País superregulado

Según Hidalgo, "durante el año 2000, el sector público ecuatoriano, incluido las tres Funciones del Estado, el Sector Descentralizado y las entidades autónomas, han promulgado en el Registro Oficial la nada despreciable cantidad de 4.826 Normas Legales entre normativa principal y secundaria y sentencias de casación y apenas se han derogado 127 normas". Si tomamos en cuenta el tiempo, esto equivale a una norma cada 24 minutos, 8 segundos laborables. En buen romance, cada media hora algún organismo estatal nos dice qué podemos y qué no podemos hacer.

Las consecuencias de esta proliferación de normas son funestas. En primer lugar, supone que el sector privado está representado una "cáfila de vivos a quienes hay que regular". Supone que los ecuatorianos no tenemos conciencia ni valores morales, ni espíritu de cooperación, ni nada por el estilo. "Cada ladrón juzga según su convicción". En segundo lugar, cada una de ellas otorga más "ventajas competitivas" a los burócratas, como aumenta su discrecionalidad aumenta su poder de extorsión; el soborno, la coima, son el precio que hay que pagar para reducir el impacto negativo de la ley. En definitiva, se ha vuelto un buen negocio aquello de "crear dificultades para vender facilidades". Finalmente, no hay que olvidar que los que promueven la promulgación de una ley y los que tienen el poder de emitirla obtienen "rentas" pecuniarias o políticas, a costa de la mayoría de una ciudadanía impávida e indefensa.

Continúa Hidalgo, es tal la abundancia de leyes que no hay mente humana, inclusive con la ayuda de la informática, capaz de manejar las más de cien mil (100.000) normas vigentes, que han creado serios problemas en la administración de justicia ordinaria o administrativa, "dejan en el aire principios tan importantes como la jurisdicción y la competencia, lo cual abochorna a los jueces que son acusados injustamente de negligencia o corrupción; que la gestión de los propios servidores públicos se ve afectada por las interpretaciones del Órgano de Control Fiscal; que a las actividades productivas les es físicamente imposible desarrollar una acción conservadora producto de larga experiencia en el mercado; que los abogados asesores públicos y privados no se animan a dar su 'opinión jurídica' en casos específicos por el temor al equívoco, etc."

Concluye el autor de tan importante nota postal, el resultado es la inseguridad jurídica. "Es lamentable evaluar la eficiencia normativa del sector público. Nada soluciona. Se trata de una eficiencia desperdiciada. Sus efectos complican el Laberinto Legal y acrecienta la Inseguridad Jurídica en el país, a la misma velocidad de la eficiencia desplegada".

Si a la maraña legal, añadimos lo que habíamos calculado y presentado antes, un sector público que acapara el 71 por ciento del Producto Interno Bruto, nos lleva a concluir que sólo hay una alternativa: reducir el tamaño del estado. Y esto significa eliminar dependencias públicas, suprimir erogaciones y gastos en asesorías nacionales e internacionales, derogar leyes, reducir y simplificar impuestos, transferir responsabilidades a instituciones de persuasión moral, consagrar los derechos a la propiedad privada de los que viven de los recursos del mar. Pero cada una de estas instancias tiene beneficiarios cuyos intereses se verían afectados.

¿Quién le pone el cascabel al gato?

© AIPE

Franklin López Buenaño es columnista del diario El Telégrafo de Guayaquil