Este brillante periodista y escritor peruano relata el inmenso daño causado por el nacionalismo económico que predominó en América Latina después de la Segunda Guerra, cuando hizo explosión el positivismo, "proceso… mediante el cual las autoridades centrales… aceleran el desarrollo a través de lo que hoy llamaríamos la ingeniería social".
El nacionalismo económico promovido por la CEPAL culpaba de la pobreza a injustos términos de intercambio –vendíamos materias primas baratas e importábamos productos terminados costosos– y su remedio era proteger la industria nacional con altos aranceles, cuotas de importación, controles de cambio y devaluación de la moneda.
Vargas Llosa se pregunta: "¿Qué incentivo podían tener para ser eficientes y usar nueva tecnología, unas compañías que operaban en mercados altamente protegidos?" Esa política favoreció sólo a ciertas elites empresariales latinoamericanas que pronto comprendieron que para triunfar era preciso no tanto complacer al consumidor sino a los ministros, políticos y funcionarios que toman las decisiones económicas importantes. Quizás por ello aún hoy vemos que grandes "capitalistas" latinoamericanos suelen defender políticas contrarias al libre mercado.
Pero los políticos pronto comenzaron a ponerle la mano a las llamadas industrias básicas y estratégicas, como el petróleo, la electricidad, los teléfonos, los minerales, la banca, la pesca, las líneas aéreas, etc. Para 1982, el gobierno mexicano tenía más de mil empresas, el argentino 350 y en Venezuela se había nacionalizado la industria petrolera, lo cual puso punto final a varias décadas de crecimiento y prosperidad. El deterioro de los servicios públicos no se dejó esperar y pronto habría que pagar sobornos si no se querían esperar dos o tres años para la instalación de un teléfono.
El costo de la ineficiencia de las empresas estatales sumado al costo de los monopolios y oligopolios privados, obtenidos por los buscadores de rentas a través de sus contactos políticos, arrasaron con la clase media e hizo a los pobres aún más dependientes de las dádivas gubernamentales. Recordemos que la justificación de tan infame política económica era que beneficiaba al pueblo, cuando la realidad fue todo lo contrario.
Lamentablemente, el BID, el Banco Mundial, el FMI y Washington, al promover y respaldar políticas equivocadas, lejos de ayudar a América Latina contribuían al subdesarrollo. Mientras la fuga de capitales de América Latina alcanzó 68 mil millones de dólares en los años 80, el FMI prestaba 54 mil millones de dólares al mundo subdesarrollado entre 1982 y 1989, con la condición que se aumentaran los impuestos.
El nacionalismo económico colapsó y el remedio aplicado fue el "neoliberalismo" (que prefiero llamar pseudoliberalismo) de los años 90, cuyo verdadero objetivo es descrito por el autor con la famosa frase de Lampedusa: "Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie". Evidentemente que las elites no querían perder poder ni rentas, por lo cual se aplicaron correcciones más de forma que de fondo. Las privatizaciones, por ejemplo, a menudo traspasaron monopolios públicos a manos privadas, en detrimento del consumidor y en desprestigio del capitalismo.
La tesis principal del libro es que la inversión, la producción y el crecimiento son manifestaciones del desarrollo, no sus causas. Las causas del desarrollo –como bien lo han demostrado economistas como Peter Bauer– son la libertad individual (que incluye desde luego la libertad de comprar y vender, importar o exportar, lo que queramos), el respeto a la propiedad privada, gobiernos limitados y el Estado de Derecho.
La libertad individual nunca ha existido en América Latina. Durante la colonia, casi un millón de leyes y normas fueron promulgadas y luego de la independencia como "el Estado representa los intereses del pueblo… no hace falta que todos los miembros de la sociedad… asuman la responsabilidad de sus propias vidas". Vargas Llosa culpa la tragedia latinoamericana en la opresión representada por el corporativismo y mercantilismo de Estado, el privilegio, la transferencia de riqueza y leyes politizadas. "En América Latina no hay un sistema de justicia. Lo que hay es un sistema político: los tribunales son sus instrumentos".
El atraso latinoamericano no resulta tan misterioso una vez que examinamos los hechos y detectamos las falsedades de la bulla constante de políticos y burócratas, tanto locales como multilaterales.
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Carlos Ball es director de la agencia AIPE y académico asociado del Cato Institute.