Los activistas ecologistas aprovechan la necedad de los legisladores para sancionar leyes de deforestación cero que prohíben la producción forestal, arruinando las fuentes de trabajo de numerosos labriegos y acelerando la depredación clandestina de los bosques por parte de aquellos que invaden propiedades para lucrarse con la venta de madera. Las leyes ecológicas, en lugar de proteger el medio ambiente, fomentan el saqueo de los bosques y la pobreza rural y, lo que es peor, ahuyentan la inversión que los países pobres y atrasados necesitan desesperadamente para salir de la miseria.
Para evitar la extinción de los bosques, y siguiendo modelos de países ricos, las ONG logran prohibir la comercialización de la leña; olvidan que cerca de la mitad de la energía consumida en los países pobres proviene de aquélla. Esta absurda prohibición destruye empleos, obliga a los pobres a la producción furtiva de leña y encarece la alimentación, por lo que agrava la miseria en el campo y las ciudades. A los mayores costos de la clandestinidad se le suman los sobornos que se pagan a los inspectores de las oficinas gubernamentales.
La crisis mundial del agua, que afecta a los países más pobres, está causando la muerte de millones de personas al año por enfermedades relacionadas con el agua contaminada. Unos 1.200 millones de personas carecen de agua potable. La solución promovida por las organizaciones ecologistas radicales, con el apoyo de Naciones Unidas y de necios legisladores locales, es la de estatizar las fuentes de agua, incluidos los pozos particulares, los sistemas de regadío y las reservas artificiales que almacenan agua de lluvia en las producciones ganaderas.
El resultado será exactamente el opuesto al esperado: aumentarán la escasez de agua y el padecimiento de los más pobres, porque la falta de agua se debe, precisamente, a que más del 95% del suministro está a cargo del Estado. A pesar de que los gobiernos no tienen los recursos necesarios para conectar a la red a los más pobres, los estatistas han impedido a la empresa privada invertir en el suministro de agua. El temor anunciado por aquéllos es que el costo del agua suba y castigue a los más necesitados. Pero los más pobres, que son, precisamente, los que no tienen conexión a la red, pagan un precio diez veces mayor por el agua que consumen en tambores, y que transportan desde largas distancias.
No obstante, los legisladores siguen estatizando el suministro y confiscando a los productores sus pozos, regadíos y reservas de agua. No ven que es el estatismo el culpable de la crisis.
En el Tercer Mundo, que vive de la agricultura, las ONG ecologistas adoptan pautas de países europeos y buscan prohibir los cultivos genéticamente modificados (GM), cuya productividad por hectárea es muy superior. En las próximas décadas, sin embargo, en los países pobres cada hectárea tendrá que alimentar a una población que casi duplicará a la actual. Se trata de algo que no se logrará con las prácticas ordinarias de mejoramiento de cultivos. Tarde o temprano deberán aplicar allí los avances tecnológicos de los cultivos GM, como ya se hace en Estados Unidos, Argentina o Brasil.
Los europeos, para proteger a sus agricultores subsidiados y satisfacer a los grupos ecologistas, imponen trabas y prohibiciones a la importación de productos GM, supuestamente por los riesgos que implican para la salud. Algunos países pobres debieron prohibir los cultivos GM, incluso, en medio de terribles hambrunas, rechazar las donaciones de alimentos de origen GM, con la consecuente muerte de millones de hambrientos, para poder seguir exportando sus productos agrícolas a la Unión Europea.
La intromisión ecologista frecuentemente entorpece la producción y agrava los problemas que pretende remediar, pero rara vez beneficia a los más pobres.
© AIPE