En primer lugar, por la presencia de objetivos sociales. Por lo general, con eso de "objetivo social" se hace referencia a la mejora económica de ciertos grupos sociales o a la prevalencia de unos valores –morales, a veces estéticos– sobre otros. A la prestación de determinados servicios. A la remoción de determinados comportamientos que se consideran negativos o antisociales. Y su definición se hace en términos etéreos, poco aprehensibles, de carácter macroeconómico.
Este planteamiento parte de dos errores. Uno de ellos es tan viejo como el pensar sobre cuestiones comunales o sociales: la idea de bien común. Los bienes tienen un valor subjetivo. Y como las valoraciones personales son muy distintas y, además, cambiantes, no puede haber bienes comunes. El bien común es, literalmente, una utopía.
Cuando pronunciamos juntas las palabras "bien" y "común" sentimos una llamada atávica, impresa a fuego durante generaciones en nuestras almas, acaso en nuestros genes. Resulta duro separarse de una idea tan querida. Pero es una contradicción en los términos, tal como es la naturaleza humana, y la búsqueda de un imposible sólo puede causar decepción, desesperación y acaso melancolía.
En relación con esto encontramos el error, tan denunciado por Hayek, consistente en creer que podemos conocer o definir el susodicho bien común, y cuáles de los objetivos sociales que nos podamos plantear son los que más se acercan a esa quimera. Además, los políticos tienden a hacer promesas y a fijarse metas (reducir la pobreza a la mitad en un determinado número de años, crear tantos puestos de trabajo en una legislatura, etcétera), pero el que las medidas adoptadas surtan el efecto deseado depende no sólo de que se acerquen o no al objetivo, también de circunstancias que condicionan el comportamiento de los individuos, algunas de las cuales no han hecho acto de presencia en el momento en que se han promulgado aquéllas. De ahí que Hayek insistiera en que lo más que puede plantearse un político, honradamente, son objetivos generales, como reducir la inflación, aumentar el empleo, etc., y no formular promesas más concretas.También hay que reparar en los problemas de los medios, de las medidas concretas de política económica. La literatura sobre el tema es amplísima, y aquí el liberalismo muestra, por escoger la formulación de Mises, que el intervencionismo provoca efectos que, o bien no son deseados por sus promotores, o bien no son previstos por éstos y son generalmente negativos.
Entonces, ¿es inconcebible una política económica liberal? No, siempre que se tenga claro que toda política económica ha de tener el desmantelamiento del Estado como último objetivo. Puesto que el liberalismo confía en los procesos sociales espontáneos y ve al Estado como un órgano basado en la coerción, que no desempeña un papel en una sociedad basada en los contratos y acuerdos voluntarios, toda política económica ha de encaminarse a reducir su influencia, acaso hasta hacerlo desaparecer.
Rothbard propone una estrategia radical, ya que reducir una medida intervencionista a la mitad supone mantener el intervencionismo, con los efectos negativos que, sabemos, creará. Como, además, hay que contar con que un sector de la población, y especialmente de la política, se opondrá a cualquier liberalización, lo conveniente es aceptar este inconveniente desde el principio y llevar los objetivos tan lejos como sea posible. Milton y Rose Friedman mostraron, además, que "la tiranía del statu quo", de los intereses creados, logra paralizar cualquier medida liberalizadora si el gobernante no la lanza en sus primeros meses de gobierno. La reforma ha de ser, pues, radical y rápida en la medida de lo posible.
No obstante, en ocasiones es imposible restablecer la plena libertad de los ciudadanos; pero sí se pueden arbitrar políticas que se acerquen lo suficiente, como el cheque escolar o la municipalización de la gestión educativa. Una vez implantadas, se puede proponer el siguiente paso, hasta eliminar la influencia del Estado en la vida ciudadana.
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