Ciertamente, pueden establecerse algunas diferencias entre unas y otras. Google se resiste más que Yahoo o Microsoft a las presiones de la dictadura china, por ejemplo. Pero también lo hace. De ahí que sorprenda tanto la airada reacción al anuncio de Twitter de que censurará aquellos tuits, o cuentas, que sean denunciados por las autoridades del país desde el que sean emitidos. Una censura que se circunscribirá al propio territorio del denunciante. Hasta ahora, cuando procedía a censurar, lo hacía con carácter total; es decir, lo que borraba, lo borraba por completo y no se podía ver en ningún sitio. Por otro lado, y al igual que hace Google, cuando retire contenidos dará cuenta de las razones en la página chillingeffects.org.
No ha cambiado casi nada. Twitter ya retiraba mensajes por considerarlos spam o que violaban la ley del país desde el que se emitían. Así, ha retirado muchos enlaces a contenidos protegidos por derechos de autor.
Hay que indicar que la libertad de expresión no es un derecho absoluto. En la teoría liberal más pura, está delimitado por el derecho de propiedad. Podemos decir lo que queramos en aquellos medios que son nuestros –nuestra casa, nuestro blog (si lo pagamos nosotros), etc.–, pero sólo aquello que nos permita el dueño si usamos medios que no lo son, como Libertad Digital o la propia Twitter. Partiendo de esta base, la red social tiene derecho a retirar de su propiedad los tuiteos que le plazcan, pero no lo hace porque en la base de su negocio está el permitir a los usuarios escribir lo que quieran.
Pero si Twitter tiene inscrito en su ADN la libertad de expresión, ¿por qué la limita? Pues porque todos los gobiernos del planeta consideran que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y lo restringen con distintas restricciones legales. En Estados Unidos se tienen muy en cuenta los derechos de autor; en Francia y Alemania no se puede hacer apología del nazismo; en España está prohibido negar el Holocausto o hacer apología del terrorismo, y en todas las dictaduras está mal visto criticar al Gobierno u organizar cualquier tipo de protesta o revolución. Para operar en los distintos países, Twitter ha de cumplir las leyes locales; es una empresa global, sí, pero eso no significa que esté por encima de las leyes nacionales, sino que debe cumplirlas todas las que le sean aplicables.
La alternativa es no operar en tal o cual territorio, cosa que la propia Twitter ha insinuado que hará, aunque no ha entrado en especificaciones. No está claro en qué mejoraría la vida en sociedades asediadas por regímenes liberticidas la retirada de la célebre red social, que tan importante papel ha desempeñado en, sin ir más lejos, la Primavera Árabe.
Por otro lado, y habida cuenta de la naturaleza de Twitter, el modelo que ésta ha propuesto a los gobiernos y tribunales de todo el mundo para la retirada de contenidos concretos es el más ineficaz posible. Los tuiteros sabemos que acceder a algo que se haya escrito un par de días atrás es una tarea ímproba. Twitter está pensado para la inmediatez, para el ahora; cuando se reciba una petición para retirar un tuiteo ya lo habrán leído todos los interesados. Otra cosa es la eliminación de cuentas, que tiene efectos más permanentes y dramáticos.
El análisis de la decisión de Twitter puede hacerse desde dos perspectivas: la dramática, que sólo se fija en absolutos, o la incremental, que se detiene a examinar las mejores alternativas disponibles en el mundo real. La primera fue la adoptada por la masa enfurecida de tuiteros que denunciaron airados la decisión de la empresa el mismo día en que se anunció; seguramente muchos de ellos se indignaron también cuando Twitter se negó a retirar contenidos que fomentasen la anorexia, pese a que son perfectamente legales en España.
Me parece más razonable pensar en qué podría haber hecho Twitter. Podría haber continuado con su política de retirar contenidos por completo y no sólo en un lugar determinado, lo cual podría privar de información importante a los que tenemos la suerte de no vivir en regímenes dictatoriales. Podría optar por retirarse de aquellos países cuyas legislaciones considere demasiado agresivas con la libertad de expresión, con lo que renunciaría a numerosas fuentes de ingresos –hablamos de una empresa, no de una ONG– y, sobre todo, dejaría a muchos súbditos de dictaduras atroces sin una notable vía de expresión y organización. Por cierto: Twitter publicó en enero de 2011 su política de retirada de contenidos, que en poco o en nada se diferencia de la que ha adoptado ahora, salvo en que entonces no era capaz de circunscribir la censura al territorio del país denunciante. No parece que eso frenara las revueltas en el norte de África.
En cualquier caso, aquellos que razonan con absolutos deberían ser coherentes y actuar de acuerdo con sus premisas. Si, por ejemplo, encuentran inaceptable que Apple fabrique sus productos en factorías chinas en las que las condiciones son, por decirlo con suavidad, francamente mejorables, no deberían volver a usar ningún iCacharro. Si creen inaceptable que Twitter elimine mensajes en cumplimiento de las legislaciones a las que está sujeta, lo lógico sería que dejaran de usarlo. La mayoría argumentará que nada se ganaría con ello, que tiene muchos usuarios y apenas lo notaría; incluso que es mejor para la causa tuitear contra Twitter. Y entonces, cuando afrontaran ese pequeño sacrificio personal, pasarían de razonar en absolutos a hacerlo... bien.