Puñetazos sobre la mesa contra los excesos de Bush

Creíamos que era problema de la edición digital, que la edición impresa era menos burda, pero, al día siguiente, el corresponsal en Nueva York titula la noticia así: "La ley antiterrorista de Bush sufre un duro revés en el Congreso de EEUU".

 

Utilicen voz engolada para leer el despacho, por favor: "La sombra del Gran Hermano orwelliano que planeaba sobre los hábitos lectores de los estadounidenses se disipa. La Cámara de Representantes ha dado esta madrugada un puñetazo sobre la mesa contra los excesos de la política antiterrorista de Bush".

 

Ya saben, EEUU es un país donde el jefe del Poder Ejecutivo legisla. Ocasionalmente, no sabemos cómo, las cámaras legislativas paran sus "excesos". Bueno, sí sabemos cómo: dando un puñetazo en la mesa. Creemos que esta redacción es problema de buena intención, algo de inexperiencia y homogeneidad ideológica de los redactores, que no tienen un Pepito Grillo que les pare las barbaridades más señaladas. Prosigue el diario de referencia (en la noticia, no el despacho): "[La Cámara] ha bloqueado el presupuesto destinado a permitir a la policía y el FBI revisar los registros de bibliotecas y tiendas de libros en su búsqueda de supuestos terroristas". En realidad, las cosas no son así.

 

No es "la ley (...) de Bush", sino del Parlamento. Comprendemos que muchos sistemas democráticos confunden Poder Ejecutivo y Legislativo, pero no es el caso, al menos hasta ahora, en EEUU. Fue una ley aprobada con alto grado de aceptación en ambas cámaras: en la Cámara de Representantes, 357 a favor, 66 en contra, 1 no votó; en el Senado de EEUU, 98 a favor, 1 en contra, 1 no votó.

 

El Poder Ejecutivo, bajo estrecha vigilancia del pueblo, muy raramente se ve implicado en excesos, para los cuales el sistema ya tiene previstos otros dos poderes, los tribunales y el Congreso, con idea de que se controlen todos ellos entre sí. ¿Será que esto tan anticuado de la separación de poderes no se explica en los cursos de periodismo? O sí, pero con este nivel LOGSE cualquier cosa es esperable. No exageramos, el día de ese despacho el mismo corresponsal publicó en un artículo que "el dato está dentro de las espectativas", cuando debería ser "expectativas". ¿Dónde están los supervisores?

 

 

A propósito de la frase ésta de "la policía y el FBI", no acertamos a entender cómo un corresponsal en EEUU, joven, dinámico, posiblemente New Age, ha podido escribir tal cosa: qué quiere decir "la policía" en un país con un sistema federal tan puro, donde la abrumadora mayoría de la policía es local. Si acaso, se quiso decir que no puede haber ningún dinero federal empleado en que las diversas policías, en plural, en cada estado (donde además de policía municipal hay policía estatal), hagan el uso que se pretende prohibir.

 

Como ya se imaginan, tampoco hay un presupuesto destinado a que "la policía y el FBI revis[en] los registros de bibliotecas y [librerías]". Se ha hecho un proyecto de ley que, de ser aprobado, impedirá que ningún dinero de los fondos que utilizan los funcionarios policiales pueda ser empleado en tales revisiones, visitas, consultas de archivos, etcétera. Pero no, como se está dando a entender, no hay tal previsión de dinero en los presupuestos, al igual que no hay previsión de dinero para, pongamos por caso, la visita a los vecinos de la casa donde apareció un cadáver. Son dineros que están incluidos en la previsión de que va a haber que investigar hechos, visitando a los vecinos, visitando a los comerciantes de alrededor, etcétera.

 

Sólo es un matiz para los periodistas que han escrito esto, pero nosotros creemos que decenios de pequeñas deformaciones como ésta suponen un bagaje en el recuerdo del lector que carga las tintas en exceso contra la postura del Gobierno de EEUU. No estamos diciendo que esto sea a propósito, por supuesto que no. Sólo decimos que es demasiada simplificación y alteración de la letra de la legislación y de la intención del legislador.

 

 

A estas alturas, casi cuatro años después, no se sabe de ningún caso en que a un librero o bibliotecario se le haya entregado una orden de registro de sus datos. El editorial de El País del pasado 17 de junio lo reconoce en esta frase: "La sección de la ley rebatida ayer, a través de un procedimiento presupuestario, no ha sido utilizada nunca". El corresponsal, más radicalizado que los editorialistas, lo pone en duda: "El Departamento de Justicia asegura que los investigadores federales nunca utilizaron este marco legal para obtener registros de las bibliotecas y librerías", como si fuese la versión del Departamento y no la realidad.

 

Esto no quiere decir que no tenga razón la Cámara de Representantes y que sea bueno limitar aún más esta posibilidad, de forma que no pueda haber riesgo de abusos, que es lo que preocupa a los histéricos del Partido Demócrata y a los cobardes en el republicano. Pero lo cierto es que en estos años no se le ha ocurrido a nadie pedir tal cosa al juzgado FISA, que es el que se ocupa de esto.

 

Ah, ¿no se lo habían dicho? No es que "la policía" vaya por ahí amenazando a los bibliotecarios para que les den las fichas de los libros leídos, es que un tribunal debe autorizar la orden de entrega de los registros, sean en papel, disquete, etcétera. Esto es novedoso para ustedes, ¿verdad? También para los corresponsales que escriben tales cosas, por lo que parece.

 

Éstos creen que la ley "permite a los investigadores federales revisar los registros de las bibliotecas y librerías en busca de terroristas, sin contar con la autorización judicial previa" [énfasis nuestro]. ¿Pero dónde está la supervisión de lo que se publica? En realidad, el texto de la ley dice así, respecto a las peticiones de órdenes de registro:

 

 

 

Bueno, nos dirán, aquí un juez de instrucción se concede a sí mismo, digamos, órdenes de registro urgentes, que en la práctica no se pueden apelar. Esto no tiene nada que ver, sus magistrados investigadores son una especie de fiscales con un plus de autoridad (lo que dice bastante de un sistema habitual en Europa continental, que haga falta una mezcla de juez y fiscal para hacer el trabajo que debería hacer el fiscal. Pero divagamos...)

 

Los jueces a los que se piden órdenes de registro en los sistemas derivados del modelo inglés no tienen que ver con la investigación, no la dirigen ellos, sino que supervisan, con el escepticismo necesario, las peticiones concretas que se les formulan, y no tienen por qué recibir todas las peticiones del caso, sino que, según el momento y el lugar, se puede pedir órdenes de registro a diversos jueces (aunque, en la práctica, como los juzgados federales son pocos en comparación con los de los estados y el tamaño de los distritos es muy grande, muchas peticiones de un solo caso le caen al mismo juez).

 

 

No tiene desperdicio esta frase, ya casi al final del artículo: "Los activistas en el campo de los derechos civiles recuerdan los casos de ciudadanos inocentes que han sido investigados en secreto por el FBI".

 

¿No es raro esto? ¿Por qué tiene la policía de Sevilla o Zaragoza, por poner dos ejemplos, que avisar a sospechosos de ser insurgentes de ETA de que se les está investigando? Lo normal es que, si avisan a alguien como los recientemente detenidos en Santa Coloma, se den a la fuga. Creemos que la homogeneidad ideológica de las personas que rodean a los corresponsales y redactores hace mucho para facilitar que comentarios como estos se "cuelen" en estos artículos.

 

Por último, unas matizaciones sin importancia:

 

– Respecto a la Patriot Act (Ley Patriota): "Patriot" (que es un sustantivo) es, en realidad, PATRIOT, un acrónimo con el que se hace un juego de palabras. PATRIOT es "Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism" (Proporcionando las herramientas adecuadas para interceptar y obstruir el terrorismo). Pero en ningún caso se está implicando que apoyar esta ley sea la única forma de ser patriota, como creemos que se implica con esta traducción habitual. Y, por supuesto, no se debería traducir como ley patriota o patriótica, sino como ley de herramientas de lucha contra el terrorismo, por poner un ejemplo.

 

– Les rogamos que relean la frase que nombra los libros y noten que habla de otras cosas. Nunca fue el propósito de la legislación registrar bibliotecas o librerías, como creemos que el corresponsal implica con "al tumbar el poder de los agentes federales para acceder con libertad a los registros de las bibliotecas y de ventas en las librerías" [énfasis nuestro].

 

– La legislación antiterrorista tiene un plus de exigencia para los ciudadanos de EEUU y los residentes legales, porque está pensada para el terrorismo internacional y enfocada a visitantes de corta duración, personal diplomático sospechoso, inmigrantes ilegales o casos similares. Por supuesto, se puede llegar a aplicar a ciudadanos o residentes legales, sólo faltaría dejar tal agujero en la ley.

 

– Como suele suceder, el lenguaje empleado, creemos, muestra claro sesgo. ¿Exageramos? En la noticia comentada al principio, por ejemplo, se utilizan términos tan enfáticos como "sufre un duro revés", "retó (...) a la Casa Blanca", "al tumbar la provisión", "la ley (...) de Bush", "las ampollas que este paquete ha levantado", "importante espaldarazo", "contra el intrusismo y los excesos" y "al tumbar el poder" (dos veces tumbar en un solo artículo).

 

Cuando vimos el artículo y el despacho de agencia que hemos comentado, enviamos una carta a la redacción donde decíamos: "Les queremos recordar que, para el día que tengan alguna duda acerca de la información que les dan los oponentes de la Administración Bush, pueden Vds contactar con nosotros para cualquier aclaración […]". ¿Creen ustedes que lo harán?