Aun admitiendo una intencionalidad antiterrorista en el gobierno, cabe señalar una diferencia crucial entre las medidas y contactos de Aznar y los posteriores. Aznar, con Mayor Oreja y la renuencia del resto del partido, practicó una política ante todo policial, de acoso en todos los terrenos, también el legal y el financiero. Política más acorde o, mejor dicho, única acorde con un estado democrático de derecho. Tal fue asimismo el contenido fundamental del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, el cual acosaba a la ETA y perjudicaba a los recogenueces, en terminología de Arzallus.
Ese pacto lo propuso el PSOE, que así pareció adherirse a la posición de Aznar, pero, como sabemos, apenas lo firmó lo traicionó, estando todavía en la oposición. Porque la idea básica de Rodríguez no era la solución policial y de derecho, sino la solución política, predominante en los gobiernos españoles desde Suárez e impulsada por una empresa de comunicación de masas tan influyente entonces como Prisa. Nunca se atendió al dato de que la solución política, negociada, significaba aceptar el carácter político de la ETA y de sus métodos, es decir, el asesinato como medio de hacer política. Se incluía, naturalmente, la represión policial, pero supeditada a la negociación. En otro artículo he expuesto la enorme influencia política alcanzada por la ETA en estos años gracias, precisamente, a tal solución.
Tamaña dejación del derecho y la democracia se justificaba aludiendo al apoyo popular que había llegado a adquirir la ETA, sin que se examinara el origen de ese apoyo ni el hecho de que las concesiones y negociaciones no hacían sino mantenerlo y reforzarlo, con lo que se convertía al grupo terrorista en interlocutor válido y se desmoralizaba a la gran mayoría de la opinión pública, que comprobaba cómo el asesinato producía, efectivamente, grandes rentas a sus autores y a los recogenueces.
Otra justificación en boga, a partir de la política de Blair en el Ulster, insistía en que también los británicos habían terminado por hacer lo mismo, cuando la situación del Ulster y la de las Vascongadas son histórica y políticamente diferentes y aun opuestas. Realmente, la mayoría de los políticos y los comentaristas españoles ha mostrado en su enfoque de estas cuestiones tan escasa penetración como falta de firmeza en los principios de la libertad.
En otras palabras, las justificaciones basadas en el apoyo popular o en el caso irlandés esconden una lógica muy distinta que intentaré resumir en su concepto y evolución.
Es sabido que la ETA pasó de ser uno de tantos grupúsculos exaltados e insignificantes a convertirse en una verdadera potencia cuando empezó a asesinar, en 1968. Entonces recibió un soporte, un aliento y una justificación inauditos por parte de un sector del clero vasco y de otro sector de la Iglesia en general, los nacionalistas supuestamente moderados, la oposición antifranquista casi en pleno, los nacionalistas catalanes –algunos de ellos se propusieron imitarla–, parte de la prensa bajo el propio franquismo; así como por parte de gobiernos como el francés, el argelino, el sueco o el holandés. El apoyo de Francia fue decisivo: garantizó a los terroristas un santuario desde el que reponerse de la persecución policial, que estuvo varias veces cerca de desarticular a la banda. Acaso nunca un par de asesinatos fue tan extraordinariamente productivo para sus autores, convertidos así en jóvenes patriotas vascos antifascistas y, por ello, demócratas.
¿A qué se debió ese respaldo increíble, que permitió obtener cierta base popular a unos terroristas que hasta entonces empleaban los peores calificativos contra los vascos, precisamente porque no les apoyaban? A dos cosas: a la noción muy extendida de que contra el franquismo valía todo y a la afinidad ideológica entre la oposición antifranquista y la ETA. Casi siempre se olvida que la ideología etarra era socialista, una adscripción amplia y confusa pero muy compartida por entonces en toda Europa, y por ello muy eficaz propagandística y políticamente. Las movilizaciones internacionales a favor de los asesinos en 1970 y en 1975, con absoluto desprecio de sus víctimas, revelan algo.
Estos dos factores, la afinidad ideológica y el todo vale contra Franco, continuaron con plena fuerza durante la transición y bastantes años más, y de forma disimulada continúan hasta hoy mismo: la democracia viene del régimen anterior y por iniciativa de él, algo que nunca pudo digerir la izquierda rupturista, aunque tuvo que resignarse a la reforma (otro dato clave que he tratado en La transición de cristal, y casi siempre mal interpretado por los analistas): la ETA, justamente, nunca aceptó la reforma, lo que no dejaba de otorgarle un prestigio moral ante quienes sí habían claudicado.
La solución política hunde sus raíces en esa afinidad ideológica, tan real como ocultada, y compatible con mil enérgicas condenas verbalistas. Teniendo en cuenta lo dicho –y debe tenerlo en cuenta cualquier análisis con pretensión de seriedad–, no extrañará que el gobierno haya acompañado su actitud hacia la ETA con una explosión artificiosa de antifranquismo retrospectivo y crudamente falsario. Ley de Memoria Histórica y colaboración con la ETA vienen a ser dos caras de la misma moneda.
Así, si la solución política implicaba esa colaboración, aunque inconsciente, causada por la escasez de principios y la ignorancia de la historia, la cosa ha pasado con Rodríguez a un plano mucho más alto, decisivo y consciente. Pues no debe olvidarse que la política de Aznar, aparte de más acorde con la ley y la democracia, fue también la más efectiva: en sus últimos dos años, la ETA quedó casi desmantelada, con los niveles de acción más bajos de su historia desde la transición: cinco asesinatos en 2002 y tres en 2003 y principios de 2004. Ello indicaba clarísimamente la línea a seguir; línea que, en cambio, fue radicalmente invertida por Rodríguez.
El problema no radica, como suele sostenerse, en el carácter tramposo de las treguas etarras. Son tramposas, por supuesto, pero eso es lo de menos. El problema real consiste en la colaboración del gobierno con los terroristas. Obviamente, Rodríguez quiere que la ETA deje de matar, pues, estando en el poder, sale perjudicado por sus crímenes. Pero en lugar de perseguir a los terroristas con acuerdo a la ley, en la línea fructífera de Aznar-Mayor, ha optado por hacerles enormes concesiones a costa del derecho y la integridad de España: legalización de sus terminales, dinero público, proyección internacional, acoso a las víctimas, promesas de reformas legales a su favor, indemnizaciones como víctimas del franquismo, corrupción de jueces y sin duda otras que no conocemos, pues las conversaciones se han realizado a espaldas de la opinión pública. La concesión (el premio) clave son los estatutos de segunda generación, no ya autonómicos, sino de estado asociado, con el catalán como modelo, que establecen nuevas naciones, es decir, nuevas soberanías.
Los daños causados por esa política son incalculables: prácticamente han destruido la Constitución y la herencia de la reforma democrática. Y no se pueden olvidar, como pretenden algunos, porque el gobierno haya cambiado de postura. Como si un estafador dijera que dejará de delinquir y a partir del momento de su declaración hubiera que pasar por alto los delitos que cometió en el pasado. Pero es que, además, el gobierno no ha cambiado de postura. Ha sido la ETA, no él, quien ha roto los tratos, encontrándose con que la labor policial de la época de Aznar ha permitido a Rodríguez mantener el acoso.
Sin duda siguen los tratos entre ambas instituciones, y no es lo mismo detener a los asesinos para que cumplan sus condenas que para ponerlos pronto en libertad como héroes del pueblo.
En definitiva, PSOE y ETA son, entre otras muchas cosas, organizaciones socialistas, antifranquistas y opuestas o indiferentes a la nación española ("concepto discutido y discutible", según el PSOE). Esas coincidencias siempre constituirán una base amplia para la colaboración, tome esta unos rasgos u otros.
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