En pleno siglo XXI parecería absurdo pensar que ningún Gobierno en parte alguna se podría oponer a la liberalización del comercio, política que derramó el cuerno de la abundancia sobre miles de millones de personas. No es sólo que la ciencia económica haya demostrado su eficacia desde hace más de 200 años, sino que en las últimas dos décadas el libre comercio ha reducido la pobreza global a menos de la mitad y todos los economistas reconocen sus beneficios. No obstante, pocos gobiernos aprueban la liberalización del comercio agrícola.

La base de una sociedad civilizada consiste en el respeto a los contratos. En verdad, prácticamente todas las acciones están basadas en relaciones contractuales. Tomo el desayuno y hay contratos de compra-venta para que pueda disponer de lo que estoy comiendo o bebiendo; tomo un taxi o un colectivo y hay contratos de adhesión; llevo los hijos al colegio y hay contratos de enseñanza; alquilo una casa, compro el periódico, almuerzo en un restaurante, voy al trabajo, al teatro, adquiero un libro, etcétera: todo son contratos.

El 28 de diciembre acompañé a un familiar a realizar un trámite previo para poder pagar sus impuestos municipales. En cada zona, la Intendencia posee una dependencia donde se realizan tales gestiones. Se trata de una estructura supraburocrática a la que, con una mezcla de cinismo e ignorancia, los gobernantes denominan “descentralización” administrativa.

La semana pasada mantuve una discusión en mi bitácora* con el diputat del Partido Socialista de Cataluña (PSC) José Antonio Donaire en relación con el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) y el control político de los medios de comunicación.