Eso era algo tan absurdo como si en los ochenta se hubiera nombrado a un ex falangista embajador en el Chile de Pinochet para acelerar la transición a la libertad. Un ex falangista con predilecciones autoritarias siempre acabaría ayudando al dictador y no a sus víctimas y adversarios.
Yo no conozco al señor Carlos Alonso Zaldívar, el embajador en Cuba, supongo que se trata de una persona respetable, y admito que se puede abandonar la devoción por las dictaduras totalitarias de izquierda, pero por más que he buscado en los archivos y las hemerotecas no he encontrado artículos o ensayos en los que este caballero explique cómo y por qué dejó de creer en un modelo de manicomio que en los setenta, cuando él seguía de cerca a Santiago Carrillo, ya tenía a sus espaldas cien millones de cadáveres y el más espectacular fracaso económico y social imaginable. Jorge y Carlos Semprún, Víctor Alba, Joaquín Maurín y otros centenares de españoles notables alguna vez fueron comunistas, pero cuando dejaron de serlo anotaron sus razones y, generalmente asqueados, denunciaron los horrores de la ideología y la práctica a las que renunciaban. El señor Alonso Zaldívar –si no me equivoco–, por lo visto se dio de baja del PC con la misma discreción de quien se borra del Real Madrid o devuelve la tarjeta de El Corte Inglés.
Lo curioso de la política cubana del canciller Moratinos es que no toma en cuenta la opinión de los diplomáticos expertos que tiene en su entorno –algunos de ellos verdaderos especialistas en asuntos cubanos–, ni la de los servicios de inteligencia españoles que llevan décadas estudiando cuidadosamente cuanto acontece en ese país y le aconsejan mantenerse firme frente a la dictadura y no romper el frente común europeo por las ventajas que de ello se deriva. Al fin y al cabo, los grandes encontronazos diplomáticos entre España y Cuba –que incluyen la ocupación violenta de la sede española en La Habana en dos oportunidades– son menos probables si Castro percibe que una agresión a España es una agresión a toda la Unión Europea. Obviamente –como saben los experimentados diplomáticos del MAE y los analistas del Centro Nacional de Inteligencia– la estrategia de la policía política de Castro es utilizar a España para romper ese frente. Lo que resulta casi imposible de precisar es por qué Moratinos cae en esa trampa.
Una hipótesis es que el gobierno de Zapatero responde a las presiones de los empresarios españoles radicados en Cuba, quienes, a su vez, son prisioneros de Castro y víctimas de sus permanentes chantajes. Es útil, pues, recordar lo que hace unos años escribió el empresario José Fernández en ABC cuando tuvo que abandonar Cuba tras una década de permanencia en la Isla, luego de que sus propiedades fueran ilegalmente expropiadas:
"Aquí, van, pues, las razones por las que les aconsejo, incluso les ruego [a los empresarios], que no acudan con sus dineros y sus conocimientos a apuntalar la dictadura: Primero: porque no hay la menor garantía jurídica. Ahí no existe un Estado de Derecho que proteja a los inversionistas ni a nadie. Se está siempre a merced de que un funcionario de alto rango decida la expropiación forzosa, y no hay forma humana de reclamar ante los tribunales. En Cuba lo que prevalece no es el derecho, sino la voluntad o el capricho de los que mandan. Lo mismo que les ocurrió a los propietarios al principio de la revolución les puede ocurrir, y les ocurre a los inversionistas y empresarios de hoy.
Segundo: porque las transacciones y los negocios no se hacen en una atmósfera de empresarios reales, sino en un oscuro universo de policías y espías. Prácticamente todos los funcionarios que tratan con los inversionistas extranjeros son miembros del Ministerio del Interior y forman parte de la policía política, que es el organismo que controla hasta el último dólar que entra o sale del país. En Cuba no se habla con economistas, contadores o expertos en mercadeo: se habla con coroneles, tenientes coroneles o generales.
Tercero: esta atmósfera policíaca da lugar a la creación de un estado de terror del que no se pueden separar, aunque quieran, los inversionistas que van a la Isla. Primero los comprometen como víctimas, puesto que la secretaria o el chofer que les asignan son siempre informantes de la policía política que mantienen un estricto control sobre ellos. Y luego estos inversionistas y empresarios extranjeros también acaban convirtiéndose en cómplices. Se les piden informes sobre otros empresarios y sobre otros extranjeros, se les pide que espíen para beneficio del gobierno cubano. Yo mismo tuve que hacerlo en diversas ocasiones si quería mantenerme en Cuba y si quería que la revolución no perdiera la confianza en mí."
Tercero: esta atmósfera policíaca da lugar a la creación de un estado de terror del que no se pueden separar, aunque quieran, los inversionistas que van a la Isla. Primero los comprometen como víctimas, puesto que la secretaria o el chofer que les asignan son siempre informantes de la policía política que mantienen un estricto control sobre ellos. Y luego estos inversionistas y empresarios extranjeros también acaban convirtiéndose en cómplices. Se les piden informes sobre otros empresarios y sobre otros extranjeros, se les pide que espíen para beneficio del gobierno cubano. Yo mismo tuve que hacerlo en diversas ocasiones si quería mantenerme en Cuba y si quería que la revolución no perdiera la confianza en mí."
Otra posibilidad es que se trate de un compromiso con los compañeros de viaje y de gobierno del partido comunista e Izquierda Unida, agrupaciones ideológica y emocionalmente ligadas a La Habana, como en el pasado lo estuvieron a Ceaucescu, a Mao o a cuanto psicópata estalinista asesinaba a miles de personas en nombre de la justicia social o llenaba los calabozos de adversarios indefensos. ¿Es eso acaso? ¿Se trata de una concesión secreta a los socios oficiosos del gobierno? No hay modo de saberlo, y, de ser cierto, sería escandaloso.
¿Y si estuviéramos, sólo y sencillamente, ante el gesto generoso de una cancillería genuinamente preocupada por la suerte de los presos y perseguidos políticos que hay en Cuba, por cuyo bienestar está dispuesta a plegarse a las presiones de una dictadura inflexible y cruel? No parece lógico. Por muy lejos que haya estado el señor Moratinos de los asuntos cubanos -supuestamente su especialidad es el Medio Oriente-, seguramente no ignora que a lo largo de casi medio siglo esa tiranía no ha dejado de apresar y maltratar a los disidentes por muy amistosa y comprensiva que se mostrara España. Fue en época de Felipe González cuando Castro fusiló a Ochoa, poco después, a principios de los noventa, cuando realizó terribles razzias contra los disidentes, o en 1994 cuando hizo hundir un barco lleno de refugiados, casi todos niños y mujeres, en el que murieron varias docenas de personas.
No hay ninguna razón política, moral o económica que justifique una postura española ante la dictadura de Castro que no sea la más firme de las condenas. Lo mismo que se esperaba frente a la dictadura racista sudafricana o frente a las satrapías militares del cono sur, afortunadamente ya superadas, precisamente, por la firme condena internacional que tuvieron que afrontar.
Es magnífico que el gobierno de Castro ahora ponga en libertad a Raúl Rivero y a varios o a los ochenta condenados durante la ola represiva del 2003, pero ese gesto, que Pérez Roque y Moratinos tratarán de vender como una concesión al apaciguamiento de España, en realidad es la consecuencia de la reacción airada de la comunidad internacional, y muy especialmente de la Unión Europea.
En efecto, desde hace cierto tiempo, y más tras la contundente reacción del Parlamento Europeo por la expulsión de Cuba del diputado español Jorge Moragas y otros dos parlamentarios holandeses, el ala ilustrada de la diplomacia cubana -Pepé Cossío, Isabel Allende, Remírez de Estenoz, Raúl Roa y tantos otros funcionarios secretamente críticos, pero víctimas de su propia cobardía-, por diversas vías había hecho saber lo que incluso Pérez Roque y su viceministro Rafael Daussá ya no ponían en duda: que había sido una cruel imbecilidad de Fidel Castro ordenar el encarcelamiento de docenas de periodistas, bibliotecarios, defensores de los derechos humanos y pacíficos partidarios del Proyecto Varela, a sabiendas de que eso enfrentaría al gobierno con la comunidad internacional.