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Rajoy ante ETA

La situación política en el País Vasco con respecto al terrorismo se ha convertido en un laberinto de mentiras. Cada cual lanza la suya no tanto para que la crea el contrario como para convencer a su parroquia. La ETA dice abandonar las armas porque ha alcanzado sus objetivos, una mentira como un castillo. El Gobierno del PSOE decía que la banda terrorista dejaba la lucha armada porque había sido derrotada, una falsedad evidente.

La ETA

La propaganda etarra afirma que ha llegado el momento de abandonar las armas e iniciar un proceso democrático en el que intervengan todas las fuerzas políticas para superar el conflicto. Lo de proceso democrático para superar el conflicto es una manera de hablar de la independencia. Y la necesidad de que intervengan todas las fuerzas políticas implica la exigencia de que ETA intervenga en el proceso para supervisarlo.

Es evidente que la política antiterrorista de la era Aznar puso a la banda contra las cuerdas. Por un lado, fue perseguida policialmente con ahínco y eficacia. También se le cegaron los medios de propaganda. Además, se dinamitó su estructura de financiación. Finalmente, y quizá lo más importante, se le vedó el acceso a la participación política. En tales condiciones, estando ETA muy cerca de la derrota, llegó el PSOE y le abrió la puerta de una salida negociada como alternativa a la desaparición sin más. La organización decidió aprovecharla. Algunos dirigentes etarras se dieron cuenta de que los asesinatos y secuestros ya no producían el rédito político acostumbrado, porque la política de Aznar había roto la dialéctica acción-reacción-acción desde el momento en que la reacción policial producía más aplausos que indignación entre los vascos y las acciones consiguientes de los terroristas resultaban cada vez más abominables.

Debilitada en sus fuerzas y desarbolada estratégicamente, la oferta del PSOE, una oferta que llegó antes de las elecciones de 2004 –esas que, por alguna razón, los socialistas esperaban ganar–, se le figuró a la banda extraordinariamente atractiva. Y fue entonces cuando los terroristas diseñaron la estrategia del proceso político democrático con intervención de todas las fuerzas y el abandono de los atentados. Probablemente no hicieron otra cosa que hacer de la necesidad, virtud. Luego, analizada la estrategia, se percataron de que tenía varias ventajas. La primera era que la ausencia de atentados permitiría que sus partidos políticos recibieran los votos de quienes, compartiendo los fines, odiaban los métodos de la banda. La segunda era que le facilitaría seguir influyendo en la política del País Vasco sin necesidad de atentar, algo para lo que, de todas formas, tenía pocos medios. La última era que, participando en las instituciones, podría reponer sus mermadas finanzas. Ahora, estas tres ventajas sólo podían aprovecharse si el Gobierno socialista le dejaba concurrir a las elecciones, especialmente a las municipales. Todos los españoles saben, siquiera por intuición, que sin la sentencia del Tribunal Constitucional que permitió a Bildu participar en las elecciones municipales de 2011 jamás habría habido comunicado la ETA su deseo de abandonar las armas.

El siguiente paso etarra sólo puede ser el de lograr con el PNV en el Parlamento autonómico una mayoría independentista que, más tarde o más temprano, con referéndum o sin él, proclame la independencia del País Vasco. Todo se hará a través de una serie de pasos o etapas de carácter abiertamente inconstitucional, sin que el Gobierno de la nación haga nada, temeroso de que vuelvan los atentados. Este sería el modo en el que la ETA supervisaría el proceso que ella llama "democrático", amenazando con el retorno de la violencia si no se hace lo que la ETA crea que hay que ir haciendo. Si Madrid interviniera bajo el pretexto de aplicar la Constitución o las leyes, la ETA volvería a matar. Parafraseando a Clausewitz, podría decirse que la nueva estrategia de ETA consiste en hacer la guerra por otros medios.

El Gobierno del PSOE

El PSOE ha tratado de vender a la sociedad española una burra llena de mataduras. Según él, ETA ha sido derrotada. Se abre una nueva era en la que, para evitar la vuelta del terrorismo, basta ser generoso, muy generoso, con los terroristas encarcelados. Las víctimas del terrorismo, ebrias por su ansiedad de venganza, serían el gra obstáculo. Los españoles tienen que comprender que no merece la pena arriesgar una vuelta a los años de plomo por empeñarse en que unos centenares de terroristas expíen sus culpas hasta el último día ahora que son inofensivos y que, de todas formas, han penado suficiente tiempo en las cárceles españolas.

Es una sarta de mentiras. La ETA no ha vencido, pero tampoco ha sido derrotada. Ni es verdad que haya abandonado la violencia, porque la amenaza de volver a emplearla si el proceso político que pretende poner en marcha descarrila es también una forma de violencia. Encima, aunque hayan dejado de producirse asesinatos, las agresiones de todo tipo siguen estando muy presentes en la política del País Vasco. ¿O es que no sigue haciendo falta mucho más coraje para ser concejal del PP en un pueblo del Goyerri que en uno de La Rioja o incluso de Lérida? ¿Es que se habla ahora de política con la misma libertad en una tasca de Pasajes y en una taberna de Talavera de la Reina? A lo mejor un día sí, pero hoy por hoy, no. Cuando un concejal o un simpatizante del PP en el País Vasco es objeto de un insulto o una amenaza por parte de un abertzale, está siendo víctima de un acto de terrorismo, puesto que se trata de violencia con fines políticos. Se puede, si se quiere, hacer distingos de intensidad, pero no debieran hacerse respecto de la calidad, que es inequívocamente terrorista. Este tipo de violencia no ha desaparecido del País Vasco.

También es mentira que la ETA haya abandonado la lucha armada con la sola condición de que se mejoren las condiciones de sus presos. Éstos apenas preocupan a la banda. No harán ascos a cualquier medida de buena voluntad que cualquier Gobierno pusilánime quiera ofrecerles, pero no es eso lo que les preocupa. Lo esencial es que lo que ellos llaman "proceso político", que empieza con entrar en las instituciones y acaba con la proclamación de independencia, no sea interrumpido.

Las opciones de Rajoy

Ante la nueva estrategia de ETA, lo ideal habría sido impedir a los partidos de la banda la participación política hasta la desaparición formal de la misma (disolución y entrega de las armas) y de la violencia con fines políticos en el País Vasco, lo que habría requerido varios años de verdadera paz. Mientras ETA esté ahí, con las armas en las pistoleras, dispuesta a desenfundar en el mismo momento en que las cosas no vayan como cree que deben ir, no puede decirse que haya paz, por lo que no debió dejarse a sus peones presentarse a las elecciones.

Pero se presentaron, y la responsabilidad, al menos formalmente, corresponde a los seis magistrados del Tribunal Constitucional que, siendo dudosamente competentes e ignorando las pruebas que convencieron al Tribunal Supremo, decidieron que Bildu pudiera concurrir a las municipales de 2011.

¿Qué se puede hacer ahora? Lo primero es agotar las posibilidades de ilegalización de Bildu y Amaiur, así como impedir la irrupción de Sortu o de cualquier otro disfraz con el que la ETA quiera concurrir a cualesquiera comicios. No debería ser muy difícil, ya que en España a las organizaciones terroristas se les prohíbe concurrir a las elecciones. Y la ETA, sea cual sea el contenido de sus comunicados, lo es. Pero si eso no fuera posible o políticamente se considerara contraproducente, que no tendría por qué serlo, hay que encontrar el modo de enfrentarse al nuevo desafío etarra.

Hay que obrar para que lo que en el inmediato futuro puede ser una mayoría de votantes independentistas se convierta en una minoría incapaz de imponer su voluntad separatista. No se trata de que en el País Vasco no haya democracia. Al contrario. Se trata de lograr que sea verdadera. Para eso, lo primero es que las libertades públicas sean un hecho en todo el País Vasco, incluidas las pequeñas ciudades que dominan los abertzales. Eso exige que en todas ellas las personas que no piensen como ellos puedan expresarse libremente, asociarse y tomar parte de la política sin miedo a ser objeto de insultos o amenazas. Así las cosas, hay que identificar, detener y condenar a todo aquel abertzale que se permita salirse un dedo del marco legal. En España, las injurias y las amenazas son delitos. El problema es que, allí, la Ertzaintza no parece muy dispuesta a perseguirlos y las fuerzas del orden que obedecen al Gobierno de la nación no tienen infraestructura, ni probablemente competencia, para perseguir estos pequeños delitos como no sea tipificándolos como terrorismo, que es lo que por otra parte son. Si fuera necesario introducir alguna reforma en el Código Penal, habría que ponerse inmediatamente a ello.

Ahora bien, eso no bastaría para que la democracia pudiera florecer. Habría que encontrar el modo de que los centenares de miles de vascos que se vieron obligados a huir de su tierra por no ser separatistas puedan votar allí sin necesidad de tener que volver, pues es muy probable que, sin que haya verdadera y propia paz, que no la hay, no tengan muchas ganas de hacerlo. El problema es jurídicamente muy complejo, pero alguna fórmula habrá. Lo que hay que hacer es encontrarla.

Si finalmente se consigue que los abertzales no sean dueños de la calle; si se logra que los que no piensan como ellos puedan actuar libremente en política sin miedo a verse insultados o amenazados; si desaparece toda forma de violencia; si todos los vascos pueden participar libremente en las elecciones que allí se celebren, y, si a pesar de todo eso, resulta que en sucesivas elecciones los independentistas constituyen una sólida mayoría que desea con franqueza ser independiente de España, quizá será porque ha llegado el momento de que lo sea. Pero mientras tanto no ha de tolerarse que los etarras, con la palma de la mano acariciando las cachas de sus pistolas y prestos a apretar el gatillo cuando las cosas no salgan a su gusto, impongan una solución supuestamente democrática votada por unos aterrados ciudadanos temerosos de que el terrorismo en su peor forma vuelva a hacer acto de presencia en sus calles y prescindiendo por completo de aquellos vascos a los que la ETA obligó a emigrar.

La fuerza de ETA

Al final, en este laberinto de espejos la cuestión esencial será, como siempre que hay que enfrentarse a una organización terrorista, la fuerza que ésta pueda conservar (o adquirir), con vistas a volver a atentar si no obtiene los resultados apetecidos. Por eso, la presión policial debiera de ser la de siempre o incluso superior. Si realmente existe el riesgo de que ETA vuelva a atentar será porque tiene suficiente fuerza para hacerlo, y el tiempo no hará otra cosa que no sea reforzarla si la Policía no se emplea en evitarlo. Y como se supone que el Estado impedirá de un modo o de otro la independencia del País Vasco, el mejor modo de prepararse contra la amenaza etarra de volver a atentar consiste en detener a los terroristas. Y si eso provoca que vuelvan los atentados hay que pensar que, de todas formas, tarde o temprano habría sucedido, pero con más fuerza. Y si fuera verdad que la banda ha perdido toda su fuerza para atentar, razón de más para impedir que intervenga en la política del País Vasco.

El PSOE ha dejado casi sin opciones al Gobierno del PP, pero haberlas, haylas. Veremos si hay además voluntad de aprovecharlas.

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