España tiene un problema que otros países han solucionado por la vía electoral. Tenemos un presidente del Gobierno dedicado a poner en práctica unas medidas económicas en las que no cree y que sus asesores, estatalistas como él, no le habían aconsejado jamás.
Alemania –"la Merkel", nos dicen de forma despectiva– es quien decide qué medidas se deben tomar. La realidad es que los alemanes saben muy bien de lo que están hablando, y sus consejos no deben caer en balde. Tras la guerra mundial, el socialismo no llegó al Gobierno federal alemán hasta 1969, con Willy Brandt, cuyo éxito electoral obedeció más a un deseo de cambio de aires y de poner a prueba el sistema de posguerra que a una necesidad real. De cualquier forma, en el plano económico es sabido que hasta ese momento se hablaba de un milagro alemán, que no era precisamente un milagro socialista. Cinco años después, Brandt, acosado por el escándalo de espionaje más famoso de la década, fue sustituido por el también socialdemócrata Helmut Schmidt, quien gobernó con cierto éxito hasta 1982, dando comienzo a la era Kohl, que se alargaría hasta 1998.
En la etapa de Kohl –nada más y nada menos que dieciséis años– se volvió a los viejos tiempos de la prosperidad, a pesar de la carga casi insoportable de la reunificación con los territorios desolados por el socialismo real, truncada por un escándalo de partido que abrió las puertas del poder al socialista Schröder. Pero los años de gobierno del SPD trajeron consigo el mal trago económico y la pobre gestión política, por lo que Schröder, que gozaba entonces de la inútil admiración del Zapatero, tuvo que dejar el poder en 2005.
Resumiendo: desde el fin de la guerra, los socialistas alemanes han gobernado solo veinte años, y siempre han dejado el país maltrecho, con problemas que luego han tenido que resolver unos mejores gestores de la cosa pública. Hay que alegrarse, entonces, de que la solución a nuestros problemas económicos venga dada por aquellos que han tenido una larga experiencia en reparar desaguisados ajenos.
En Gran Bretaña, los laboristas han gobernado unos treinta años desde 1945. Los más estables fueron los de Tony Blair, el más pragmático y menos dogmático de los líderes laboristas del siglo veinte. Aunque podría poner más ejemplos y relacionar una pobre gestión estatal con el auge de partidos socialistas en las potencias europeas, lo cierto es que el socialismo en el poder es una amenaza para los intereses particulares de los ciudadanos europeos.
El actual primer ministro británico, Cameron, lo dejó bien claro en el último congreso del Partido Conservador: si cada vez que los socialistas se hacen cargo de la administración del Estado éste se arruina, y con él los ciudadanos, la solución pasará por que nunca, nunca más, el pueblo les deje volver a gestionar su dinero. Así de rotundo. Así de simple.
La sustitución del presidente del Gobierno, de la que tanto se está escribiendo y hablando, sería aconsejable a corto plazo, pero eso no haría más que alargar el problema y retrasar la adopción de una solución de más calado histórico. El pueblo español debe dar la espalda ya al socialismo y al intervencionismo, tanto en el nivel autonómico como en el central, tanto en la izquierda como en la derecha, tanto en lo económico como en lo social.
La historia de nuestros países vecinos demuestra que no son más demócratas porque gobierne en ellos la izquierda, sino al contrario, que han podido desarrollarse como países democráticos porque han sabido mantener al socialismo alejado del poder.
España necesita cambiar de líderes en todos los niveles, porque no solo es cuestión de personas, de una pura sustitución de los quemados; se trata de un cambio de ideas y principios.
España tiene una larga tradición de estatalismo, tradición que dominó prácticamente todo el siglo XX; y tiene que aprender a desconfiar, no del ciudadano, como ahora, sino del Estado, que es esa maquinaria por la que unos pocos secuestran la voluntad y la libertad de una mayoría con los bolsillos desfondados.