La VIII Asamblea general de la FEMP —Federación Española de Municipios y Provincias— celebrada este fin de semana en Madrid se ha convertido en noticia de actualidad más allá de la esperada renovación de los cargos y órganos ejecutivos de una organización fundamental para el municipalismo español. La FEMP, que comenzó su andadura hace casi 20 años en defensa del fortalecimiento de la democracia y la autonomía local, vivió el domingo una decepcionante polémica que empaña la impecable labor que realiza esta asociación en favor del proceso descentralizador hacia las Corporaciones Locales por las incertidumbres y miedos de algunos partidos políticos, mucho más preocupados por la necesidad y urgencia del momento electoral que por defender los valores esenciales para la convivencia y el bienestar que representa nuestra Constitución.
Los ayuntamientos somos las instituciones más cercanas al ciudadano. Ejercemos, desde la proximidad, la primera representación. Nos hemos convertido en mediadores imprescindibles a la hora de promover el bienestar de cada ciudadano. Durante varias décadas hemos realizado una valiosa aportación al desarrollo y la consolidación de la democracia en nuestro país. Y es, precisamente, desde el papel de las instituciones locales como garantes de estabilidad en ciudades y municipios, desde el máximo foro que representa a los ayuntamientos españoles donde se planteó una moción que a nadie puede sorprender por el momento ni por los términos.
Es necesario recordar, en este sentido, que el próximo mes de diciembre celebramos los primeros 25 años de vigencia de la Constitución, por lo que parecía más que evidente la idoneidad y oportunidad de que todos los ayuntamientos españoles se unieran en la organización que les representa para dejar claro el compromiso con la Carta Magna y “con los valores inalienables que ésta representa, como garantía de convivencia en paz y del progreso en todos los órdenes de la vida colectiva e individual”. El mismo compromiso que se alcanzó también en este mismo foro para aprobar por unanimidad una moción contra la violencia de género.
Si a todo esto añadimos el actual escenario político con la presentación del Plan Ibarretxe, parecía más que acertada la conveniencia de que todos los ayuntamientos rechazaran una propuesta que “aparte de su inconstitucionalidad, no viene sino a negar la igualdad que con tanta firmeza hemos venido demandando reiteradamente”. ¿Por qué el PSOE rechaza esta moción y rompe el acuerdo alcanzado el día anterior para la renovación de los cargos? ¿Por qué les pareció tan descabellado aprobar un documento a favor de la Constitución y el Estatuto de Gernika de términos muy similares a los consensuados en diferentes ayuntamientos?
La única explicación que cabe a la penosa actitud del Partido Socialista es su pacto con Esquerra Republicana para gobernar Cataluña. Los socialistas no querían incomodar a ERC —que había anunciado su voto en contra de la moción—, por sus posibles consecuencias en el escenario de negociaciones políticas para renovar las instituciones catalanas. El Partido Socialista no se jugaba la presidencia de la FEMP, aunque votaran a favor de la moción, puesto que se había alcanzado un acuerdo con el PP para que el alcalde de A Coruña, Francisco Vázquez, ostentara este cargo los próximos cuatro años. En realidad, el partido socialista se jugaba su propia necesidad electoral de gobernar Cataluña. Todo ello, al precio de anteponer el interés partidista a sus convicciones ideológicas. Al precio de que muchos alcaldes socialistas hayan tenido que votar con sonrojo en contra de la Constitución y el Estatuto de Guernika. Al precio de un bochornoso silencio por no poder explicar lo inexplicable.
Como Alcalde de la capital del País Vasco y vocal de la FEMP, tengo que lamentar la actitud del Partido Socialista en un momento, que es ciertamente inoportuno, puesto que desde el Gobierno vasco se está cuestionando la legitimidad de nuestro Estado de Derecho y se intenta quebrar el marco de convivencia de todos los vascos. En un momento que se considera clave para acreditar de forma clara y firme la defensa y el compromiso activo del municipalismo español con la Constitución y el Estatuto de Guernika.