La situación de ese remanente es tan grave, que estos inmigrantes se distinguen del resto de irregulares en que ni siquiera tienen acceso a la sanidad (universal) pública. La crisis económica no hizo sino hacer patentes las consecuencias en las calles, los albergues y los comedores sociales de muchas ciudades españolas. La expulsión masiva del mercado laboral –formal o informal– de los inmigrantes más vulnerables se ha traducido, en el caso de muchos subsaharianos, en un aumento notable de la mendicidad, abierta o apenas encubierta.
Este estado de cosas nos obliga a hacer un balance de la gestión de la inmigración, acerca de lo que se ha hecho bien pero también de lo que no está funcionando.
La primera respuesta espontánea al porqué de tal exclusión consistiría en decir que el problema es nuestro, debido a que somos racistas –"No nos gustan los negros"–; ante el convencimiento de que vivimos en una sociedad profundamente racista, nuestros esfuerzos se orientarían a la puesta en marcha de campañas de sensibilización con el fin de frenar la xenofobia.
La segunda reacción pondría el foco en los propios africanos: su cultura, su bajo nivel de educación, sus formas de vida conllevarían comportamientos poco civilizados. Esta explicación nos podría conducir a una actitud de rechazo, de indiferencia o de caritativo menosprecio paternalista para con esos seres humanos, que consideraríamos incapaces de vivir una vida normal.
El problema está en que si nos conformásemos con estas explicaciones de sentido común, estaríamos dejándonos llevar por ideas preconcebidas, perjudicando a todos los involucrados, y lo peor de todo: no avanzaríamos en la verdadera solución de un asunto que está reclamando nuestra atención e intervención. La verdadera solución debe pasar por el análisis de los motivos que están llevando a tantos subsaharianos a una condición extrema y estigmatizante que, de no ser afrontada con seriedad y prontitud, sí podría terminar generando racismo.
La Asociación Círculo Africano y la ONGD África Activa encargaron en su día el estudio Inmigrantes subsaharianos: Una aproximación a las claves de la exclusión, cuyos inquietantes resultados ya son accesibles. El estudio se ha basado en un análisis pormenorizado de la Encuesta Regional de Inmigración realizada en la Comunidad de Madrid en 2009 (ERI 2009), así como en encuestas y otros materiales producidos para la ocasión.
El uso de la ERI 2009 ha permitido no solo estudiar el estado de la población subsahariana, también compararlo con otros grupos relevantes de inmigrantes. Los datos, sin duda, son alarmantes. Veamos algunos de ellos.
El 21,8% de los subsaharianos encuestados no tenía tarjeta sanitaria, lo que contrasta con el promedio de los inmigrantes: sólo un 5,5% estaba en la misma situación, porcentaje que se reducía aún más en el caso de los colombianos (2%) y los ecuatorianos (1,4%).
Más sobre la gran vulnerabilidad de los inmigrantes subsaharianos: una tercera parte (32,1%) no tenía permiso de residencia, y de ellos más del 40% no estaba empadronado. Esto indica que existe una población subsahariana que ni siquiera está contabilizada en los registros, por lo que su irregularidad es más acentuada que la del irregular promedio.
Proyectando los resultados de la ERI 2009 a toda España se puede estimar la existencia de una población subsahariana radicalmente excluida que constaría de entre 30.000 y 55.000 individuos, dependiendo de si recurrimos como indicador a la carencia de tarjeta sanitaria o a la ausencia de empadronamiento.
En lo relacionado con el mundo del trabajo, los subsaharianos padecen una altísima tasa de paro (42,4%), y los que trabajan lo hacen, en buena medida, en condiciones precarias: 4 de cada 10 trabajaban sin contrato, por lo que a menudo se ven expuestos a la explotación de empresarios sin escrúpulos y de las mafias; a veces trabajan con los papeles de otros, que en algunos casos llegan a cobrarles la mitad de lo que ganan a cambio de sus preciados documentos.
Así las cosas, no es de extrañar que se haya registrado un dramático aumento del número de subsaharianos que se han visto forzados a acudir a comedores sociales y albergues. Según la ERI 2009, el 21,2% de los subsaharianos había recurrido al servicio de comedor social, lo que supone una cifra ¡once veces superior a la de los inmigrantes en general!
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Un análisis de la inmigración que evite clichés y prejuicios debería apuntar a la existencia de ciertos factores que influyen en el inmigrante irregular a la hora de decidir a qué país inmigrar, pues no todo gira en torno a las posibilidades de encontrar un trabajo: también son relevantes las perspectivas de poder permanecer en el país y, con el tiempo, proceder a la regularización.
También es importante la gestión jurídica del asunto. En España, lo más común ha sido, simplemente, entrar en el país como visitante y quedarse en él como trabajador irregular con la intención de conseguir la regularización, ya sea a través de las regularizaciones masivas o de la figura jurídica del arraigo. Esto, unido a la significativa economía informal y a los amplios derechos sociales existentes en España, permite a muchas personas sobrevivir en una situación jurídica intermedia: no son claramente legales, pero tampoco terminantemente ilegales. Así las cosas, España es un imán para personas provenientes de países como los subsaharianos, con rentas per cápita decenas de veces inferiores, a pesar de que las condiciones de entrada se hayan orientado a cerrar a los subsaharianos permanentemente las puertas a la entrada legal y a la regularización administrativa. La única vía para mucha gente procedente de esos territorios ha sido la riesgosa travesía por el mar o el desierto y la entrada ilegal, lo que explica en buena medida la situación de exclusión radical aquí reflejada.
El efecto llamada de regularizaciones como la del 2005 ha terminado convirtiéndose, para los subsaharianos, en las vergonzosas redadas ordenadas por el Gobierno y en el estigma vinculado con su precaria condición. Esto no puede seguir así. Mirar para otro lado sería una irresponsabilidad inexcusable.
KAYAMBA TSHITSHI, presidente de la Asociación Círculo Africano. SIMON NONG, presidente de la ONGD África Activa. MÓNICA MULLOR, autora del estudio Inmigrantes subsaharianos: Una aproximación a las claves de la exclusión.