Igualdad de oportunidades contra igualdad de resultados

Por supuesto, la competencia deportiva pierde sentido cuando la planteamos de esta forma. Todos los días aceptamos que es “justo” que desiguales se enfrenten y compitan bajo reglas iguales para cada participante. El “chiste” del juego es que sometidos a las mismas reglas sabremos quién es mejor en el fútbol, en el tenis, en las carreras de autos. Si algún benévolo legislador deportivo pretendiera modificar las reglas para darles una “ayudadita” a los menos capaces, de inmediato protestaríamos.

La igualdad ante la ley es la piedra angular del Estado de Derecho. Pero la igualdad ante la ley significa también que el legislador no puede “saber” de antemano quién resultará perjudicado o quién resultará beneficiado en el futuro por la aplicación de la ley. Lo único que podemos saber es que, aplicada a individuos diferentes, la igualdad jurídica no producirá resultados iguales para todos.

Cuando nos sometemos a un examen médico, no pedimos que se “tomen en cuenta las circunstancias” y se le hagan modificaciones a los aparatos de medición, para que nuestros resultados sean iguales a los de todos. Cuando presentamos un examen de conocimientos no pedimos que se consideren las circunstancias y que forzosamente los resultados del examen sean los mismos para todos. Como las preguntas y las condiciones del examen son las mismas, ¡los resultados serán diferentes! Nos parecería profundamente injusto que quien menos sabe obtuviese la misma calificación que quien más sabe.

¿Por qué aceptamos la igualdad de reglas en estos terrenos y en cambio buscamos tratos desiguales en las leyes que rigen la convivencia social, desde el pago de impuestos hasta las normas aplicables a una persona de tal etnia, de tal color, de tales antecedentes?

Tal vez porque los políticos y los legisladores creen que pueden “componer” el mundo mediante la aplicación de reglas especiales, circunstanciales, providentes. No legislan, administran privilegios, lo cual es profundamente inmoral e injusto, además de ser un magnífico negocio llamado tráfico de influencias.

En la cámara de diputados se nos propuso a todos los mexicanos que “tomando en cuenta las circunstancias” les diésemos a los indígenas un trato diferente que al resto de los mexicanos. Se supone que ese llamamiento es profundamente compasivo y solidario hacia quienes sufren (nadie lo niega) penosas condiciones de vida. Sin embargo, es difícil entender cómo discriminando en la ley, en lugar de igualando ante la ley, vamos a combatir la discriminación.

¿Hay una discriminación “buena” y otra “mala”?, ¿es aberrante que un político hable de dar a las mujeres un trato diferente al que recibimos los hombres, pero no es aberrante que hablemos de darle a tales y cuales etnias un trato diferente que al resto de los mexicanos?

Lo mismo sucede en la legislación tributaria típica que pretende “distribuir el ingreso” (digamos que mañana un compasivo legislador decide que hay que exentar del pago de impuestos a los fabricantes de guitarras porque es una actividad poco rentable, ¿sería justo?), o con toda la legislación que pretende lograr resultados igualitarios específicos.

Cito a Friedrich Hayek, quien lo expresó magistralmente: “toda política directamente dirigida a un ideal sustantivo de justicia distributiva tiene que conducir a la destrucción del Estado de Derecho. Provocar el mismo resultado para personas diferentes significa, por fuerza, tratarlas diferentemente”.

Tratar diferentemente es una atribución que jamás se debe arrogar el legislador. Tratar diferentemente en la ley y en la aplicación de la ley es el camino no sólo de la corrupción, sino de la tiranía.

© AIPE

El mexicano Ricardo Medina Macías es analista político