La verdadera y fatal asimetría

Este TLC tiene un fuerte contenido mercantilista: promueve la producción, exportación y el bienestar de los productores, mientras disuade la importación y el consumo, a la vez que desdeña el bienestar de los consumidores. Por ejemplo, durante el proceso se consultaron 600 empresas y más de 50 cámaras empresariales, muchas de las cuales —productores agrícolas (tomate, papa, fríjol, cebolla, zanahoria), avicultores, porcicultores, industriales de plástico y de papel— pidieron ser excluidas del tratado, no porque no quieren exportar, sino porque no quieren que los consumidores tengan acceso a productos más baratos y de mejor calidad del extranjero. La prueba de ello es que mientras el sector agrícola exigía la exclusión, la viceministra de Comercio Exterior detallaba que con el tratado, las frutas tropicales, algunos vegetales, café, flores, plantas ornamentales, salsas, carne de res, mariscos y otros muchos tienen grandes opciones en Canadá; y el ministro de Agricultura anunció el 1° de marzo que “los productores de cebolla exportarían a Panamá en pocas semanas y los del tomate podrían exportar a Nicaragua”. Exportar, sí; dejar importar, no.

Otra prueba del mercantilismo imperante es que las autoridades alaban el hecho que Costa Rica tiene una balanza comercial positiva con Canadá: exportó en 1999 un total de $118,2 millones, pero sólo importó mercadería valorada en $46,3 millones. A todas luces, se quiere ampliar esta supuesta “ventaja”.

Durante todo el proceso, los negociadores costarricenses han insistido en la concesión de un trato asimétrico de parte de los canadienses; esto es, que los productos entren a Canadá con una desgravación total inmediata, mientras que los canadienses entren a Costa Rica desgravados sólo después de unos 15 años. Es decir, los productores podrán gozar de las ventajas del intercambio comercial ya, mientras que los consumidores tendrán que esperar 15 años para lograr lo mismo. ¡Vaya asimetría!

El objetivo del comercio libre es el incremento del bienestar de todos los involucrados, en especial la gran masa de consumidores pobres; pero cuando se negocian estos tratados, donde se excluyen los productos básicos, como alimentos, en los que los pobres gastan más del 50 por ciento de sus ingresos, se perpetúa la pobreza; es decir, se comete un crimen contra nuestra gente.

Esta nefasta estrategia comercial persiste porque los “empresarios” (socios de los políticos o políticos disfrazados de empresarios) se empecinan en seguir produciendo los rubros que los consumidores podrían obtener de otras fuentes a un reducido costo. Con respecto al tratado de marras, el representante de la Unión Nacional de Pequeños Productores se quejó diciendo: “Es la historia del burro amarrado contra el tigre suelto, porque nos ponen a competir con países que tienen tecnología, dólares y costos de producción más bajos que los nuestros”. Pero, de eso se trata precisamente, de que los consumidores tengan acceso a alimentos más baratos y los productores se dediquen a rubros que pueden producir relativamente mejor que otros. Este cambio de estrategia, que generaría riqueza para todos, no se va a lograr con los actuales tratados comerciales.

Una estrategia superior a dichos tratados, desde el punto de vista social, consistiría en que se libere el comercio totalmente y que tanto los productores como los consumidores compartan los beneficios iniciales de la liberación comercial. Por ejemplo, con parte de las ganancias de los consumidores se podría financiar la reconversión de los agricultores. En Costa Rica, los productores ya reciben ese y otros subsidios, sin que haya libertad comercial, o sea, sin que los consumidores obtengan beneficio alguno. Sólo en febrero de 2001, el gobierno pagó a los bancos los intereses atrasados de 3.724 pequeños agricultores.

Mientras los gobernantes continúen desdeñando el inmenso beneficio que los consumidores obtendrían de la liberación comercial, los tratados comerciales contribuirán muy poco a aliviar la pobreza en América Latina.

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Rigoberto Stewart dirige en San José el Instituto para la Libertad y el Análisis de Políticas Públicas