Los dos antiguos elementos responsables del crecimiento económico: tecnología y población, pueden hoy subdividirse en cuatro: 1) cantidad de trabajo (población), 2) calidad del trabajo (capital humano de esa población), 3) tecnología (I+D+i, infraestructuras, etc.) y 4) capital empresarial (que es el fundamental, pues es el que dirige y organiza a los otros tres).
Los tres últimos factores tienen un carácter eminentemente cualitativo y dependen fuertemente del sistema educativo y de un entorno institucional (derechos de propiedad, seguridad jurídica, libertad individual, etc.) en el que empresarios y trabajadores puedan decidir con libertad. Se pone así de relieve la importancia de la educación en el aumento del capital humano y de su calidad, en la investigación y la tecnología, todos ellos elementos que luego utilizará el empresario para lograr un crecimiento sostenido a largo plazo.
Conviene resaltar que economías como la antigua Unión Soviética o los países socialistas del este de Europa tenían una dotación de capital humano o de tecnología muy importante, pero carecían por completo del capital empresarial necesario para gestionar los otros tres factores: de ahí su fracaso.
El crecimiento de la economía, del empleo y del bienestar nace siempre de empresarios que detectan necesidades no satisfechas, o mal satisfechas, en la sociedad y se lanzan a satisfacerlas arriesgando y empleando capital, tiempo, trabajo, etc. En este proceso, el empresario utiliza unos factores de producción –a los que paga sueldos, salarios, precios o intereses– y los combina y gestiona para producir nuevos productos y satisfacer esas necesidades. Añade o crea valor donde antes no lo había. Es decir, crea nueva riqueza y empleo, y la economía en su conjunto crece.
Los beneficios que obtiene el empresario son siempre residuales, como diferencia, grosso modo, entre el precio de los bienes y el coste de producirlos. Es el mecanismo de mercado lo que dirige las inversiones y determina lo que debe o no debe producirse a largo plazo. Constituye el termómetro del éxito que ha tenido el empresario a la hora de satisfacer los deseos de la sociedad. Por ello, la intervención estatal en la formación de los precios de bienes, servicios y factores de producción, las políticas de gasto público y redistributivas pueden señalar a las empresas de forma errónea qué inversiones deben acometer y qué productos han de producir: puede que la sociedad no desee esos productos, o que los precios finales de venta sean excesivamente elevados para competir en un mercado abierto y global. Los incentivos que reciben entonces individuos y empresas pueden ser perversos y llevarlos a adoptar decisiones de inversión y consumo equivocadas: es lo que ocurre con las burbujas registradas en los últimos años, derivadas todas de fallos del Estado y de los gobiernos, no de los mercados.
Por otra parte, el empresario, al crear empleo, crea asimismo las fuentes de impuestos directos e indirectos (vía consumo) que financian el actual sistema de pensiones o funciones esenciales del Estado, como la provisión de justicia, defensa y seguridad nacional, la construcción de infraestructuras, etc.
Para llevar a cabo sus ideas e inversiones, el empresario necesita mercados de factores de producción, bienes y servicios libres, a salvo del intervencionismo estatal, y unas políticas económicas y sociales coherentes y estables. Por lo tanto, las medidas, regulaciones y actuaciones del Gobierno en los mercados de factores de producción, en los mercados de bienes, sus políticas económicas (impuestos, gasto público, definición del mercado) y las relacionadas con el Estado de Bienestar van a tener una influencia decisiva sobre la libertad de empresa y de mercado. Pueden introducir altas dosis de arbitrariedad y trastocar la asignación de recursos que llevarían a cabo libremente los empresarios. Se crean entonces unos niveles de incertidumbre (que no pueden cuantificarse) que se añaden a los propios riesgos cuantificables de la actividad empresarial.
La clave del futuro está en cambiar el entorno político, social e institucional y dar un giro de 180° al enfoque de la política económica. Para ello es preciso empezar por reconocer que el centro neurálgico de la actividad económica es el empresario, y en consecuencia el eje central de las políticas económicas debe orientarse a favorecer e impulsar la actividad empresarial como única fuente de crecimiento, empleo y bienestar. De ahí la necesidad de unas políticas fiscales, laborales, comerciales, energéticas, agrarias, etc., de carácter liberal, que creen un entorno económico favorable al surgimiento de nuevas empresas y al crecimiento de las existentes.
Lo malo es que el Gobierno actual, en lugar de reconocer que todo el crecimiento económico y la creación de empleo se produce en el ámbito de la empresa productiva, sigue basándose en una economía vudú y se dedica a criminalizar al sector empresarial, mientras glorifica a los sindicatos, principales responsables del desempleo, o bien centra su actividad en esquilmar a empresas e individuos con impuestos para después repartir lo obtenido, a través de un gasto público desbocado, en lobbies afines (v. g., el clan de los actores totalitarios del garfio) o en sectores obsoletos.
Los tres últimos factores tienen un carácter eminentemente cualitativo y dependen fuertemente del sistema educativo y de un entorno institucional (derechos de propiedad, seguridad jurídica, libertad individual, etc.) en el que empresarios y trabajadores puedan decidir con libertad. Se pone así de relieve la importancia de la educación en el aumento del capital humano y de su calidad, en la investigación y la tecnología, todos ellos elementos que luego utilizará el empresario para lograr un crecimiento sostenido a largo plazo.
Conviene resaltar que economías como la antigua Unión Soviética o los países socialistas del este de Europa tenían una dotación de capital humano o de tecnología muy importante, pero carecían por completo del capital empresarial necesario para gestionar los otros tres factores: de ahí su fracaso.
El crecimiento de la economía, del empleo y del bienestar nace siempre de empresarios que detectan necesidades no satisfechas, o mal satisfechas, en la sociedad y se lanzan a satisfacerlas arriesgando y empleando capital, tiempo, trabajo, etc. En este proceso, el empresario utiliza unos factores de producción –a los que paga sueldos, salarios, precios o intereses– y los combina y gestiona para producir nuevos productos y satisfacer esas necesidades. Añade o crea valor donde antes no lo había. Es decir, crea nueva riqueza y empleo, y la economía en su conjunto crece.
Los beneficios que obtiene el empresario son siempre residuales, como diferencia, grosso modo, entre el precio de los bienes y el coste de producirlos. Es el mecanismo de mercado lo que dirige las inversiones y determina lo que debe o no debe producirse a largo plazo. Constituye el termómetro del éxito que ha tenido el empresario a la hora de satisfacer los deseos de la sociedad. Por ello, la intervención estatal en la formación de los precios de bienes, servicios y factores de producción, las políticas de gasto público y redistributivas pueden señalar a las empresas de forma errónea qué inversiones deben acometer y qué productos han de producir: puede que la sociedad no desee esos productos, o que los precios finales de venta sean excesivamente elevados para competir en un mercado abierto y global. Los incentivos que reciben entonces individuos y empresas pueden ser perversos y llevarlos a adoptar decisiones de inversión y consumo equivocadas: es lo que ocurre con las burbujas registradas en los últimos años, derivadas todas de fallos del Estado y de los gobiernos, no de los mercados.Por otra parte, el empresario, al crear empleo, crea asimismo las fuentes de impuestos directos e indirectos (vía consumo) que financian el actual sistema de pensiones o funciones esenciales del Estado, como la provisión de justicia, defensa y seguridad nacional, la construcción de infraestructuras, etc.
Para llevar a cabo sus ideas e inversiones, el empresario necesita mercados de factores de producción, bienes y servicios libres, a salvo del intervencionismo estatal, y unas políticas económicas y sociales coherentes y estables. Por lo tanto, las medidas, regulaciones y actuaciones del Gobierno en los mercados de factores de producción, en los mercados de bienes, sus políticas económicas (impuestos, gasto público, definición del mercado) y las relacionadas con el Estado de Bienestar van a tener una influencia decisiva sobre la libertad de empresa y de mercado. Pueden introducir altas dosis de arbitrariedad y trastocar la asignación de recursos que llevarían a cabo libremente los empresarios. Se crean entonces unos niveles de incertidumbre (que no pueden cuantificarse) que se añaden a los propios riesgos cuantificables de la actividad empresarial.
La clave del futuro está en cambiar el entorno político, social e institucional y dar un giro de 180° al enfoque de la política económica. Para ello es preciso empezar por reconocer que el centro neurálgico de la actividad económica es el empresario, y en consecuencia el eje central de las políticas económicas debe orientarse a favorecer e impulsar la actividad empresarial como única fuente de crecimiento, empleo y bienestar. De ahí la necesidad de unas políticas fiscales, laborales, comerciales, energéticas, agrarias, etc., de carácter liberal, que creen un entorno económico favorable al surgimiento de nuevas empresas y al crecimiento de las existentes.
Lo malo es que el Gobierno actual, en lugar de reconocer que todo el crecimiento económico y la creación de empleo se produce en el ámbito de la empresa productiva, sigue basándose en una economía vudú y se dedica a criminalizar al sector empresarial, mientras glorifica a los sindicatos, principales responsables del desempleo, o bien centra su actividad en esquilmar a empresas e individuos con impuestos para después repartir lo obtenido, a través de un gasto público desbocado, en lobbies afines (v. g., el clan de los actores totalitarios del garfio) o en sectores obsoletos.
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El empresario opera en unos entornos económico, político-jurídico-institucional y socio-cultural que condicionan, positiva y negativamente, la actividad empresarial y el crecimiento económico.
El empresario debe competir en mercados de productos y servicios libres: son un incentivo para mejorar el producto o crear otros nuevos, con vistas a satisfacer las necesidades sociales mejor que la competencia. Por otro lado, debe obtener los factores de producción para producir sus bienes en mercados igualmente libres, en los que tiene que demostrar a los propietarios de los mismos que es capaz de ofrecer y obtener mejores condiciones económicas o sociales que sus competidores (en un mundo global, hablamos siempre de mercados abiertos a la competencia internacional, aunque hay sectores que funcionan al abrigo de dicha competencia). Es preciso subrayar la necesidad de que exista competencia viable tanto en los mercados de bienes como en los de productos y servicios para que se maximice el bienestar de toda la población.
Esos mercados libres de inputs y outputs permiten la formación de precios, esas señales que dirigen los proyectos empresariales hacia lo más rentable. Por ello, para que reflejen eficientemente las señales de escasez o abundancia de recursos, deben formarse libremente, sin la intervención estatal. Como es lógico, el mercado de la energía, el mercado laboral, la distribución comercial, etc., pueden convertirse en frenos que impidan a un empresario llevar adelante sus ideas.
Los gobiernos influyen de forma decisiva en la competitividad de la economía y en el funcionamiento de las empresas a través de los impuestos, los subsidios, los tipos de interés, el gasto público, cuestiones como la financiación autonómica, la unidad de mercado, etc.: todo ello se refleja en los costes de producción y repercute en los mercados de bienes, servicios y factores de producción.
Es decir, la política macroeconómica que se aplique, el intervencionismo de los gobiernos en los mercados, la fiscalidad, la educación, etc., afecta decisivamente a las decisiones empresariales. En lugar de limitarse a crear un entorno que favorezca la creación y el crecimiento de empresas, lo que tratan de hacer los gobiernos socialistas de todos los partidos es definir dónde, cómo y cuándo deben desarrollarse las ideas empresariales. Es un pensamiento típicamente reaccionario que nos retrotrae a los años 60, con la planificación indicativa del franquismo, o a los planes quinquenales de las democracias populares del socialismo real. Están obsesionados con la distribución de la renta nacional, y no se percatan de que sus políticas intervencionistas afectan gravemente a la creación de riqueza.
Es necesario por ello volver a los principios básicos de la economía de libre mercado, limitarse a definir unas reglas del juego claras y estables y quitar los frenos y barreras con que se topa la actividad empresarial.
VICENTE BOCETA, técnico comercial y economista del Estado.
LA BATALLA DE LAS IDEAS: El ocaso de las ideas - El capitalismo democrático.
El empresario debe competir en mercados de productos y servicios libres: son un incentivo para mejorar el producto o crear otros nuevos, con vistas a satisfacer las necesidades sociales mejor que la competencia. Por otro lado, debe obtener los factores de producción para producir sus bienes en mercados igualmente libres, en los que tiene que demostrar a los propietarios de los mismos que es capaz de ofrecer y obtener mejores condiciones económicas o sociales que sus competidores (en un mundo global, hablamos siempre de mercados abiertos a la competencia internacional, aunque hay sectores que funcionan al abrigo de dicha competencia). Es preciso subrayar la necesidad de que exista competencia viable tanto en los mercados de bienes como en los de productos y servicios para que se maximice el bienestar de toda la población.Esos mercados libres de inputs y outputs permiten la formación de precios, esas señales que dirigen los proyectos empresariales hacia lo más rentable. Por ello, para que reflejen eficientemente las señales de escasez o abundancia de recursos, deben formarse libremente, sin la intervención estatal. Como es lógico, el mercado de la energía, el mercado laboral, la distribución comercial, etc., pueden convertirse en frenos que impidan a un empresario llevar adelante sus ideas.
Los gobiernos influyen de forma decisiva en la competitividad de la economía y en el funcionamiento de las empresas a través de los impuestos, los subsidios, los tipos de interés, el gasto público, cuestiones como la financiación autonómica, la unidad de mercado, etc.: todo ello se refleja en los costes de producción y repercute en los mercados de bienes, servicios y factores de producción.
Es decir, la política macroeconómica que se aplique, el intervencionismo de los gobiernos en los mercados, la fiscalidad, la educación, etc., afecta decisivamente a las decisiones empresariales. En lugar de limitarse a crear un entorno que favorezca la creación y el crecimiento de empresas, lo que tratan de hacer los gobiernos socialistas de todos los partidos es definir dónde, cómo y cuándo deben desarrollarse las ideas empresariales. Es un pensamiento típicamente reaccionario que nos retrotrae a los años 60, con la planificación indicativa del franquismo, o a los planes quinquenales de las democracias populares del socialismo real. Están obsesionados con la distribución de la renta nacional, y no se percatan de que sus políticas intervencionistas afectan gravemente a la creación de riqueza.
Es necesario por ello volver a los principios básicos de la economía de libre mercado, limitarse a definir unas reglas del juego claras y estables y quitar los frenos y barreras con que se topa la actividad empresarial.
VICENTE BOCETA, técnico comercial y economista del Estado.
LA BATALLA DE LAS IDEAS: El ocaso de las ideas - El capitalismo democrático.