La carga fiscal debe ser competitiva y los llamados costos de transacción o legalización, que son todas aquellas erogaciones que realizan las empresas para cumplir con las leyes vigentes en el país, deben ser menores o iguales a las de sus competidores. Otro factor clave para aprovechar la globalización y la apertura es ejercer una política monetaria y cambiaria que garantice niveles de inflación y tasas de interés iguales o menores a la de los países desarrollados.
En ausencia de bajos costos de transacción, leyes laborales flexibles y una inflación del 2 al 3%, sólo se aprovechará parcialmente la globalización y en ocasiones puede llegar a ser contraproducente para un sinnúmero de pequeñas y medianas empresas, generando quiebras y desempleo. Entonces los partidarios del proteccionismo alzan la voz para culpar a la globalización, a los tratados de libre comercio y a la apertura, de las quiebras de empresas, de los movimientos erráticos del tipo de cambio y de que el capital especulativo internacional se apodera de la dirección económica del país.
Esos desequilibrios no son consecuencia de la apertura sino de la ausencia de reformas estructurales internas que preparen al país para convivir en una economía globalizada, que será la tendencia irreversible del siglo XXI. Y cuando decimos irreversible no tomamos una posición dogmática ni ideológica, sino lo afirmamos sobre la base de un avance tecnológico y la tendencia lógica a un mayor intercambio y comunicación entre todos los seres humanos.
Sí existe la posibilidad de que, debido al mediocre manejo de la economía por parte de los gobernantes, como sucedió en Venezuela, se abran las puertas a caudillos que arropados en la vieja y obsoleta terminología socialista, planteen como soluciones regresar a esquemas que tanta miseria y atraso nos causaron durante el siglo XX. Mientras la economía nacional cargue con el peso de altos impuestos e inflación, se anulan gran parte de los beneficios que aporta el mayor comercio y comunicación entre las naciones.
©
AIPE Luis Pazos es
director del Centro de Investigaciones sobre la Libre Empresa de Ciudad de México.