La Comisión de Secretos Oficiales es la única que celebra sus sesiones a puerta cerrada, por la naturaleza especialmente delicada de la información que en ella se debate, relacionada con la seguridad del Estado. Si la información concierne, por ejemplo, al control, la represión o la infiltración de partidos u organizaciones que proclaman abiertamente su intención de fragmentar dicho Estado, Estado cuya integridad está garantizada por la Constitución, la presencia de quienes representan a esos partidos u organizaciones pone en peligro la labor de detección y contrainsurgencia.
Y lo que vale para el frente interno también se aplica al externo: por eso todos los países toman las mayores precauciones para evitar la presencia, en organismos de seguridad, de partidos vinculados a potencias extranjeras, como sucedía, y aún puede suceder, en los casos de los partidos comunistas, antes en relación con la URSS y hoy con China, Cuba, Corea del Norte u otros Estados totalitarios. Con un añadido: la brecha por donde se cuelan en la Comisión de Secretos Oficiales los enemigos de la sociedad abierta es la que permite la presencia en ella del Partido Comunista, columna vertebral de Izquierda Unida, Izquierda Abierta o como se llame en el futuro.
El Partido Comunista, cualesquiera sean sus seudónimos, aspira a convertirse en el centro aglutinador del movimiento antisistema, y ello le abre vasos comunicantes con Amaiur, ERC, las ramificaciones del 15-M y todos los grupúsculos adiestrados para participar en las grandes algaradas callejeras con que amenaza Cayo Lara. Su presencia en la Comisión de Secretos Oficiales reduce sensiblemente la cuota de seguridad, como la reduce su presencia en la Comisión de Asuntos Exteriores, dada su afinidad con dictaduras como la cubana o con regímenes autoritarios como el venezolano.
Por supuesto, pedir que se excluya de las sesiones a puerta cerrada a los partidos secesionistas o antisistema no implica solicitar su proscripción, ni mucho menos, aunque en el caso de Amaiur será la justicia la que deberá dictaminar hasta qué punto forma parte del entramado criminal de ETA, lo que podría colocarla automáticamente al margen de la ley. De lo que se trata, en los restantes casos, es de distribuir los roles con normalidad: quienes se declaran partidarios de balcanizar España por vía pacífica, o de implantar otro tipo de sociedad, también por vía pacífica, disfrutarán de la libertad que es inherente a las sociedades democráticas, pero deberán renunciar, por coherencia con sus propios proyectos, a todo simulacro de participación en la comisión encargada de proteger lo que ellos ambicionan destruir.
El consabido victimismo
Lógicamente, el veto del PP a ERC y a Amaiur despertó críticas que se encubrieron bajo el manto de la tolerancia y el respeto a los derechos democráticos. El primero en reaccionar fue el diputado excluido, el secesionista radical Albert Bosch, quien, según el corresponsal de La Vanguardia (24/2), dejó "brotar sus capacidades para la sobreactuación" y vociferó desde la tribuna:
Hoy se ha producido aquí un golpe contra el funcionamiento democrático parlamentario, un golpe que tengo que denunciar, que me hace sentir con el deber de mantenerme firme y que me impulsa a marcharme lo antes posible de un territorio que ustedes están pudriendo.
Sólo a un saboteador empedernido se le podría ocurrir la peregrina idea de incorporar a este energúmeno a un organismo de protección de las instituciones, cuando es de él y de sus camaradas de quienes hay que protegerlas. Sin embargo, los columnistas enrolados en la consolidación del frente secesionista no desperdiciaron esta oportunidad para apelar al consabido victimismo. Francesc-Marc Álvaro desahoga su inquina (La Vanguardia, 27/2):
El problema, según parece, es que ERC defiende la independencia de Catalunya y eso convierte a sus cargos en elementos sospechosos por defecto. El contrasentido es monumental: los republicanos se pueden presentar perfectamente a las elecciones de acuerdo con las leyes del Estado español (sic), pero, de facto, se les aplica un tratamiento discriminatorio que tiene un efecto devastador en la credibilidad del sistema democrático: lo convierte en un artefacto arbitrario que abjura del pluralismo y revienta por dentro las reglas del juego.
Precisamente el hecho de que los secesionistas, entre los que, no lo olvidemos, se cuenta CiU, puedan presentarse a las elecciones de acuerdo con las leyes de España (denominación no contaminante, aunque Álvaro, movido por sus fobias ancestrales, se refiera al "Estado español") confirma la credibilidad del sistema democrático, y lo que reventaría por dentro las reglas del juego sería que ERC pudiera introducirse en la Comisión de Secretos Oficiales para averiguar cómo funcionan los mecanismos que garantizan la integridad de España, integridad de un territorio que a juicio del portavoz de ERC se está pudriendo.
Igualmente, sería razonable que un partido político que incluye en su programa la legalización de las drogas participe en las elecciones y, si obtiene los votos suficientes, envíe diputados al Congreso, pero no lo sería que esos diputados ingresen en la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico. Y, repito, me queda la duda: ¿podrán ceñirse a las condiciones de disciplina propias de la Comisión de Secretos Oficiales partidos que, como CiU, el PNV y el Partido Comunista, apuestan por la ruptura, desde una u otra perspectiva, del marco constitucional?
Libertad limitada
Durante la Guerra Fría fueron las naciones democráticas las que tuvieron que redoblar la vigilancia para que sus instituciones más respetadas no sirvieran de base a quienes se proponían dinamitarlas desde dentro. Leszek Kolakowski, experto en desmontar las falacias que los totalitarios esgrimen para ampararse bajo el manto de una tolerancia que, cuando ejercen el poder, desprecian olímpicamente, lo explicó con precisión didáctica en La Vanguardia (17/8/2001):
No se debe confundir la tolerancia con la indiferencia. No hay que considerar intolerante aquella actitud que de forma no agresiva persista en sus creencias. Pero los movimientos y personas que traten de destruir la libertad no deben ser tolerados ni protegidos por la ley, porque la clase de intolerancia que los priva de dicha protección hace que la tolerancia corra menos peligro.
John Stuart Mill, nada sospechoso de complicidades con nuestros totalitarismos represores, tanto por razones ideológicas como por razones cronológicas, fue igualmente explícito (Sobre la libertad, Sarpe, 1984):
Nadie pretende que las acciones sean tan libres como las opiniones. Por el contrario, hasta las opiniones pierden su inmunidad cuando las circunstancias en las cuales son expresadas hacen de esta expresión una instigación positiva a alguna acción perjudicial (...) Acciones de cualquier especie que sean, que sin causa justificada perjudiquen a otro, pueden, y en los casos más importantes deben, absolutamente ser fiscalizadas por la desaprobación, y cuando sea necesario, por la activa intervención del género humano. La libertad del individuo debe ser así limitada; no debe convertirse en un perjuicio para los demás.
En su muy documentado libro El fin de la inocencia (Tusquets, 1996), donde describe las actividades de Willi Münzenberg, el famoso reclutador de espías e intelectuales vulnerables a las tentaciones del comunismo, Stephen Koch enumera las posiciones de privilegio a las que ascendieron los espías del grupo de Cambridge, y fantasea acerca de los cargos relevantes que podrían haber llegado a ocupar si no los hubieran descubierto a tiempo.
No tiene nada de irreal imaginar la era Kennedy con un no descubierto Donald Maclean, agente soviético, desempeñándose como embajador británico en Estados Unidos; a Kim Philby, agente soviético, dirigiendo el contraespionaje británico, o quizá como C, dirigiendo toda la inteligencia británica; a Guy Burgess, agente soviético, en el alto mando de la BBC; y a Anthony Blunt, agente soviético, convertido en confidente de los personajes más encumbrados de la vida política británica, desde los Rothschilds hasta la Casa Real.
Infiltración y espionaje
Estados Unidos también fue víctima de la infiltración de los enemigos de las instituciones democráticas en las más elevadas esferas del poder. Es cierto que la lucha contra estas actividades degeneró en los abusos y las injusticias del maccarthysmo, pero no es menos cierto que el caso más famoso de infiltración y espionaje fue descubierto, juzgado legalmente y castigado antes de que el senador Joe McCarthy apareciera en la escena pública.
El veterano militante comunista Whittaker Chambers abandonó el Partido indignado por el pacto Ribbentrop-Molotov, y después de sufrir muchos conflictos de conciencia denunció, en 1948, al comenzar la Guerra Fría, a algunos antiguos camaradas que ocupaban cargos de gran responsabilidad en el Gobierno federal, y que se desempeñaban como agentes soviéticos encubiertos. Uno de ellos era Alger Hiss, cuyo nombre quedó asociado a un escándalo de enorme magnitud.
Hiss había sido asesor político de la División del Extremo Oriente del Departamento de Estado desde 1939 hasta 1944, había colaborado en la conferencia de Dumbarton Oaks que sentó las bases de la ONU y había organizado la primera reunión de la ONU en San Francisco. Más grave aún, había acompañado al presidente Roosevelt a la conferencia de Yalta en calidad de asesor. Hiss fue juzgado y, por un vacío legal, sólo fue condenado a cinco años de prisión por perjurio. Salió en libertad a los tres años y medio.
Sería el colmo de la ingenuidad pensar que, vistos estos antecedentes de infiltración en países como Gran Bretaña y Estados Unidos, que tienen siglos de experiencia en sus servicios de seguridad, y que continúan perfeccionándolos hasta límites insospechados de sofisticación, España podrá convertir su Comisión de Secretos Oficiales en un reducto hermético. Pero esto no justifica abrir sus puertas a quienes hasta ayer nomás empuñaban las armas contra sus conciudadanos españoles, o a quienes ni siquiera reconocen la existencia de la nación en cuyo Congreso ocupan escaños y cobran dietas.