Como afirmaba León XIII en la encíclica Rerum Novarum, "poseer bienes en privado (...) es derecho natural del hombre, y usar de este derecho, sobre todo en la sociedad de la vida, no sólo es lícito, sino incluso necesario en absoluto". La necesidad de este derecho es tal que sin éste, por ejemplo, no sería posible calcular ningún coste, ni la retribución que se le ha de pagar a una persona por desempeñar su trabajo. El desarrollo que ha experimentado el ser humano sería impensable si este derecho no existiese, y es que el ahorro es imposible sin propiedad.
Sin embargo, no hay derecho más atacado y despreciado. Los que más se oponen a él suelen basar su argumentación en que se trata del origen último de la miseria de muchas personas. Y en efecto es así, pero por razones totalmente opuestas a las que barajan los que demonizan y tratan de minusvalorar el derecho de propiedad.
Al comparar la situación económica entre los distintos países del mundo es casi inevitable preguntarse por las razones de semejante disparidad. Tradicionalmente se solía explicar esta diferencia por la distribución de las materias primas. Sin embargo, esta explicación dejó de tener sentido al comprobarse que podía haber países muy desarrollados en zonas de baja concentración de recursos. Posteriormente se acudió a la teoría de la explotación internacional, según la cual los países pobres se encontraban en esa situación porque haber sido colonias de los países ricos. Una vez que obtuvieron su independencia, partieron desde una situación de desventaja, al haber quedado toda la industria en la antigua metrópoli.
Esta teoría cayó por su propio peso cuando se comprobó que países en principio poco desarrollados económicamente experimentaban un desarrollo espectacular mientras que otros, que llevaban varias décadas más siendo independientes y que gozaban de una situación de partida más elevada, seguían al cabo de los años con una renta muy inferior al de las antiguas metrópolis.Si tratamos de obtener características comunes en los países de menor riqueza económica nos encontramos con una fundamental: la inseguridad jurídica de las propiedades de los ciudadanos más pobres. El proceso legal para adquirir y defender una propiedad frente a terceros es tan engorroso en dichos países que sólo los ciudadanos más pudientes, que pueden contratar los servicios de grandes asesores y gozan de grandes contactos con sus respectivas administraciones públicas, pueden completarlo con ciertas garantías. Para el resto de los ciudadanos la seguridad jurídica es nula. Así, tienen que adquirir sus viviendas, negocios, vehículos, etc., sin ninguna garantía de que el día de mañana sus derechos de propiedad puedan prevalecer frente a terceros. Los complejos procesos burocráticos son poco menos que de imposible acceso para la población en general.
En esos países la mayor parte de los ciudadanos compran y venden bienes cuya propiedad es desconocida o negada por las administraciones públicas. En dicha situación, el ahorro se vuelve imposible para los pequeños emprendedores. Poca gente se atreve a mejorar su negocio cuando su propiedad puede ser revocada por el Estado en cualquier momento. Además, se encuentran con la dificultad añadida de que es prácticamente imposible acudir a los mercados financieros, ya que no disponen de garantía alguna que ofrecer a los bancos para obtener préstamos, al no estar reconocidos oficialmente sus derechos de propiedad.
Es por ello que la debilidad de los derechos de propiedad se convierte en el principal obstáculo que afrontan los ciudadanos pobres de los países subdesarrollados. El costo del no reconocimiento de los derechos de propiedad ha sido tratado ampliamente por Hernando de Soto, quien da ejemplos escalofriantes, como el hecho de que en Haití se necesiten 65 trámites legales, que suelen requerir dos años, simplemente para obtener el permiso de arrendar un terreno público por un periodo de cinco años.
Por tanto, el derecho a la propiedad no es la causa de la pobreza de muchos seres humanos. Todo lo contrario: su negación motiva que éstos no puedan beneficiarse del fruto de su trabajo. La propiedad es una herramienta esencial para que los ciudadanos puedan constatar el resultado del trabajo que desempeñan, así como para que éste se materialice en inversiones, en adquisiciones que queden, con seguridad, en las manos de quienes las han acometido.
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