Los argumentos empleados para proceder a las nacionalizaciones son diversos, pero básicamente giran en torno a la incapacidad de los antiguos propietarios de las compañías afectadas para satisfacer unos fines que sólo la administración pública podría garantizar. Entre los referidos fines se contarían, por ejemplo, el mantenimiento o aumento del empleo, el desvío de los beneficios a fines sociales o la reinversión nacional de los mismos.
La realidad, sin embargo, nos dice que esos fines raramente se alcanzan con compañías que no son privadas. Las empresas nacionalizadas suelen operar en régimen de monopolio, y sus objetivos dependen de la agenda política del gobernante de turno. Esto tiene un efecto básico: el foco de atención ya no es el cliente, sino la Administración.
En un mercado libre las empresas privadas operan bajo una premisa básica: la voluntariedad del contrato de compraventa. Ningún cliente puede ser obligado a comprar un producto. Todo el que compra lo hace porque, así, obtiene alguna satisfacción. Cabe hablar de una segunda premisa: el mercado está abierto a más competidores: si una firma no emplea los recursos satisfactoriamente, otro competidor, con mejores productos o precios, lo hará. Y de una tercera, ésta relacionada con la financiación: para obtenerla, muchos propietarios han arriesgado su patrimonio, o una parte del mismo. La posibilidad de perderlo les obliga a aguzar el ingenio para satisfacer al cliente.En las empresas nacionalizadas estos condicionantes no existen. Así, para las que operan en régimen de monopolio el cliente es algo secundario: como se ve obligado a serlo, pierde su capacidad de elección; además, no han de hacer frente a la amenaza de la competencia. Por otro lado, no tienen problemas de financiación: el nuevo dueño, el Estado, puede recurrir a los impuestos si necesita más fondos. No hay aquí emprendedor alguno arriesgando su patrimonio.
La insistencia en recetas que ya fracasaron en el pasado no va a suponer beneficio alguno ni para el consumidor, ni para el contribuyente ni para los inversores, que se van a ver despojados de sus derechos básicos (libertad y propiedad) para mayor gloria de unas compañías que van a prestar servicios peores y más caros.
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