La política, ciencia que exige el manejo solvente de las técnicas de gestión de los resortes del Estado para el bien común, tiene que pagar un importante peaje demagógico en las sociedades contemporáneas, ahormadas sin excepción bajo el paradigma socialdemócrata. No basta con gestionar los asuntos públicos con la ortodoxia y el rigor que exijan las circunstancias, sino que, más importante aún, los gobiernos tienen que asegurarse el favor de los ciudadanos, de cuya voluntad cuatrienal depende su permanencia en el poder.
Esta permanente tensión entre la pura técnica política y la mercadotécnica electoral eclosiona con fuerza en entornos de crisis, en que las medidas necesarias para la recuperación chocan con los efectos indeseables que a corto plazo tienen en términos de apoyo popular, tan necesario para ganar o conservar el poder del partido gobernante en los distintos ámbitos territoriales. Lo estamos viendo de manera evidente en estos primeros cien días de gobierno del Partido Popular, periodo en el que sus integrantes andan intentando mejorar la situación heredada practicando un equilibrio imposible entre lo que exige el país y lo que necesita el partido.
Es imposible que Rajoy, Montoro o De Guindos ignoren que lo imperativo para que los agentes económicos inicien la senda de la recuperación y vuelvan a crear riqueza y empleo es que haya menos regulaciones y una disminución notable de las cargas estatales que lastran su funcionamiento. Ellos mismos lo decían de forma muy clara cuando estaban en la oposición y el gobierno socialista ideaba constantemente nuevas trabas impositivas para hacer del Estado el principal motor de la economía, apropiándose progresivamente de mayores cuotas de riqueza de la sociedad.
Una vez en el Gobierno, el PP ha preferido no atender a los principios que acertadamente enarbolaba, porque el primer efecto a corto plazo de una bajada general de impuestos hubiera sido un fuerte recorte en las partidas con que los gobernantes corrompen a la ciudadanía para garantizarse su voto, a través del llamado Estado del Bienestar o de los miles de líneas de ayudas públicas con que los políticos crean entre la sociedad civil esa falsa sensación de que sul futuro depende de los que en cada momento detentan el poder.
Más evidente aún en esta sustitución de la técnica por la demagogia –que muchos prefieren camuflar hablando de un conflicto entre la tecnocracia (peyorativo) y la política (encomiástico)– es la necesaria reforma de nuestro diseño territorial, que la actual crisis económica ha revelado claramente insostenible.
Los españoles podríamos ahorrarnos más de 20.000 millones de euros si el Gobierno central recuperara algunas competencias básicas, como la educación y la sanidad, para gestionarlas de forma centralizada. Ni siquiera sería necesaria una reforma constitucional, porque la Carta Magna establece mecanismos suficientes para que aquél gestione esos dos importantes asuntos en uso de sus atribuciones. Sin embargo, esta posibilidad ni siquiera es tenida en consideración, a pesar de que los actores principales de la crisis en el terreno político reconocen el desmadre autonómico y sus perniciosos efectos sobre la finanzas del país.
Antes que perder cuotas de poder territorial y enfrentarse a las protestas de las masas, manipuladas por los principales beneficiarios de esta absurda situación, el Gobierno prefiere aumentar la presión fiscal sobre las clases productivas o poner en marcha mecanismos de amnistía para los defraudadores, a despecho de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
La sensatez de la tecnocracia sucumbe ante los delirios de la utopía, y todos pagamos sus consecuencias sólo para que el partido en el Gobierno mantenga el apoyo popular que le permita revalidar su victoria en las próximas elecciones, sean del ámbito que sean.
El bien del partido, siempre por encima del bien de la patria. Sólo bajo esa perspectiva cabe entender los nuevos Presupuestos Generales del Estado y el resto de decisiones que el Gobierno de Rajoy ha tomado en estos primeros cien días de ejercicio del poder. Lo demás, pura palabrería.