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BIEN POR ESPERANZA AGUIRRE

Subir el IVA es política, no economía

A pesar de que pueden existir razones técnicas que aconsejen subir el Impuesto sobre el Valor Añadido para la homologación de nuestro modelo fiscal con Europa, hay otros motivos que deberían obligar al principal partido de la oposición a rechazar frontalmente esta medida coactiva del gobierno. Son de orden político.

A pesar de que pueden existir razones técnicas que aconsejen subir el Impuesto sobre el Valor Añadido para la homologación de nuestro modelo fiscal con Europa, hay otros motivos que deberían obligar al principal partido de la oposición a rechazar frontalmente esta medida coactiva del gobierno. Son de orden político.
El socialismo no entiende de razones objetivas para manejar la economía porque la realidad se contradice frontalmente con sus postulados ideológicos, de tal forma que si aplica medidas racionales fruto del análisis científico se ve obligado a contradecirse ante sus votantes.

Zapatero nunca va a reducir el llamado gasto social, con el que emprende compras masivas de votos en los sectores cautivos, por más que resulte una medida imprescindible para salvar la economía del país. De hecho, no tiene la menor intención de hacerlo; todo lo contrario: cuando la satisfacción general del ciudadano medio con la marcha de los asuntos generales disminuye a toda velocidad, como ocurre ahora, es cuando el PSOE necesita con más urgencia engrasar la maquinaria electoral ofreciendo compensaciones por doquier. Desde esta perspectiva, la única solución que le queda al gobierno es aumentar la coacción fiscal sobre trabajadores y empresarios para enjugar las desastrosas cuentas públicas y seguir adelante con la compra de los votos que necesite para mantenerse en el poder.

Hace dos años, para Zapatero no había peligro de que nos fuéramos a enfrentar con una dura crisis económica. Más tarde concedió que íbamos a atravesar ciertas dificultades pasajeras. Cuando las cifras de parados llegaron a límites vergonzosos decidió que estábamos en crisis y que tal vez habría que apretarse el cinturón. Sus voceros dijeron acto seguido que, de haber una subida de impuestos, sólo afectaría a "los ricos"; y ahora sube el impuesto indirecto por antonomasia, que grava exactamente igual a todos los bolsillos, sea cual sea su calado.

Zapatero.Ante esta perspectiva, el principal partido de la oposición no tiene obligación alguna de aceptar esta política de hechos consumados, sobre todo si se presenta a los votantes aliñada con la habitual dosis de demagogia con que los socialistas disimulan sus desmanes. Zapatero y su ministra de finanzas, y de ahí hacia abajo todos los dirigentes del PSOE a los que se ha solicitado su opinión, han dicho ya que la subida del IVA irá destinada a financiar las prestaciones sociales de jubilados y desempleados. No es cierto: simplemente, porque es imposible determinar el destino de la recaudación fiscal en un sistema de caja única; además, para jubilaciones y desempleo ya existe otro fondo recaudatorio, en manos de la Seguridad Social.

Lo que el PSOE pretende hacer ver a los ciudadanos es que si el PP se opone a esta subida de impuestos estará dañando los derechos sociales de los más desfavorecidos. Como no es cierto, sino todo lo contrario, los populares hacen muy bien en no dar su aprobación, aunque este incremento del IVA tenga efectos benéficos a largo plazo en nuestra economía.

En esta tesitura, la posición de Esperanza Aguirre es la única que puede hacer descarrilar la estrategia socialista, consistente en meter con calzador una medida antisocial como la subida de los impuestos indirectos haciéndola pasar por un gran acuerdo de estado para que los parados y nuestros mayores puedan seguir recibiendo su pensión. Es más, ya puestos, las delegaciones territoriales del Partido Popular en toda España deberían sumarse a esta rebelión pacífica, explicando de paso a los ciudadanos que no les votan que la decisión de Zapatero de aumentar el IVA es la más antisocial e injusta que puede adoptarse, puesto que perjudica especialmente a las personas con menor poder adquisitivo.

La otra gran razón para impugnar la coacción fiscal del gobierno socialista es que los grandes responsables del déficit público no son los ciudadanos y las empresas, sino las administraciones elefantiásicas, que dilapidan cada año ingentes cantidades de dinero público en gastos suntuarios de todo tipo. Claro que, teniendo a Gallardón y sus mil quinientos asesores entre sus filas y gobernando la comunidad autónoma con el déficit más abultado, ¡cualquiera defiende ese argumento!
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