Los líderes políticos ganan popularidad entre los grupos receptores de nuevos privilegios, mientras que todos los demás pagamos por esos privilegios con más impuestos o con más inflación, o con una combinación de ambos males. La caída del poder adquisitivo de las monedas es la vía escogida por muchos políticos porque los votantes no suelen culparlos de eso y porque parte del costo se traslada a la próxima generación. Como nos explicó brillantemente Milton Friedman, la inflación es un impuesto escondido.
Un aspecto grave del problema es que, en la medida en que aumenta la burocracia, menos conexión existe entre los ciudadanos y los gobernantes. Esto tiende a perjudicar a la mayoría, pero favorece a ciertos y determinados grupos, que pagan por los servicios de los cabilderos, encargados de influir tanto las decisiones burocráticas como la redacción de nuevos reglamentos y leyes que se discuten en los concejos municipales, las legislaturas estatales y el congreso nacional.
Cuanto más se multiplican las leyes, las ordenanzas, las licencias, los reglamentos y los permisos, más expuesto queda el ciudadano, porque resulta imposible conocer y llegar a comprender toda esa maraña de disposiciones legales que coartan la libertad individual.
El lamentable resultado es que los dueños y gerentes de las grandes empresas pronto se dan cuenta de que les resulta más provechoso ganarse la buena voluntad del burócrata, del alcalde o del congresista de turno que complacer al consumidor. Entonces, esos estrechos lazos de amistad con los poderosos suelen reducir la competencia en el mercado y desalentar la aparición de nuevas empresas en determinados ramos, donde impera la pesada mano del burócrata.
Claro que los políticos esgrimen múltiples excusas y se sirven de numerosos tapujos para que la gente no se dé cuenta de lo que realmente está pasando. La protección arancelaria de ciertas industrias se presenta como un beneficio para toda la nación, cuando lo que logra es una desacertada utilización de las inversiones y la mano de obra en sectores que sobreviven por el precio más alto que los consumidores se ven obligados a pagar por sus productos y servicios.
En ese ambiente, la competencia no ocurre entre productores o proveedores de servicios similares, sino entre distintas burocracias. Un ejemplo de ese conflicto lo encontramos, por ejemplo, en el enfrentamiento entre las instituciones públicas dedicadas a proteger los bosques y el medioambiente y aquéllas cuya función es promover el desarrollo energético.
Albert V. Dicey, el primer profesor de Derecho de la London School of Economics, mantenía hace 100 años: "Los efectos beneficiosos de la intervención estatal (...) son directos, inmediatos y podríamos decir que visibles, mientras que sus efectos perversos son graduales e indirectos, y no alcanzamos a verlos".
Lamentablemente, muchos de nuestros legisladores se han convertido progresiva y gradualmente en obispos de una extraña religión que a cada rato añade nuevos pecados a su lista de prohibiciones.
© AIPE
CARLOS BALL, director de la agencia AIPE.
Un aspecto grave del problema es que, en la medida en que aumenta la burocracia, menos conexión existe entre los ciudadanos y los gobernantes. Esto tiende a perjudicar a la mayoría, pero favorece a ciertos y determinados grupos, que pagan por los servicios de los cabilderos, encargados de influir tanto las decisiones burocráticas como la redacción de nuevos reglamentos y leyes que se discuten en los concejos municipales, las legislaturas estatales y el congreso nacional.
Cuanto más se multiplican las leyes, las ordenanzas, las licencias, los reglamentos y los permisos, más expuesto queda el ciudadano, porque resulta imposible conocer y llegar a comprender toda esa maraña de disposiciones legales que coartan la libertad individual.
El lamentable resultado es que los dueños y gerentes de las grandes empresas pronto se dan cuenta de que les resulta más provechoso ganarse la buena voluntad del burócrata, del alcalde o del congresista de turno que complacer al consumidor. Entonces, esos estrechos lazos de amistad con los poderosos suelen reducir la competencia en el mercado y desalentar la aparición de nuevas empresas en determinados ramos, donde impera la pesada mano del burócrata.Claro que los políticos esgrimen múltiples excusas y se sirven de numerosos tapujos para que la gente no se dé cuenta de lo que realmente está pasando. La protección arancelaria de ciertas industrias se presenta como un beneficio para toda la nación, cuando lo que logra es una desacertada utilización de las inversiones y la mano de obra en sectores que sobreviven por el precio más alto que los consumidores se ven obligados a pagar por sus productos y servicios.
En ese ambiente, la competencia no ocurre entre productores o proveedores de servicios similares, sino entre distintas burocracias. Un ejemplo de ese conflicto lo encontramos, por ejemplo, en el enfrentamiento entre las instituciones públicas dedicadas a proteger los bosques y el medioambiente y aquéllas cuya función es promover el desarrollo energético.
Albert V. Dicey, el primer profesor de Derecho de la London School of Economics, mantenía hace 100 años: "Los efectos beneficiosos de la intervención estatal (...) son directos, inmediatos y podríamos decir que visibles, mientras que sus efectos perversos son graduales e indirectos, y no alcanzamos a verlos".
Lamentablemente, muchos de nuestros legisladores se han convertido progresiva y gradualmente en obispos de una extraña religión que a cada rato añade nuevos pecados a su lista de prohibiciones.
© AIPE
CARLOS BALL, director de la agencia AIPE.