Hoy vivimos en un país que ya no se define a favor de la igualdad ante la ley, sino que más bien avanza abiertamente en políticas públicas que favorecen a algunos a expensas de otros. Cuando los agricultores, los científicos, los maestros, los artistas, los trabajadores, los empresarios o cualquier otro grupo estira la mano en su constante cabildeo o dan contribuciones a las campañas electorales para conseguir prebendas y favores especiales del gobierno, se está rechazando abiertamente el principio de la igualdad ante la ley.
¿Qué está sucediendo? La razón es que nuestros maestros, muchos de los cuales también están a la caza de favores gubernamentales, ya no creen en los ideales de nuestros próceres de la independencia, los cuales apenas se acuerdan del 4 de julio y se menciona de vez en cuando en los dramas de la televisión.
Y, sin recibir ninguna guía sobre el principio de la igualdad ante la ley, muchos ciudadanos sinceramente creen que cuando se trata de sus objetivos personales hay que hacer excepciones a la regla en la que el gobierno debe ofrecer sólo un tipo de ayuda: proteger el derecho de cada uno a buscar su propia felicidad, es decir, en alcanzar sus objetivos personales respetando los derechos de los demás.
Pero la realidad actual es otra muy diferente. Casi todo el mundo piensa que sus objetivos son especiales porque ellos son científicos, maestros, músicos, artistas, agricultores, industriales o lo que sea y, por lo tanto, merecen consideraciones especiales del gobierno, por vía de la redistribución de la riqueza.
Los educadores frecuentemente insisten que su profesión requiere el instrumento impositivo, es decir, la confiscación de la riqueza de individuos y su traslado a manos de otros. Lo mismo sucede con los miembros de otras profesiones, sea el comercio, la agricultura, las artes y tantas más. Para ellos, el gobierno debe hacer de su causa una prioridad oficial. Todos aspiramos a que nuestros propios intereses se conviertan en una prioridad nacional y como eso es imposible nos encontramos envueltos en una guerra permanente entre los diferentes grupos de intereses especiales para lograr una posición más alta en las prioridades políticas.
En una sociedad verdaderamente libre no existen esas luchas permanentes para quitarle a los demás en beneficio propio. En la sociedad libre el único beneficio público que han de dispensar las autoridades es la protección de los derechos de todos en la búsqueda de su propia felicidad, sin favorecer a unos sobre otros a través de la redistribución de recursos.
De esto ni se habla hoy en día. La gente está convencida que lo que ellos hacen requiere que a otros se les quiten recursos a punta de pistola (el instrumento final de las políticas públicas) para que les sean transferidos en apoyo de su labor.
En tal sentido, hemos avanzado a una posición muy triste, la cual debemos encarar dando marcha atrás.
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AIPETibor R. Machan es profesor de la
Chapman University y asesor de
Freedom Communications.