Impuestos para la pobreza

En 1998, algunos expertos en asuntos económicos plantearon que como la carga tributaria de Costa Rica no superaba el 20 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), había que incrementarla hasta llegar a los niveles de muchos países desarrollados: entre el 30 por ciento y el 45 por ciento. Esto toma fuerza ahora que un estudio recientemente presentado por Jorge Corrales, subcontrolador de la República, revela que la carga tributaria en Costa Rica se ha mantenido alrededor del 18 por ciento del PIB durante las últimas tres décadas, eso sí, con significativos cambios en su composición. Debo señalar que los “expertos” se encuentran en un grave error, porque antes que la carga tributaria nominal, lo que importa es cuándo y en qué forma se cobran los impuestos. Y en esto ha existido una gran diferencia entre los países ricos y los subdesarrollados.

El cuándo es fundamental. En los países desarrollados, los gobernantes cobran los impuestos después de que los individuos y las empresas hayan creado la riqueza. Por esta razón, dentro de su estructura impositiva dominan los impuestos a la renta, tanto personal como corporativa. Esta práctica de no entorpecer la generación de riqueza se traduce en un alto grado de libertad económica para los ciudadanos: mucha libertad para el comercio internacional, pocas trabas para establecer empresas, un mínimo de regulaciones, pocas actividades monopolizadas por el estado, una moneda estable, buena infraestructura como carreteras, puertos, aeropuertos, etc.

En los países subdesarrollados como Costa Rica, los gobernantes cobran los impuestos antes de que los actores económicos hayan generado la riqueza. Por esta razón, dentro de su estructura impositiva dominan los impuestos a la producción, o lo que los economistas llaman impuestos indirectos. El estudio de Corrales indica que en el año 2000 la suma de los impuestos de la seguridad social más las cargas sociales, el selectivo de consumo y el impuesto de ventas representó el 68 por ciento del total recaudado; el impuesto sobre la renta sólo alcanzó el 14,5 por ciento. Esta forma de cobrar impuestos, combinada con otras medidas que gravan o dificultan la creación de riqueza, se traduce en poca libertad económica para los ciudadanos: poca libertad para el comercio internacional (altos impuestos y otras barreras), varios mercados monopolizados por el estado, requerimiento de licencias para casi toda actividad económica, excesivas regulaciones y trámites para establecer empresas, alta inflación o moneda inestable y un largo etcétera. En la práctica, todas estas medidas representan impuestos indirectos; la inflación es uno de los más nefastos. Al final de cuentas, los habitantes terminan generando sólo una mínima fracción de la riqueza que habrían podido originar.

Para corroborarlo, basta una comparación. En 1950, los singapurenses y los costarricenses tenían el mismo ingreso por persona: unos 600 dólares (constantes de 1992). En el 2000, los singapurenses lograron un ingreso de 29.610 dólares, mientras que los ticos sólo unos 2.740 dólares per cápita (World Development Report 2000/2001, Banco Mundial). ¿Por qué, en tan poco tiempo, esos asiáticos alcanzaron un ingreso 10,8 veces superior al nuestro? La clave está en que a partir de 1965 Singapur implementó una estrategia de desarrollo basada en la libertad económica de los individuos; es decir, en permitirles crear riqueza. En el Informe Anual 2001 del Fraser Institute sobre el estado de la libertad económica en el mundo, Singapur ocupa el segundo lugar y Costa Rica, el 24. En la clasificación Heritage Foundation/Wall Street Journal del año 2000, Singapur ocupa el segundo lugar; Costa Rica el 58.

El craso error de nuestros “expertos” consiste en que ignoran que no es lo mismo permitir la generación de riqueza y luego tomar el 40 por ciento para verdaderamente invertirlo en infraestructura y otros servicios, que hacerlo a través de infinidad de intervenciones gubernamentales, reduciendo el PIB al 10 por ciento de lo que hubiese sido y después tomar 1/5 de lo producido para malgastarlo en subsidios a las empresas de políticos, salarios de una frondosa burocracia, elefantes blancos, etc. Si se contabilizara el efecto total de las medidas económicas, la carga impositiva real podría superar el 800 por ciento del PIB finalmente producido.

Dado que una de las malas razones para cobrar impuestos es la redistribución del ingreso, todo lo anterior indica que en los países desarrollados se le permite a la gente producir el pastel (riqueza) y luego se reparte una porción de él según el gusto de los gobernantes. En los países subdesarrollados, en cambio, los gobernantes impiden que los individuos produzcan riqueza, y distribuyen a su gusto parte de la pobreza resultante. Eso sí, todos los días anuncian programas para combatir la pobreza.

© AIPE

El costarricense Rigoberto Stewart es director del Instituto para la Libertad y el Análisis de Políticas Públicas