En realidad, sin embargo, las dos situaciones no son en absoluto comparables, y su simple contraposición otorgaría una importante victoria a la demagogia socialista. La COPE sí es víctima de un programado ataque censor; a Rubianes sólo se le impidió que se apropiara del dinero robado a los ciudadanos.
Tengamos presente la diferencia esencial: la COPE es una emisora privada que el Estado pretende acallar porque sus palabras le resultan incómodas; Rubianes es un individuo que pretende lucrarse de unas instalaciones pagadas coactivamente por todos los ciudadanos. O dicho de otro modo: la COPE hacía uso de su propiedad privada; Rubianes quería hacer uso de la propiedad privada ajena.
Es curioso cómo los izquierdistas identifican censura con el rechazo a que los contraten. Cuando recientemente el diario El Mundo se negó a publicar una carta de Rodríguez Ibarra, el PSOE y sus mamporreros dijeron que El Mundo había censurado al presidente extremeño. En teoría, parece ser, El Mundo tiene la obligación de publicar todo lo que recibe, no un derecho a gestionar su propiedad privada como le parezca más oportuno.
Así, cuando decimos que Ibarra fue censurado estamos admitiendo implícitamente la necesidad de que Ibarra haga prevalecer su derecho a la libertad de expresión, forzando a El Mundo a que publique su carta. Justificamos el uso de la violencia para que una de las partes –el presidente extremeño– imponga su voluntad unilateral sobre la otra.
El caso de Rubianes es similar pero, si cabe, más estrafalario. El otrora Makinavaja se define como "de izquierdas", esto es, como carterista elevado a la enésima potencia bajo la sanción de la legitimidad regia. Rubianes, por consiguiente, defiende el robo, el expolio y la coacción masificada contra los ciudadanos; una forma de subrepticia censura en el uso de nuestro dinero contra la que ningún conmilitón ha levantado la voz, salvo para defenderla.En esto que el actor reclama una parte de su botín en forma de instalaciones donde representar su obra de teatro, y el Ayuntamiento, por la razón que sea –al fin y al cabo es un arbitrario organismo estatista de los que le gustan a los intervensionistas–, ha rechazado su petición. En lugar de censura deberíamos decir que el buitre de Rubianes no ha podido tener acceso a la carroña, y que ello ha irritado a sus compañeros socialistas. El destino de todos los teatros públicos debería ser su inmediata privatización, y no su existencia para el latrocinio particular de cuatro amiguetes titiriteros a costa del sufrido contribuyente.
Lo más gracioso del tema es que Rubianes representará finalmente su obra en el Auditorio de Comisiones Obreras, esto es, una propiedad privada. Si de verdad estuviéramos en presencia de censura, el Ayuntamiento de Madrid impediría a CCOO ceder su local a Rubianes, del mismo modo que el CAC y el PSOE pretenden impedir que Losantos exprese sus opiniones en la emisora de la Conferencia Episcopal.
La jugada está clara: cuando un socialista no puede hablar donde y cuando quiera, hay que reprimir a los propietarios en nombre de la "libertad de expresión"; cuando un individuo expresa opiniones antisocialistas, hay que reprimir al propietario en nombre de la "convivencia". Ellos se lo guisan y se lo comen, el arbitrismo estatal al servicio del poder y del cercenamiento de la libertad.
Lo cierto es que a Rubianes le ha pasado lo que a los asesinos de Viriato, que Roma no paga a traidores, y nuestro Estado moderno mucho menos. Si el descaro y la hipocresía no corrieran por sus venas, dejaría de defender con altivo orgullo una ideología cuyo objetivo último es nacionalizar todas las propiedades privadas para condenar al ostracismo a todos aquellos que no sean afines al régimen.