Sí sabemos competir

Como quiera que sea y dado que las dos regiones que en el mundo se perfilan más próximas a conformar mercados regionales medianamente abiertos y con suficiente masa crítica de consumidores/productores son Latinoamérica y la Europa del este, parece entonces lógico que tanto la Unión Europea como los Estados Unidos fijen su atención e interés en esas regiones.

Pues bien, ante el manifiesto interés del presidente Bush y de los europeos comunitarios por nuestro subcontinente, ¿cuál debería ser la posición de nuestros líderes? A juzgar por lo que leo, veo y escucho, la opinión latinoamericana predominante es, más o menos, la siguiente: si nos quieren hacer formar parte de una enorme zona de libre comercio, debemos lograr conseguir a cambio todos los privilegios, subsidios, tratamiento preferencial, etcétera, que sea posible.

¿Suena lógico, verdad? Pero es una gran equivocación, por lo menos en cuanto concierne a los más pobres de nuestros países. En efecto, de los millones de latinoamericanos que han emigrado a Estados Unidos durante los últimos veinticinco años, la inmensa mayoría proceden de los estratos sociales más bajos. Llegan a Estados Unidos prácticamente sin nada y, a menos que “la migra” los pesque y los mande de regreso, se quedan allí, compiten con los demás y triunfan. Triunfan en un sentido muy importante: mejoran sus condiciones de vida. Las mejoran a tal punto que ahorran dinero que remiten a sus familias en sus países de origen. En varios Estados latinoamericanos las llamadas “remesas familiares” se han convertido en una de las cinco principales fuentes de ingresos de divisas.

Entonces, ¿quiénes serán los que necesitan esos privilegios, subsidios o tratamiento preferencial? ¿Los ricos o los pobres de Latinoamérica? Yo me temo que, en general, los que claman por todo ello y, en efecto, lo necesitan, son más bien las empresas estatales que todavía quedan y los accionistas de las empresas privadas que todavía gozan de algún tipo de protección en sus respectivos países. Los pobres ya demostraron que pueden mejorar de condición, en el propio gallinero de los norteamericanos.

Claro está que las cosas no son así de simples y es muy probable que sea conveniente que en ciertos casos la apertura sea gradual, a lo largo de un período de cuatro o cinco años, por ejemplo. Pero no debería ser esa la regla general, sino la excepción.

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Eduardo Mayora Alvarado es decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín de Ciudad de Guatemala.