Primero, porque es mentira, nunca es así: los ejércitos siempre se expresan, en Francia como en cualquier otro país de democracia representativa, y ocurre incluso que, no teniendo otro medio de expresión, el Ejército saque los tanques por las calles. Lo cual es algo que más vale evitar, creo que estaremos todos de acuerdo sobre este punto.
Recordemos algunos principios básicos de nuestras democracias, por si las moscas: quien tiene el poder es el pueblo. Son los ciudadanos los dueños de la soberanía nacional, son ellos quienes eligen a sus representantes en el Parlamento, las Autonomías, los Municipios, y es el partido o la coalición de partidos que ha o han ganado las elecciones quienes forman los gobiernos, que son siempre interinos, puesto que cada cuatro años (en España) se vuelve a votar, y los electores pueden, cada cuatro años, cambiar de mayoría y de Gobierno.
Esto debería relativizar la soberbia de los gobernantes, pero nunca se da el caso. El poder, pues, es civil, emana del pueblo, que lo mismo que elige puede tumbar a sus representantes periódicamente. Esto no quiere decir, a mi modo de ver, que grandes e indispensables instituciones, como el Ejército, la Policía o la Magistratura, pongamos, estén total y obligatoriamente excluidos del debate nacional, que no tengan el menor derecho ni la menor posibilidad de opinar, sobre todo cuando está en juego la Constitución y la unidad de la nación. En un país verdaderamente democrático nadie, digo bien nadie, debería estar totalmente excluido del debate nacional, sencillamente porque esto no es democrático.
Que la forma en que el Ejército, o la Policía, pueda expresarse sea diferente, teniendo en cuenta el tradicional "deber de reserva", a la de diputados, periodistas, políticos, sindicalistas y demás profesionales del debate y la polémica que a diario se expresan en los platós de televisión, las tertulias radiofónicas y los periódicos, o en el Parlamento y las Cámaras autonómicas, para los diputados y senadores, puede ser aceptable, pero negar cualquier forma de expresar su opinión al Ejército, o a la Policía (ocurre que la Magistratura hable ella por los codos, y no siempre respete el secreto de la instrucción), en cuestiones de interés nacional, que constitucionalmente son de su incumbencia, me parece, repito, poco democrático.Me refiero, evidentemente, al teniente general José Mena Aguado, quien en ocasión de la Pascua Militar dijo verdades como templos sobre la inconstitucionalidad del proyecto de nuevo Estatuto votado por el Parlamento catalán, aludiendo a que tal vez el Ejército debería intervenir en defensa de la Constitución y de la unidad de la nación.
El jueves 19 El País, en primera plana, nos informaba de que el mismo general Mena, el 26 de octubre, en una reunión del Consejo Superior del Ejército, había ya expresado sus críticas y reservas sobre esta cuestión, añadiendo su "confianza en que la Corona reconduciría la situación", o sea, que mantendría los estatutos en su actual marco constitucional. A lo cual, siempre según El País, habría respondido el Jefe del Ejército, José Antonio García González, que ese "no era el foro" para debates políticos. Es posible, no lo discuto; lo que en cambio afirmo es que debería existir un "foro para debates políticos" en el que el Ejército pudiera expresar sus opiniones, dudas y criticas. Y ese foro podría perfectamente ser las Cortes, por ejemplo.
Yo no me meto en cuestiones jurídicas para saber si el Gobierno y su ministro de Defensa tenían legalmente derecho a destituir al teniente general Mena por declaraciones que no les han gustado; es posible. Pero lo que es seguro es que lo que ha dicho el general Mena lo piensa el Ejército, o buena parte de él, los presidentes de otras Autonomías, y no sólo la valiente Esperanza Aguirre, también socialistas, como sectores del PSOE y muchos más del PP, y a fin de cuentas la mayoría de los españoles.
El general Mena no ha expresado, pues, una opinión personal, atrabiliaria o "golpista", en un "foro" inadecuado: ha expresado la opinión de la mayoría de los españoles. Y si el "foro" era inadecuado, se trata precisamente de crear "foros adecuados" para que el Ejército pueda expresarse en un marco legal y respetuoso del poder civil. El Senado de los Estados Unidos no sólo discute el presupuesto de sus servicios secretos, también sus orientaciones y actividades. Es un ejemplo; hay otros.
Algunos me dirán que defiendo el Ejército cuando me conviene y le ataco, asimismo cuando me conviene, como en el caso del "Tejerazo". Pues resulta, señores, que el general Mena ha expresado pacíficamente la opinión mayoritaria del país en defensa de la Constitución, mientras que Tejero intentó, por la violencia, destruir esa misma Constitución. No se trata, pues, de actitudes diferentes, sino claramente opuestas.
Evidentemente, el asunto no está zanjado con la destitución del general Mena, ni en el Ejército ni en el país. Una cosa resulta evidente: el Gobierno se ha metido en un pésimo asunto para él, lo cual no tendría la menor importancia, pero sobre todo para España. Después de tanto debate y más trapicheos, oír a Zapatero y a su vicepresidenta afirmar que, "a fin de cuentas, saldrá un buen estatuto aceptado por todos, pero que si no sale no pasa nada", da risa. A eso lo califican de sentido de la responsabilidad y de la nación.Pero ese cobarde mutis por el foro, "no pasa nada, y si pasa no importa", es evidentemente falso: ha pasado algo muy grave, y sin solución a corto plazo. El proyecto de nuevo Estatuto votado por el Parlamento catalán es una canallada, y está visto que no se votará tal cual. Haberlo aceptado como positivo, con algunas enmiendas, enmiendas que van aumentando, que van creando al filo de sucesivos compromisos y cambalaches, un mejunje inaceptable para todos, constituye un error político tan grave que dejará heridas.
Buen termómetro del clima de guerra civil que han creado los ultranacionalistas catalanes lo tenemos en Avui, su portavoz, sin lectores por estar escrito en catalán pero con subvenciones, que "condena a muerte" los disconformes, como Boadella, Azúa, Espada y sus amigos, y trata cortésmente a los militares de hijos de puta.
Este mar de fondo, que amenaza, y menos mal, la continuidad del PSOE en el Gobierno, también se refleja en El País, que está hecho un lío, con colaboradores como V. Pérez-Díaz o A. Elorza, y algunos más, radicalmente opuestos al estatuto de "nación más privilegiada y de estirpe superior" y otros que buscan desesperadamente cómo salvar a Zapaterito del naufragio.