La ampliación de la UE

En términos absolutos, España es todavía la mayor beneficiaria de los fondos europeos porque su población es cuatro veces más grande que la de Portugal y Grecia y diez veces más grande que la de Irlanda. Actualmente todo estado europeo, cuya renta per cápita sea menor que el 90 por ciento de la renta per cápita de la media, percibe dinero de dichos fondos. España alcanza el 83 por ciento de la media comunitaria. Sin embargo, la situación cambiará radicalmente con la entrada de los nuevos países en la comunidad. Cincuenta y una de las cincuenta y tres regiones de los países candidatos tienen una renta per cápita inferior al 75 por ciento. Para España supondría que, sólo Andalucía, Extremadura y Castilla la Mancha seguirían percibiendo dinero de Bruselas.

Es lógico pues, que recientemente José María Aznar haya hecho énfasis en el impacto estadístico según el cual, “las regiones españolas no serán más ricas si entran estados más pobres en la comunidad”. El mal llamado impacto estadístico es un ejemplo más de la jerga política, que al fin y a cabo aporta poco. Olvidando la palabra “estadística” y preguntándonos por el impacto que tendrá la ampliación para España, resulta evidente que un país todavía relativamente pobre se convertirá, con la entrada de países aún más pobres, en un país relativamente rico. Planteado así el problema, toda polémica sobre impactos estadísticos resulta superflua. El único efecto conseguido ha sido afear la imagen de España en el resto de Europa. Así por ejemplo, el diario semanal alemán Die Zeit , llamó a España “el mendigo rico” y el periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung afirmó que España ha pasado “de ser el niño modelo europeo, al perturbador permanente”.

El comportamiento de España es, sin embargo, comprensible por dos razones. Primera porque padece del mal de las subvenciones, que por muy loables que sus fines sean, crean dependencia y producen efectos secundarios. De manera que el perceptor se acostumbra y las ayudas se terminan convirtiendo en un derecho exigible casi imposible de revocar.

La segunda razón la encontramos en la filosofía subyacente de la actual construcción del sistema de la UE, es decir en la preeminencia que goza el factor político respecto al económico. Tras la catástrofe de dos guerras mundiales, la UE fue creada con el fin primordial de asegurar la convivencia pacífica de los pueblos europeos en general, y los de Francia y Alemania en particular. Para alcanzar dicho fin no olvidaron los fundadores la importancia del componente económico, como pieza clave en la construcción. El libre intercambio entre los estados miembros no puede sino conducir a una convivencia armoniosa.

El político por el contrario redistribuye. Quita algo a alguien para dárselo a otro. En ocasiones en función de criterios que resultan no ser tan honestos. Esto, tarde o temprano, conduce a conflictos entre las partes. La UE se ha convertido en una gigantesca máquina de redistribución de medios financieros entre Estados, regiones y candidatos potenciales. Parece que se esté moviendo en un callejón sin salida, y esto resulta más evidente cuantos más países llaman a la puerta.

Visto de este modo, habría quizá que agradecer las peticiones españolas, pues nos abren una vez más los ojos ante lo que puede suceder en el futuro. Una ampliación sostenida en principios políticos tendría pocas posibilidades de alcanzar los fines pretendidos. Además, las disputas actuales entre España y Alemania son sólo un preludio de los conflictos que sobrevendrían en una comunidad con mayores diferencias regionales.