RECONVERSIONES Y DERECHOS DE PROPIEDAD
Pescando subvenciones
Por Francisco Capella
Imaginen a una empresa petrolera o minera solicitando al gobierno español o a la Unión Europea que negocien con Marruecos para que este país les permita extraer petróleo o minerales de su territorio, a cambio de unos cuantos miles de millones de pesetas de los contribuyentes. Si la ayuda les fuera denegada, podrían protestar por ser tratados de forma no equitativa, ya que los pescadores españoles sí han estado recibiendo estos subsidios durante mucho tiempo para poder pescar en los caladeros marroquíes. Y si las negociaciones con Marruecos no llegaran a bueno puerto, podrían reclamar ayudas por inactividad, igual que los marineros.
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Ahora que no ha sido posible un acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, los empresarios del sector pesquero en España deben plantearse reconvertir la flota, y naturalmente lo primero que hacen es lanzar las redes al mar del presupuesto para tratar de pescar alguna ayudita. Ponen como cebo la amenaza de pérdida de puestos de trabajo para ver si pica algún incauto. No han tenido suficiente con los años que han vivido a costa de los demás sin hacerse eficientes y competitivos (durante mucho tiempo sin hacer absolutamente nada al permanecer los barcos amarrados), ahora exigen que el Estado les ayude a reestructurarse, a buscar nuevas zonas de pesca pagadas con el dinero de todos y a seguir chupando del bote.
Decidir políticamente si merece o no la pena pagarle a Marruecos lo que pide es completamente arbitrario: el cálculo económico racional es imposible si no se respetan los derechos de propiedad. Sólo un empresario que arriesga su propio dinero puede decidir cuánto puede pagar por los factores de producción en función de los ingresos esperados en un mercado libre. Al político sólo le interesa saber cuántos votos puede comprar y cuántas manifestaciones de protesta consigue evitar.
Si supieran algo de ética y de derechos de propiedad privada, los pescadores le podrían reclamar al gobierno marroquí que esas aguas no son suyas, que las cosas son del primero que las utiliza y que no basta con reclamarlas, no es suficiente que estén ahí cerca. La soberanía de los gobiernos sobre el mar hasta una determinada distancia de las costas, aunque sea algo reconocido internacionalmente, no tiene ningún fundamento ético.
Algunos auténticos empresarios en el sector pesquero ya están dándose cuenta de que igual que la caza y la recolección de frutos fueron sustituidas por la ganadería y la agricultura, la pesca depredadora en mares sobreexplotados debe ser reemplazada por algún tipo de piscicultura. Esto requiere que se reconozcan derechos de propiedad sobre parcelas de mar y sobre bancos de peces, pero los diferentes estados del mundo no parecen estar por la labor, ya que supondría renunciar a una riqueza y un poder que ahora controlan de forma ilegítima.

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