forzaría la negociación. Respecto a la elección de los jueces, cabe suponer que se aplicaría el principio, ya reclamado varias veces por el PNV, del conocimiento del euskera.
La última pieza que blindaría el nuevo fuero vasco es la Comisión Bilateral Euskadi-Estado, en la que "Madrid" debería discutir con los representantes del Gobierno vasco toda la acción política que afectase a la comunidad vasca. Por tanto, un Gobierno territorial determinaría la actividad de las Cortes Españolas, que, según la Constitución, representan al pueblo español.
Por tanto, estamos a un paso de la independencia y ¿por qué no se da y el PNV obtiene así un asiento en la ONU, como Bosnia? Pues porque saldría caro. No se trataría únicamente de pagar servicios que ahora presta el Estado a un precio bajo (el catedrático Mikel Buesa ha calculado este coste en 403 millones de euros al año por encima del cupo que abona el Gobierno vasco a la Hacienda nacional), sino, también, de perder el mercado español y salir de la zona del euro. En el proceso de adhesión a la UE, Euskadi perdería el Concierto Económico, garantizado por la Constitución, y mientras durasen las negociaciones tendría que crear otra moneda, con lo que las empresas vascas que quedasen en el territorio tendrían el tipo de cambio como un obstáculo para sus exportaciones e importaciones.