La inmoralidad del Estado

Desde que los políticos argentinos comenzaron a guiar sus acciones según el criterio de la “justicia social”, asumieron —o creyeron o quisieron hacer creer— que se basaban en el principio ético utilitarista: su tarea era buscar la mayor felicidad para el mayor número y ellos mismos serían los encargados de determinar cómo alcanzar esa felicidad. Así se dieron a la tarea de redistribuir y promover la felicidad.

No obstante, al poco tiempo vimos que ni siquiera ese principio ético era aplicado, ya que el objetivo dejó de ser “la mayor felicidad para el mayor número” y pasó a ser “la mayor felicidad para el menor número”, es decir, para los cercanos al poder. En tal sentido, desde la ética utilitarista, los políticos argentinos perdieron su sustento moral.

Lo mismo podría decirse desde la óptica kantiana. El primer imperativo categórico establece que se debe actuar según la máxima que quisiéramos fuese una ley universal. El segundo imperativo plantea que debemos actuar tratando siempre a los demás como fines y no como medios. Los políticos argentinos no cumplen con lo segundo, ya que utilizan a los votantes como medio para la satisfacción de sus propios fines. En cuanto al primero, la gran cantidad de privilegios que esos mismos políticos sancionan para sí mismos es clara demostración de acciones no generalizables.

Veamos algunos ejemplos: los congresistas sancionan impuestos de cuyo pago ellos mismos se eximen, el estado limita su pago de resoluciones judiciales a los montos anuales que él mismo determine y una reciente resolución establece la regularización del software, pero el gobierno se niega a cumplir con sus mismas normas. Consideremos este último ejemplo, ya que simboliza lo antes apuntado. Es conocido que en la Argentina gran parte del software utilizado en las computadoras es “pirata” o copiado, en lugar de ser comprado directamente a sus productores. En virtud de esto, el estado otorgó a una asociación civil formada por los productores de los programas de computación, llamada Software Legal, el poder supervisar, inspeccionar y controlar la legalidad del software que los argentinos usan.

Software Legal encontró que el gobierno nacional utiliza no menos de 90 mil computadoras con programas piratas. Según sus cálculos, la piratería alcanza 22,5 millones de dólares. Pero el estado argentino se niega a pagarlos, por lo que esta sociedad se plantea ya la necesidad de recurrir a los tribunales.

Al margen del interesante debate respecto al concepto de “copyright”, lo que el ejemplo muestra es el doble discurso que permanentemente el estado impone a la sociedad: ésta debe cumplir con ciertas normas o recibir sanciones, mientras que el estado no. En términos generales, lo mismo se puede decir respecto a las políticas macroeconómicas. A lo largo de varios años el estado ha impuesto fuertes ajustes al sector privado, pero se niega a apretarse su propio cinturón.

Existen muchas otras áreas en las que la inmoralidad de los procedimientos políticos es obvia, demostrada regularmente por algún escándalo. Todos ellos apuntan a una terrible conclusión: el estado argentino está fuera de la ley, o más precisamente, fuera de las normas éticas, ya que la ley “legislada” la dicta según su propia conveniencia.

Es cierto que Argentina necesita un rescate económico, pero más que eso necesita urgentemente un rescate moral y en esto no hay blindaje externo que funcione.

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Martín Krause es corresponsal en Buenos Aires de la agencia de prensa AIPE