El año pasado el presidente del Consejo General del Poder Judicial dijo en el Senado que la imagen de la justicia no coincidía con la realidad, pues ésta era mucho más satisfactoria que la anterior. Y fue en la última apertura de tribunales -13 de septiembre de 1999- cuando el propio señor Delgado afirmó que la justicia española padecía pequeñas dolencias, algo así como simples resfriados. Ya entonces estuve en desacuerdo con semejantes diagnósticos, y sigo estándolo. Creo no exagerar si digo que nuestra justicia está algo más que acatarrada; está enferma, muy enferma, y qué mejor prueba de lo que afirmo que el hecho de que la semana pasada el Consejo General del Poder Judicial anunciase un recetario de 120 medidas, lo cual no se dispensa ni a un paciente desahuciado. Y todavía más recientemente, los medios de comunicación nos informan de que el nuevo equipo del Ministerio de Justicia tiene preparado un plan de choque encaminado a lograr una justicia ágil y eficaz.
Las dolencias de la justicia
Es cierto que hace tiempo, quizá demasiado tiempo, que la fe de los ciudadanos en la justicia es nula y cualquier barómetro de opinión lo demuestra. Por ejemplo, resulta que al final de año una encuesta del CIS señalaba que la Justicia es la institución menos valorada y que el 93% de los ciudadanos no cree que todos somos iguales ante los tribunales. Está claro, pues, que las conclusiones son muy severas y, encima, los reproches siempre son los mismos: la justicia es muy desigual, tanto que se asemeja a un juego de azar; la justicia, a fuerza de cara, es inaccesible; la justicia es complicada y rancia; la justicia es intimidante; la justicia es lenta hasta el borde del agotamiento; la justicia, en definitiva, no es tal justicia. Incluso, recientemente, ha vuelto la moda de los dichos de nuestro refranero alusivos a la adustez de la figura del juez y a lo arriesgado de cualquier contacto con la justicia. Como muestras, ahí están la maldición bíblica de "no juzguéis y no seréis juzgados" o el dicho de "justicia sí, pero en mi casa no".
Sé bien que en justicia, como en otras muchas cosas, no hay soluciones mágicas ni tampoco remedios que mil años duren. Pero sí me atrevo a afirmar que a la justicia le corresponde algo tan sencillo como encauzar las necesidades del prójimo y que, pese a conocer sus propias limitaciones, hay una serie de reglas y principios -no más de una docena- con los que, sin duda, se podrían paliar sus principales deficiencias. El ciudadano lo que quiere de la justicia es igualdad, eficacia, seguridad, tutela y amparo, cosas que, de momento, no tiene. Como oficiante de la justicia, así, a bote pronto, sin pretensiones de exhaustividad, preconizo una serie de modestas y sencillas recomendaciones.
Defensa de la oposición
Para empezar, declaro mis preferencias por la oposición como sistema de reclutamiento de los jueces y no acabo de entender por qué algunos lo rechazan para ingresar en la carrera judicial y, sin embargo, lo admiten respecto a otros cuerpos de prestigio como los notarios, los abogados del Estado, los registradores o los diplomáticos. Admito que el método de la oposición sea mejorable, pues hay casos en que resulta incompleta, arbitraria e injusta, pero, desde luego, discrepo de quienes reniegan de las oposiciones como coartada para acceder a los cargos públicos mediante caminos facilones o con currículos cebados con favores amicales o políticos.
Lo que sí creo es que todo recién nacido al mundo de la oposición debe ser guiado por un buen preparador. Que yo sepa, nadie se ha ocupado de regular -menos aún controlar- la preparación de los aspirantes a jueces, y seguro que ni se sabe cuántos preparadores hay, quiénes son, a qué horas del día preparan o qué emolumentos perciben. Propongo que la Escuela Judicial se encargue del asunto, que tenga sus cuadros de preparadores según territorios o provincias y que se subvencione a los que tienen vocación auténtica por la función judicial.
¿Cómo debe ser un juez?
El siguiente paso sería preguntar ¿qué es, o debe ser, un juez? ¿Una persona íntegra que actúa en conciencia, aplica la ley y sólo tiene el Derecho como meta?
Pese a los años, confieso que a estas alturas de mi vida no estoy del todo convencido de cuáles son las exactas cualidades que debe reunir un juez. Por eso me quedo con las virtudes que en el Templo de las leyes enuncia el filósofo valenciano Juan Luis Vives, amigo de Tomás Moro y precursor de Montaigne, cuando dice que "los jueces han de ser personajes graves, intachables, incorruptos, severos, no impresionables por la lisonja, austeros, templados, prudentes, que ni el favor doblará ni intimidará ningún temor humano. No dejarán influirse ni del odio, ni de la amistad ni del enojo, ni de la sensiblería; no padecerán de dineritis ni consentirán que se les ataque con lanzas de plata". También con las recomendaciones de un magnífico conocedor de la justicia americana -Max Lerner-, que opina que un gran juez es aquel que tiene mentalidad flexible, una compasión por los menesterosos, un rechazo a ser intimidado por el poder, una capacidad para vivir con las contradicciones de la vida y una gran aptitud para separar lo permanente de lo transitorio.
El profesor y sociólogo Amando de Miguel no hace mucho comentaba que algo tiene que haber ocurrido en España para que la judicatura, que en 1975 era la profesión más prestigiada, en 1999 arrastre -con la política- la tasa más alta de desprestigio. Es cierto y me parece que circunstancias muy adversas se han confabulado para contribuir a ese descrédito. Y no digamos de los enemigos de la justicia, sobre todo los naturales, o sea, los poderosos y quienes se creen que forman una raza aparte. No tengo dudas de que lo más grave de la judicatura española es el amansamiento de algunos jueces, su vocación por la sumisión, su inercia a la obediencia, algo totalmente incompatible con la función de juzgar.
Yo no soy nadie para dar consejos a nadie, y a estas alturas prefiero que la gente se equivoque por su cuenta, pero lo que sí digo es que uno de los puntos más frágiles de nuestra justicia o, si se quiere, la razón de mayor peso para que la gente recele de ella, es el de la independencia judicial, valor que, en términos legales, en España no necesitaría ninguna clase de reivindicación, pues nuestra Constitución lo garantiza plenamente. Ahora bien, el muy digno oficio de juez obliga a trabajar mucho, hacerlo con la ley y fina inteligencia y siempre, por difícil que a veces resulte, con plena libertad, sin que nada ni nadie hipoteque la cabeza o el estómago. En Nietzsche puede leerse que sólo después de instituida la ley se puede hablar de justicia o injusticia. La justicia no siempre se hace con la ley, eso es bien cierto, pero para aproximarnos a ella y procurar dar a cada uno lo suyo, la ley es imprescindible, aunque también es verdad que esa herramienta unas veces se maneja con ineptitud, otras simplemente se manosea y en algunas ocasiones se pone al servicio del que manda o tiene la sartén por el mango.
La desesperante lentitud judicial
Otro motivo de peso por el que la gente recela de la justicia son sus ritmos desesperantes. La maquinaria judicial se mueve a velocidad de tortuga e incluso hay casos en los que la justicia se estira mucho más allá de la memoria de quienes sufren las secuelas de su tardanza. Vaya por delante que estoy en contra de una administración de justicia regida por la obsesión de "despachar papel", y que no va con mi manera de ser aquel empeño de Napoleón de que los tribunales franceses resolviesen pronto los pleitos, al margen de si lo hacían bien o mal. Creo que la justicia, además de eficaz, ha de ser eficiente, cosas que poco o nada tienen en común, pues la segunda es aquella justicia resultante de un trabajo fundado en derecho y el ansia de dar a cada uno lo suyo.
Que la oferta de justicia no se corresponde con la demanda es evidente, y son miles los asuntos pendientes de sentencia o de respuesta, lo que, habitualmente, se justifica argumentando la escasez de jueces y magistrados, la falta de medios o unos sueldos que, por bajos, desaniman al personal.
¿Ganan poco los jueces?
Respecto a las nóminas judiciales -ya es hora de dar números- estimo que 1.400.000 pesetas (980.000 netas) al mes -las que gana un magistrado del Tribunal Supremo con veinte años de servicios- es un gran sueldo, como digno lo es el de 580.000 pesetas limpias que percibe mensualmente un magistrado de la Audiencia Nacional con la misma antigüedad; sobre todo si se compara con otros funcionarios públicos. Por donde los sueldos judiciales pueden estar más bajos y sí merecerían una subida es por la categoría de juez, o sea, los jueces recién ingresados. Decir, como se ha dicho, que una subida de sueldo es necesaria para preservar la independencia judicial, es un despropósito mayúsculo que empaña cualquier legítimo derecho de mejora salarial.
Las palabras para decirlo
Resulta indiscutible que la informática es importante en la justicia, sobre todo para las comunicaciones entre órganos jurisdiccionales o notificaciones a las partes del proceso. Pero, con el debido respeto para sus fervientes partidarios y radicales defensores, entiendo que en este mundo de la informática judicial, como en tantas cosas, no debe perderse el término medio: ni permanecer alejados de las ventajas que nos regala el progreso, ni olvidar que antes de la información en página de cristal hay otra información y otras bibliotecas. Bien está correr por las líneas de Internet, mas tampoco está mal pasearse entre los renglones de un buen libro. No soy nada amigo de la cultura -incluida la jurídica- por peaje. Sé que esto de las autopistas de la información va muy rápido y que es imparable, pero considero que antes habría que llegar al tuétano y que no se debe olvidar que la justicia se hace con palabras, esa herramienta que tan mal se usa por no pocos jueces y magistrados.
Cada uno, a lo suyo
Está comprobado que los 3.900 jueces actuales no pueden atender a los más de 12 millones de ciudadanos que anualmente acuden a ellos y dejan encima de las mesas judiciales alrededor de 6 millones de asuntos, y que el colapso, cada año, es de 2 millones de esos casos. Para paliar esas bolsas de asuntos se ha ensayado casi todo; desde la creación de nuevas plazas judiciales -que es el recurso más fácil, con olvido de que un juez no debe improvisarse-, hasta el aumento de plantillas, habilitación de jueces sustitutos, ampliación del número de magistrados suplentes, pasando por los planes de urgencia. Los resultados, hasta ahora, prácticamente cero.
Ángel Ganivet, que tan bien intuía las crisis, nos advirtió hace ya muchos años que aun con la mejor compañía de cómicos la comedia podía salir fatal si los papeles no se distribuían adecuadamente. A mí me gustaría una justicia española en la que todos sus protagonistas representasen correctamente el papel que les corresponde y no otro, incluidos, naturalmente, los estelares. No descarto que mis palabras serán mal acogidas y hasta vapuleadas por los aludidos, pero sin temor a equivocarme digo que, si hay algo en lo que nunca se ha acertado es en una distribución racional de los puestos judiciales y, lo que es más grave, en que todos los jueces trabajen lo mismo. Creo que hay que analizar rendimientos -en cantidad y calidad- y me parece que en nuestra baraja judicial hay más de quinientos jueces capaces y dispuestos a poner al día muchos juzgados con atrasos insoportables. Es la figura que en el derecho anglosajón se conoce como juez itinerante, que aquí podríamos llamar "juez apagafuegos" y que con una simple prórroga de jurisdicción y sin vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por ley daría muy buenos frutos. Naturalmente, el trabajo suplementario de ese juez sería retribuido mediante el oportuno complemento, aunque, por mi parte, por eso de la vocación y desinterés crematístico, elegiría a los voluntarios sin ánimo de lucro.
Los jueces de instrucción
Tengo mis reservas respecto al proyecto de ampliar la edad de jubilación a los 72 años para los magistrados en activo y a los 75 para los magistrados suplentes, como fórmula de paliar el déficit de jueces. Claro que hay magistrados septuagenarios que por su preparación y buen estado físico podrían seguir prestando grandes servicios a la justicia. Pero, aparte de que la medida beneficiaría a quienes no sólo no han hecho méritos para prorrogar su vida judicial sino que, en tiempos ya idos -aunque no olvidados-, rebajando la jubilación a los 65 años, propiciaron la eliminación de muchos de sus colegas por falta de sintonía democrática, existen a mi juicio otros procedimientos más razonables. Me refiero, por ejemplo, a suprimir, mediante la oportuna reforma legal, la figura de los jueces de instrucción -que son muchos- a los que dedicaría a lo que es su función: "decir el derecho". La instrucción, la investigación de los delitos, no es actividad jurisdiccional, sino que suministra a un tribunal los elementos sobre los que se pronunciará la sentencia. Por otra parte, el juez instructor, al adoptar medidas tan enérgicas como la prisión provisional, el embargo de bienes o la intervención de las comunicaciones, está poniendo en peligro su imparcialidad. Y de esto ¿quién tiene la culpa? No conozco todas las causas y concausas, pero lo que sí sé es que hace más de 120 años, Alonso Martínez, en su Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, temeroso aún de encomendar la instrucción de los pleitos penales al Ministerio Fiscal, decía que "tal vez algún día el legislador decidirá echarse en brazos de la lógica..."A la vista está que esa fecha todavía no ha llegado y no entiendo la razón de tanta demora, aunque mucho me temo que algo tiene que ver con algunos principios rectores del Ministerio Fiscal ,verbigracia, el de jerarquía.
El Fiscal General del Estado
Por cierto, hablando de fiscales, desde estas páginas ruego a las personas competentes en la materia que hagan lo posible por recuperar la dignidad del Ministerio Público. Procedimientos para ello no faltan, empezando por la fusión de las carreras judicial y fiscal, con posibilidades de que cada cierto tiempo los funcionarios de una y otra pudieran cambiar de escalafón y de sitio en estrados. Y respecto al eterno debate del nombramiento del Fiscal General del Estado, ya sé que la Constitución establece que su nombramiento corresponde al Gobierno, pero se me ocurre que tal vez una elección por los tres quintos del Congreso de los Diputados, con ratificación por el Senado, y por un período de cinco años fuera un mecanismo más idóneo para preservar la imparcialidad del designado, aunque también soy consciente de que ningún método puede asegurar un resultado prometedor.
Con estas breves reflexiones, no pretendo reprochar nada a lo que se ha hecho o dejado de hacer en los últimos años, pues me hago cargo de lo complicado que habrá resultado a muchos vivir en el coso de la justicia, templar y mandar.
La politización del Consejo General del Poder Judicial
Sin embargo, sí hay algo que quiero denunciar amargamente. Me refiero al trato recibido por algunos jueces que acudieron al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), quejándose de los feroces ataques de políticos y financieros con problemas judiciales -ayudados por periodistas a sueldo- y que todo lo que recibieron fue un lacónico acuse de recibo. Supongamos que hablo del magistrado Marino Barbero, instructor del "caso Filesa" y que tuvo que abandonar la judicatura harto, humillado y malherido, al revés que otros magistrados plañideros a quienes, con muy escaso fundamento, la mayoría de las veces se les ofreció de todo, y así salieron de hinchados. Pero, claro, vista la línea de actuación del CGPJ, quizá el error sea confiar en una institución paradójica y resbaladiza, a la que, por cierto, pertenecí. La última pirueta de rechazar para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo al magistrado Perfecto Andrés Ibáñez porque era molesto al PSOE, es elocuente y bien pudiera ser el botón de muestra de una andadura caracterizada por el estupor. Ningún empacho debe producir el decir que el CGPJ ha sido y sigue siendo un órgano columpiado en la política, lo cual ha contribuido, ciertamente, a que se desconfiara de él y, en consecuencia, a su desprestigio.
Respecto al sistema de nombramiento de los vocales del CGPJ, nunca me opuse al procedimiento de elección parlamentaria, pues no me pareció que ese dedo fuese más impuro que otros. Sin embargo, sí estoy de acuerdo con quienes sostienen que el sistema de cuotas es malo por principio, pues nada que provenga de la política es precisamente lo mejor, lo de mayor mérito o capacidad. Podría citar ejemplos de lo que digo. Unos están muertos. Otros, vivos y coleando, como un señor del que se cuenta que se le premió con un sillón de vocal porque antes él había premiado con una espectacular pensión de jubilación a dos guardias civiles, hoy condenados por secuestrar, torturar y matar.
Así, con estos precedentes y malos ejemplos, no es de extrañar que actualmente la tendencia sea la de retornar a la elección por la judicatura de 12 de los veinte vocales. Tengo mis reservas respecto a si sería verdaderamente democrático que 3.900 personas -el número aproximado de jueces escalafonados- controlasen el órgano de gobierno del tercer poder del Estado, pero lo que no dudo es que, en ningún caso, el cuerpo electoral de esa judicatura debe coincidir con el de las asociaciones judiciales. Al margen del prestigio y buena fe de algunos de sus miembros y dirigentes, esos colectivos, además de no representar a la carrera judicial en su conjunto -la mayoría de los jueces no están asociados-, olvidando el fin constitucional encomendado, llevan tiempo moviéndose sobre bases semejantes a las de un partido político o sindicato y hasta, en algún caso muy concreto, su portavoz es clónico del secretario general de un partido político, cuando no del presidente de un equipo de fútbol o asociación de vecinos.
En fin. Hace años vengo pregonando que el problema de la justicia se encuentra abocado a esta difícil disyuntiva: que sea noble y eficaz, para lo cual o nos ponemos todos de acuerdo o se va al garete sin remisión; o que siga como está, en cuyo caso lo que tendremos es una justicia pobre y estancada. Esto que digo me recuerda a don Miguel de Unamuno cuando en una carta dirigida al director de la revista puertorriqueña titulada "Los Quijotes", contestaba a la pregunta de cómo iba la Republica: "La República no va, se nos va". Pues bien, yo diría algo parecido de la justicia: la justicia no marcha. La justicia se nos marcha.