Cuando no se quiere someter a dieta al Leviatán, se condena a pasar hambre a sus súbditos: primero fue el IRPF, y ahora, a pocos días de que se celebran las andaluzas y se abra el melón de las mil y una fórmulas recaudatorias, parece que se avecina otro rejonazo por la vía del Impuesto de Sociedades y del copago sanitario.
Dado el escaso respeto que en amplios sectores se siente hacia la propiedad privada ajena, es dudoso que el incremento del Impuesto de Sociedades genere demasiada controversia; cuestión distinta es el copago sanitario, que, en la medida en que afecta a nuestros muy particulares bolsillos, es posible que despierte airadas protestas entre quienes se proclaman centinelas del Estado de Bienestar.
Las razones más manidas para oponerse al copago son fundamentalmente dos: una considera inaceptable que el derecho a la sanidad deje de ser gratuito; otra, algo más informada sobre los hechos, critica que no sea más que un nuevo tributo que añadir a las ya insufribles y múltiples exacciones fiscales que padecemos.
Sobre la primera objeción no hay demasiado que comentar: la sanidad pública, por mucho que lo repitan cuales mal instruidos papagayos nuestros políticos, no es gratuita. Su coste, soportado entre todos los contribuyentes, asciende a más de 70.000 millones de euros anuales, alrededor de 1.500 euros anuales por español (o, en una unidad familiar típica de padres con dos hijos, 6.000 euros por hogar). Predicar la gratuidad en estas condiciones no deja de ser una obscena manipulación para olvidar que el ogro filantrópico del Estado no da nada a la sociedad que previamente no le haya arrebatado: no nos regala la sanidad, sino que nos la cobra coercitivamente.
En realidad, los políticos deberían decir que la sanidad pública es gratuita para sus consumidores, quienes, en cuanto a tales, no han de abonar precio alguno, pero sí como paganos contribuyentes. Es precisamente esta circunstancia lo que conduce a los otros detractores del copago a criticarlo: si ya estamos pagando la sanidad vía impuestos, ¿por qué motivo hemos de financiarla también de esta otra manera? Incluso han renombrado "repago" al copago: no se cofinancian los servicios sanitarios, sino que se duplica el desembolso.
En un escenario ideal, el copago debería tender a sustituir los impuestos: se reemplaza un pago desvinculado del uso por otro ligado estrechamente al mismo, de modo que las necesidades de la demanda tiendan a alinearse mucho más con las posibilidades de la oferta. Y dado que parte de la financiación del sistema sanitario pasaría a efectuarse vía copago, las distintas figuras tributarias que proporcionan ingresos al Estado deberían reducirse de manera correspondiente.
Por desgracia, este escenario ideal para los defensores del copago tiene dos problemas:
1) Los incentivos del Estado le llevan a gastar más en la medida en que recaude más. Si el copago incrementa sus ingresos, es cuando menos improbable que rebaje el IRPF o el IVA: los políticos procederán, más bien, a dilapidar más dinero en otras intervenciones.
2) Ahora mismo, la sanidad, al igual que todos los otros desembolsos públicos, se encuentra infrafinanciada: la recaudación tributaria no llega a cubrir todos los gastos gubernamentales, de manera que el copago no iría de la mano de rebaja fiscal alguna.
Precisamente por esto último no es buena idea lo de hablar de repago. Es verdad que los políticos nos han prometido, entre muchos otros servicios estatales, una sanidad pública, universal, de calidad y gratuita a cambio de los impuestos que actualmente sufrimos, pero lo cierto es que la recaudación no cubre, ni de lejos, el coste de la sanidad y del resto de prestaciones públicas. En caso de instaurarse el copago no pagaríamos dos veces por lo mismo, sino que nos aproximaríamos a abonar la factura íntegra de la sanidad pública y del resto de partidas presupuestarias.
Los detractores del copago afirman que lo lógico sería racionalizar los demás gastos del Estado, de modo que se priorice lo realmente importante: sanidad y educación. Sin embargo, no queda claro por qué el gasto público en sanidad (que representa alrededor de un sexto del presupuesto total de las administraciones públicas españolas, y que inevitablemente seguirá creciendo conforme envejezca la población) resulta tan intocable, cuando tenemos que finiquitar un déficit que asciende a más de 90.000 millones de euros (algo más de un quinto del gasto total); sobre todo si, como afirman los defensores del copago, su propósito principal no es tanto recaudar como disuadir del uso abusivo y oneroso de los servicios sanitarios.
Parece lógico que se contribuya a moderar la demanda extraordinaria de los mismos imponiéndoles un coste; pero tampoco creamos que el copago pondrá, ni mucho menos, punto final a los problemas de sostenibilidad del sistema público, y ello por varias razones:
1ª) Una parte de la demanda puede ser bastante sensible al precio (consultas generales), pero el resto (operaciones, medicamentos, cuidados intensivos, etc.) es claramente muy inelástica: por mucho que se imponga el copago, apenas habrá disuasión. Todo apunta a que la reducción de gasto público será extremadamente limitada, sobre todo si no va acompañada de un recorte de personal (si hay menos consultas, debería haber menos médicos de familia).
2ª) En España ya existe un copago de facto por niveles de renta. Aquellos que quieren recibir unos servicios básicos de mayor calidad contratan un seguro privado (cuyas instalaciones contribuyen a evitar el colapso de la sanidad pública), de manera que la efectividad disuasoria del copago dependerá de que sea muy gravoso para las personas con menos ingresos, algo que la clase política es muy dudoso que acepte.
3ª) Los defensores del copago suelen repetir que todos los países europeos, salvo España, Reino Unido y Grecia, lo aplican. No parece que éste sea un argumento de peso, pues prácticamente todos los países europeos tienen sistemas sanitarios públicos más costosos que los de esos tres países. El gasto público sanitario ronda el 7% del PIB en España, mientras que en Francia y Dinamarca asciende al 9%; en Alemania, al 8,5%; en Bélgica, al 8%; en Suecia, al 7,8%, y en Italia al 7,4%. Es posible que sin copago el gasto público de estos países se hubiese disparado todavía más, pero en cualquier caso no parece que el remedio haya obrado milagros.
Si nuestros políticos apuestan por subir la tributación en lugar de por reducir el gasto, lo más sensato sería que aumentaran las tasas y que establecieran copagos diversos, no sólo en sanidad, también en educación y en justicia. Antes que subir los impuestos generales a todos los españoles, lo más razonable y menos lesivo sería que quienes usasen los servicios públicos del Estado cargasen con parte de su coste. Ahora bien, el copago sanitario dista de ser la solución al enorme déficit de nuestras administraciones públicas.
Nuestros políticos deberían concentrarse en gastar menos y no en recaudar más. Lo deseable sería que esa merma en el gasto no fuera de la mano de una merma en la calidad del servicio, pero para ello habría que aumentar la eficiencia del sistema público, algo que, al no estar éste sometido a la competencia y a la disciplina del mercado, se antoja imposible. Es lo que tienen los servicios estatales: que cuando se les acaba el dinero que rapiñan al prójimo se derrumban como un castillo de naipes.