Una manera de medir el grado de democracia de que disfruta una sociedad, y hasta qué punto esa sociedad puede considerarse libre, consiste en analizar la coexistencia entre la libre expresión y los poderes públicos.
En un sistema realmente democrático y propio de una sociedad libre, los gobernantes aceptan las denuncias y críticas. Aunque les pueda resultar incómodo, permiten el normal desarrollo de la libertad de expresión, no como un mal menor sino como un bien necesario. No intentan constreñir la acción de los medios de comunicación en tiempos como los presentes, cuando internet ofrece infinitas posibilidades para la libre expresión de los ciudadanos.
Cuando la relación entre libertad de expresión y poder político se desarrolla de manera diferente no se puede hablar de democracia, ni mucho menos de una sociedad abierta y libre. Los argumentos para tratar de imponer reglas basadas en la coacción y el recorte de la libertad son múltiples, pero siempre esconden el objetivo final de acallar voces críticas. Eso se ve en diferentes lugares del mundo, como Irak, donde se condena a un medio de comunicación extranjero por denunciar el autoritarismo del primer ministro, o China, donde cincuenta ciberdisidentes están encarcelados desde hace años.
En Iberoamérica, 16 periodistas han sido asesinados en medio año; en Cuba hay 27 profesionales de la información presos, y recientemente la policía castrista apalizó a Yoani Sánchez y a otros dos blogueros independientes. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que gobernantes populistas de la región están imponiendo trabas a la difusión de mensajes críticos para con ellos; trabas inspiradas en los controles de Hugo Chávez a la libertad de expresión.
Los gobiernos venezolano, argentino y ecuatoriano apelan a diferentes motivos para impedir el normal funcionamiento de los medios. El kirchnerismo reimpuso medidas de Perón, y argumenta que la libertad de expresión no puede estar por encima de los derechos laborales del sindicato de canillitas, cuyos miembros son los únicos que pueden vender diarios y revistas. También legisla sobre la propiedad de los medios en nombre de una lucha contra fantasmagóricos monopolios. En otros casos, el argumento es que los periodistas sólo deben decir "la verdad", o, incluso, ser fieles a los principios revolucionarios.
La libertad de expresión no es algo que ataña sólo a los periodistas y a los medios de comunicación. Es un elemento fundamental de toda sociedad libre y abierta. Cuando desaparece, el daño lo sufren todos los ciudadanos.
© AIPE
En un sistema realmente democrático y propio de una sociedad libre, los gobernantes aceptan las denuncias y críticas. Aunque les pueda resultar incómodo, permiten el normal desarrollo de la libertad de expresión, no como un mal menor sino como un bien necesario. No intentan constreñir la acción de los medios de comunicación en tiempos como los presentes, cuando internet ofrece infinitas posibilidades para la libre expresión de los ciudadanos.
Cuando la relación entre libertad de expresión y poder político se desarrolla de manera diferente no se puede hablar de democracia, ni mucho menos de una sociedad abierta y libre. Los argumentos para tratar de imponer reglas basadas en la coacción y el recorte de la libertad son múltiples, pero siempre esconden el objetivo final de acallar voces críticas. Eso se ve en diferentes lugares del mundo, como Irak, donde se condena a un medio de comunicación extranjero por denunciar el autoritarismo del primer ministro, o China, donde cincuenta ciberdisidentes están encarcelados desde hace años.En Iberoamérica, 16 periodistas han sido asesinados en medio año; en Cuba hay 27 profesionales de la información presos, y recientemente la policía castrista apalizó a Yoani Sánchez y a otros dos blogueros independientes. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que gobernantes populistas de la región están imponiendo trabas a la difusión de mensajes críticos para con ellos; trabas inspiradas en los controles de Hugo Chávez a la libertad de expresión.
Los gobiernos venezolano, argentino y ecuatoriano apelan a diferentes motivos para impedir el normal funcionamiento de los medios. El kirchnerismo reimpuso medidas de Perón, y argumenta que la libertad de expresión no puede estar por encima de los derechos laborales del sindicato de canillitas, cuyos miembros son los únicos que pueden vender diarios y revistas. También legisla sobre la propiedad de los medios en nombre de una lucha contra fantasmagóricos monopolios. En otros casos, el argumento es que los periodistas sólo deben decir "la verdad", o, incluso, ser fieles a los principios revolucionarios.
La libertad de expresión no es algo que ataña sólo a los periodistas y a los medios de comunicación. Es un elemento fundamental de toda sociedad libre y abierta. Cuando desaparece, el daño lo sufren todos los ciudadanos.
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