En la historia del pensamiento económico son muy tempranas las aportaciones de autores centradas en destacar la importancia que para la economía de mercado tiene el marco jurídico en el que esta se asienta. Los economistas clásicos fueron especialmente incisivos a la hora de desarrollar esta cuestión y en considerar que unas leyes e instituciones eficientes constituyen un pilar básico para el progreso de las naciones. La obra recientemente publicada de los catedráticos de Economía Francisco Cabrillo y Santos Pastor, “Reforma judicial y economía de mercado”, no se limita, sin embargo, a abordar la relevancia que para el mundo mercantil tiene el sistema judicial, sino que recurre a los propios criterios económicos para juzgar la eficiencia de la legislación y de la administración de justicia. Esta visión, acorde al más moderno análisis económico del Derecho y de la Organización industrial, puede extrañar a priori a quienes están acostumbrados a abordar la cuestión de la justicia con un tratamiento de carácter meramente jurídico formal.
Encerrados en la dogmática jurídica, el prisma de la eficiencia puede incluso provocarles rechazo. La existencia de objetivos unida a la limitación de recursos no es, sin embargo, una circunstancia exclusiva del intercambio mercantil, sino que está presente insoslayablemente en toda acción humana, incluida la de impartir justicia. Hay una manía, tan funesta como tozuda, de presentar necesariamente a la eficiencia como írrita a la justicia que, de ser cierta, consagraría una absurda incompatibilidad de valores morales. Siendo la ineficiencia generadora de dilaciones, la conocida máxima de que “una justicia lenta no es justa” es sólo una manifestación de que ambos valores son consustanciales.
La dilación, por cierto, no cubre el catálogo de problemas que acucian a la justicia en España, como Cabrillo y Pastor claramente demuestran en su obra. Aunque en este campo es especialmente revelador el inadecuado marco de incentivos para los empleados públicos y para las organizaciones judiciales, también lo es la deficiente formación económica y la actitud, muchas veces reacia al mercado, que muchos jueces muestran es sus sentencias. Desconocedores del funcionamiento del mercado, la mayoría son incapaces de prever los efectos perversos, muchos de ellos opuestos a sus intenciones, que sus decisiones pueden generar en el futuro; una crítica en la que los autores de este ensayo incluyen a la misma legislación en áreas tan importantes como la justicia laboral o la contencioso administrativa.
Como se puede deducir de su espléndida radiografía de los problemas del sistema judicial, Cabrillo y Pastor no se contentan con la recurrente y criticable vía de intentar solucionarlos echándoles dinero encima. Señalan toda una vía de reforma que, si bien no es incompatible con una mayor dotación de recursos públicos, no se basan en ella. Así, destacan la importancia de fomentar la mediación, el arbitraje y la conciliación, indicando que el Estado no ha de intervenir necesariamente en cualquier litigio. Indican la forma de modificar la estructura del proceso que permita la modernización del sistema, como elevar su productividad o como desanimar la litigiosidad.
Aunque el ensayo es relativamente breve, aborda en profundidad el objeto de su estudio y, dada su gran claridad, es completamente asequible para un gran público que, aunque no sea profesional del Derecho o de la Economía, haya tenido que vérselas con el sistema judicial. No es de extrañar que esta obra haya sido premiada con el VII Premio del Círculo de Empresarios. Es más, hubiera sido una magnífica guía para el reciente Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, acaecido después de su redacción. Ya que no se han evitado los errores del proyecto político, esperemos que la lectura de este libro alivie su puesta en práctica y sugiera nuevas reformas. Sería una barata y rentable inversión en justicia.
Francisco Cabrillo y Santos Pastor, "Reforma judicial y economía de mercado". Ed. Circulo de Empresarios, Julio 2001.