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ESPAÑA, EN HORAS CRÍTICAS

Muerte por socialdemocracia

El Partido Popular ha mentido. Hizo campaña electoral asegurando que no iba a subir los impuestos y una de sus primeras medidas, una vez Mariano Rajoy fue investido presidente, fue, precisamente, subirlos. Subió el IRPF en todos sus tramos y, en un guiño a los ayuntamientos –por lo general faltos de recursos–, el Impuesto de Bienes Inmuebles.


	El Partido Popular ha mentido. Hizo campaña electoral asegurando que no iba a subir los impuestos y una de sus primeras medidas, una vez Mariano Rajoy fue investido presidente, fue, precisamente, subirlos. Subió el IRPF en todos sus tramos y, en un guiño a los ayuntamientos –por lo general faltos de recursos–, el Impuesto de Bienes Inmuebles.

La medida, que se anunció como temporal y que se justificó por los falsos datos de déficit que dieron los socialistas, no contentó al Gobierno popular, que ha tocado también el Impuesto de Sociedades a las grandes empresas y anunciado que subirá el IVA y los impuestos especiales que pesan sobre la gasolina, el tabaco y el alcohol. Como las desgracias nunca vienen solas, el resto de administraciones públicas se ha unido a la bacanal subiendo tasas y precios de algunos de los servicios que administran.

El PP tenía alternativa; pero era una alternativa demasiado incómoda para sus propios intereses y los del sistema: reducir el gasto, reducir el sector público; en definitiva, reducir el Estado.

España soporta uno de los Estados más mastodónticos de la Europa occidental. Nuestro país tiene tres millones largos de funcionarios y trabajadores públicos (para que nos hagamos una idea de lo que representa esta cifra, conviene saber que en el sector industrial trabajan unos 2,3 millones de personas); de ellos, medio millón son cargos políticos, lo que nos convierte en campeones (per cápita) de Europa en este rubro. Tenemos 300.000 políticos más que Alemania, que nos dobla en población, y el doble que Italia y Francia, que tienen 13 y 19 millones más de habitantes, respectivamente. El gasto conjunto de las administraciones públicas está en torno al 50% del PIB. Y todo ello está soportado por el sector privado.

Los recortes y reducciones que ha acometido el PP están a años luz de lo que debería haber hecho, y han generado mucha polémica sobre las prioridades del Gobierno y, entre los partidarios del Estado de Bienestar, sobre su conveniencia. El PP ha demostrado cobardía, pues no quiere enfrentarse a los grupos organizados que viven del erario –el propio PP vive del erario– y prefiere en su lugar asaltar a los donantes universales, es decir, a los ciudadanos que consumen o ahorran, a las pymes y a los autónomos, a las clases medias –que pagan la gran mayoría impuestos– y a los que ya pagan por ciertos servicios públicos.

Sería comprensible que el votante del PP estuviera desencantado, visto lo que ha sucedido en estos pocos meses de gobierno popular. Con ello y con la movilización callejera juega la oposición. Pero la izquierda política no es la más indicada para dar lecciones. De la situación actual, tanto económica como social, es culpable ella y sólo ella. Ella cebó el gasto público, generó burbujas económicas y aplicó medidas que han desembocado en los cinco millones largos de parados. Rajoy no se merece de nuevo el voto, pero ¿se lo merece Rubalcaba?

¿Se merecen estos partidos y sindicatos el apoyo de la sociedad civil? ¿Existe realmente una sociedad civil, o no deja de ser una serie de organismos que aspiran a recibir subvenciones o ayudas públicas?

Durante décadas, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, cada uno a su manera, han desarrollado un Estado social que se mete casi en cualquier aspecto de nuestras vidas. Las políticas sociales han matado la iniciativa privada, los jóvenes prefieren ser funcionarios antes que empresarios. Los movimientos de protesta abogan por un incremento aún mayor del peso de lo público, y los grupos que conforman la sociedad civil buscan el apoyo de este ministerio, esa consejería o aquella concejalía.

Mientras, el sistema se protege a sí mismo de los ciudadanos que lo sustentan.

Los políticos caen en el populismo más trasnochado y no dejan de convertir servicios en derechos, dividiendo en tres a la sociedad: dependientes, aprovechados y esclavos. Crece el déficit, cuya verdadera cuantía aún no sabemos a ciencia cierta, y se dispara el endeudamiento público, sin que a los políticos locales y nacionales se les encienda el rostro. Entre tanto, la burocracia crece para satisfacer las necesidades de una burocracia en expansión.

El camino para salir de esta espiral es evidente, pero cuesta empezarlo. Ahora bien, si no lo emprende, la sociedad española morirá, metafóricamente hablando; y cuando alguien venga a diagnosticar la causa del deceso, encontrará que murió de socialdemocracia e intervencionismo; y porque, en vez de defenderse del cáncer, lo cebaba.

 

© Instituto Juan de Mariana

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