En la Comunidad de Madrid las estadísticas indican que es inmigrante un 17% de la población residente y un 25% de la población activa. Esto parece enorme, pero la llegada en masa no ha hecho sino empezar: si en los últimos cinco años se cree que han llegado a España más de tres millones de trabajadores inmigrantes, seguramente vendrán otros tantos en los cinco siguientes.
El atractivo de una economía en crecimiento, las obras públicas como las del tren de alta velocidad AV (ya no es AVE, pues le han quitado la E de España, no se vayan a ofender los nacionalistas), la demanda de servicios domésticos y asistenciales, las necesidades de nuestros hospitales suponen una incesante demanda de mano de obra. La oferta también responderá a esta llamada con entusiasmo: por mar, los subsaharianos (como se llama ahora a los negros de África); por aire, los iberoamericanos, peruanos, ecuatorianos, bolivianos; por tierra, los nuevos europeos: polacos, rumanos, búlgaros; y no olvidemos a los marroquíes, que siguen viniendo.
Desde el punto de vista puramente económico, la inmigración contribuye a nuestra prosperidad. La Caixa acaba de publicar los resultados de un cálculo estadístico de cuánto han añadido anualmente los inmigrantes al crecimiento del PIB por persona de los países europeos, de 1995 a 2005. Así como en el Reino Unido el resultado es levemente negativo, en Irlanda la contribución de los trabajadores inmigrantes se calcula en un 4,5% anual; y en España, en un 3,8% por término medio cada año de ese decenio. Lo más llamativo para nosotros es que nuestra economía habría decrecido en un 1,2% anual sin inmigrantes. Se trata de una interpolación basada en supuestos que algunos llamarán heroicos, pero esas cifras corresponden con lo que nos entra por los ojos: sin inmigrantes, la economía española no sería tan boyante como la vemos.
La prevención contra esos nuevos entrantes tiene dos elementos: el cultural y el asistencial. Cuando voy a Barcelona en los últimos tiempos noto reacciones casi histéricas ante el peligro que corre la "identidad" catalana por las invasiones foráneas. El presidente Pujol mostraba una preferencia casi perversa por los inmigrantes polacos y marroquíes porque, pensaba él, tendrían necesidad de aprender catalán: en cambio, a los latinos les bastaría su español nativo, lo que pondría en peligro la cultura catalana. Pensaría que los norteafricanos se pondrían a bailar la sardana delante de las mezquitas. La cultura catalana, por Dios, no corre ningún peligro. Incluso puede hacer daño tanta catalanidad, como nos hizo a los españoles el nacionalcatolicismo. La cuestión no es cultural ni idiomática. La verdadera cuestión es si el Estado de Bienestar favorece o dificulta que en el ánimo de los extranjeros prenda la democracia y la ciudadanía.
El aviso dramático nos lo han dado los jóvenes musulmanes franceses de la tercera generación. Francia se preciaba de su empeño en asimilar a los inmigrantes para hacer de ellos franceses de cuerpo entero, cualquiera fuese el color de su piel. El fracaso no nace del generoso impulso de hacer de todos los residentes ciudadanos iguales de la República, sino del efecto corruptor de un sistema social que combina una rígida reglamentación del mercado de trabajo con una generosa asistencia pública.
El mejor integrador de las personas de otra cultura es un puesto de trabajo; nada hay tan desmoralizador como la sopa boba. Lo argelinos de la banlieue han recibido educación gratuita, viven en casas subvencionadas, gozan de medicina subvencionada, reciben subsidios de paro, sólo quieren empleo protegido, aspiran a una pensión pública generosa. No es de extrañar que no se integren en la sociedad productiva.
El otro revulsivo es el que los nacionales se sienten desplazados de los servicios sociales, educativos, de salud por los recién llegados. En España crece el resentimiento de los padres que no encuentran sitio para sus hijos en los colegios, de los enfermos cuya espera se alarga porque familias enteras de inmigrantes copan la atención de médicos y hospitales, de los jubilados que temen que las contribuciones de los recién llegados sean insuficientes para mantener sus pensiones. Lo dijo Milton Friedman: el Estado de Bienestar no puede sobrevivir a la libre inmigración; habrá que reformarlo.
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