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ENTREVISTA A MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA

“Hay que reformar el sistema parlamentario para no estar en manos de nacionalistas y minoritarios”

El hasta hace tres meses presidente del Tribunal Constitucional comienza el nuevo curso desde la barrera instalado en su bufete madrileño. Su sucesora en el cargo, María Emilia Casas, de corte nacionalista, es la antítesis de lo que él ha representado durante los tres últimos años al frente del máximo órgano constitucional. A sus 75 años este abogado durante casi medio siglo, ministro, embajador, consejero de Estado, catedrático de Derecho Político, tiene una clara idea de España, se muestra abiertamente partidario de reformar el sistema parlamentario para no ser rehenes de los nacionalistas y minoritarios, considera un disparate hablar de “nacionalidades históricas” o naciones y no le gustan ni el posado de La Moncloa ni cómo está planteada la ley sobre violencia doméstica. Recomienda al Gobierno que sea más cauto porque con tanta rectificación crea “problemas inútiles”.

El hasta hace tres meses presidente del Tribunal Constitucional comienza el nuevo curso desde la barrera instalado en su bufete madrileño. Su sucesora en el cargo, María Emilia Casas, de corte nacionalista, es la antítesis de lo que él ha representado durante los tres últimos años al frente del máximo órgano constitucional. A sus 75 años este abogado durante casi medio siglo, ministro, embajador, consejero de Estado, catedrático de Derecho Político, tiene una clara idea de España, se muestra abiertamente partidario de reformar el sistema parlamentario para no ser rehenes de los nacionalistas y minoritarios, considera un disparate hablar de “nacionalidades históricas” o naciones y no le gustan ni el posado de La Moncloa ni cómo está planteada la ley sobre violencia doméstica. Recomienda al Gobierno que sea más cauto porque con tanta rectificación crea “problemas inútiles”.
Manuel Jiménez de Parga
La actual presidenta del TC, Maria Emilia Casas no votó a su favor cuando usted salió elegido presidente del Tribunal Constitucional y presenta un perfil marcadamente nacionalista, ¿debemos prever un cambio de rumbo en el tribunal?
 
Yo con ella he tenido una relación normal, sin ningún enfrentamiento. Como presidente procuraba ser un poco suavizador quitándole hierro a las cosas. Pero concretamente María Emilia tiene una formación distinta a la mía, ella es catedrática de Derecho Laboral que es una materia muy concreta dentro de la enciclopedia jurídica y que se lo sabe muy bien, pero yo soy catedrático de Derecho Político, hoy Constitucional. O sea, mi visión del Estado no puede ser la misma que la suya porque ella es de otro mundo. Ella es una persona muy trabajadora y meticulosa. Hemos firmado juntos centenares de resoluciones.
 
¿Qué opina de la aprobación por parte del Gobierno del cambio del sistema de mayorías en el CGPJ para el nombramiento de los altos cargos de los tribunales de Justicia?
 
Lo aprobado ahora por el Gobierno supone la alteración de uno de los Poderes esenciales del Estado, el Judicial. Es una modificación con un alcance extraordinario. Cuando en 1985 se produjo la primera modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial se alteró el sistema de poderes establecido por la Constitución en 1978 sin cambiar la Carta Magna. Espero que el Parlamento lo estudie con la minuciosidad y la seriedad que este cambio requiere.
 
Estamos en una legislatura calificada por algunos como “constituyente”. ¿Qué opina de la situación actual, sobre la posibles reformas estatutarias y las distintas reformas de la Constitución que se están planteando?
 
El mero hecho de que se tramite el plan Ibarreche es un disparate
Existe una Constitución en vigor con unos principios esenciales y unas reglas de procedimiento para su reforma. Siempre que se respeten los principios constitucionales y cualquier procedimiento se haga con respecto a las reglas establecidas puede reformarse. Las Constituciones no son dogmas intocables. Se van adaptando a las circunstancias cambiantes.
 
Luego, es partidario de reformar la Constitución.
 
Hay una interpretación errónea al pensar que las Constituciones no se modifican. Las grandes Constituciones en el mundo en el sentido de larga vida, como la de los Estados Unidos de América, ha sido enmendada en distintas ocasiones y sobre todo ha sido interpretada por el Tribunal Supremo americano, de manera que con un mismo texto de finales del siglo XVIII, con una vigencia extraordinaria se han establecido allí tres regímenes políticos distintos. Los padres fundadores establecieron un régimen congresional. Luego por la fuerza de los jueces se estableció el gobierno de los jueces cuando estos se impusieron a los otros poderes. Y finalmente cuando el último Roosevelt de la guerra mundial del 39, un régimen presidencialista que es el actual. Esto indica que los textos se adaptan según las circunstancias.
 
Quienes pretenden reformarla en España reivindican su condición de naciones. Ibarreche ha dicho que “Cataluña es una nación, Euskadi es una nación y no vamos a permitir a nadie que niegue nuestra personalidad”.
 
Lo que ha dicho Ibarreche no tiene ningún sentido. La Constitución es rotunda. La nación española es la titular de la soberanía y en consecuencia el único titular del poder soberano en tanto en cuanto el poder constituyente es la nación española. Así lo dice la Constitución como lo dijo la de Cádiz. Si un día se llega a cambiar el titular del poder constituyente, eso sería destruir la Constitución.  
 
El concepto de nación surge a partir del siglo XIX, sobre todo después de Napoleón se van consolidando en Europa las naciones y la doctrina va consolidando lo que es una nación. Nosotros en España desde 1812 con la Constitución de Cádiz se dice que España es una nación. Por lo tanto dentro de la península, sólo España y Portugal son naciones en el sentido jurídico-político. Ni Euskadi, ni Cataluña, ni Andalucía ni Galicia son naciones. Son pueblos que naturalmente tienen su historia.
 
Los nacionalistas pretenden incluir el derecho de autodeterminación en los preámbulos de los nuevos Estatutos de autonomía. ¿Cabe este derecho en la Constitución?
 
Es un derecho que se estableció cuando los países estaban sometidos a las colonias. En los Estados nacionales no cabe. Lo dijo recientemente la famosa sentencia del Tribunal Supremo de Canadá cuando los intentos de Québec. La autodeterminación no es aplicable a los Estados de Derecho existentes, fue aplicado a los procesos de descolonización para las colonias que estaban sometidas sin ningún tipo de presencia en los órganos directivos de las naciones. Los estatutos deben ser aprobados por las Cortes Generales y en ningún caso éstas deben aprobar una secesión. Cualquier modificación constitucional exigiría finalmente referéndum.
 
Pero el Parlamento vasco aprobó el derecho de autodeterminación en febero de 1990. ¿Cómo es posible que un parlamento autonómico apruebe una cuestión inconstitucional como esa y que no haya pasado nada?
 
Por cuestiones políticas, no jurídicas, se han dejado algunas cosas que debían haberse evitado. Eso es un tema político del momento. Porque lo que el parlamento aprobó en su momento es una declaración, una especie de intención o afirmación sin consecuencia práctica o jurídica.
 
Política sí, el nacionalismo esgrime como argumento que el derecho de autodeterminación ha sido votado expresamente por el parlamento vasco.
 
Es lo mismo que el Ayuntamiento de Reus que dijo que Dios no existía o la reciente reunión de varios consistorios catalanes para decir que ya no existen las corridas de toros.
 
¿Qué ocurrirá si el Parlamento vasco aprueba el Plan Ibarreche, dejando en minoría al PSE y el PP? La intención del Ejecutivo de Vitoria es enviarlo a las Cortes Generales, como es preceptivo, y si éstas votan en contra o tardan en contestar, someterlo a referéndum.
 
Sobre el posado de las ministras en la Moncloa me pregunto ¿cómo se prestaron a eso?
Sencillamente no pueden porque no pueden convocar referéndums. Sólo puede convocarlos el Estado, con competencia exclusiva. Jurídicamente otra consulta popular no tiene valor. A mi juicio el plan Ibarreche no puede ni siquiera tramitarse porque atenta contra principios constitucionales básicos como son la unidad de la titularidad del poder constituyente, que corresponde a la totalidad de los españoles y no a ellos. Contra mi tesis, un sector del tribunal dijo que la tramitación en la vida parlamentaria puede discutirse todo. A mí eso me parece un disparate. Sostengo que en un Parlamento cuando se presenta algo que viola claramente los principios constitucionales no se puede tramitar.
 
A partir de ahora se puede discutir de todo lo que a uno le parezca en los Parlamentos, hasta apropiarse de territorios ajenos.
 
Tenemos un ejemplo menor pero importante. Y es que en la Ley Orgánica del Poder Judicial se dice que cuando alguien presenta a un juzgado una petición carente de fundamento con abuso del Derecho el juez la rechaza “ad límine”, o sea, sin tramitarla. Si mañana nosotros vamos a un juzgado y decimos que nos den la Giralda dirán que estamos locos y ya está. Si esto es así en los juzgados ordinarios más aún en la vida parlamentaria. En ella se puede discutir todo, es más se debe discutir todo siempre que encaje en un esquema constitucional sobre unos principios que la Constitución establece. Como uno de los principios básicos de nuestra Constitución es que la titularidad de la soberanía y el  poder constituyente corresponde al pueblo español, si usted arranca diciendo que el pueblo vasco es soberano, pues no hay más que hablar.
 
El Tribunal Constitucional emite sentencias peculiares y de gruesas consecuencias como la referente a la Ley del suelo, que para empezar niega el territorio al propio Estado.
 
Efectivamente fue una sentencia del año 97 y me opuse con un voto particular en el que me quedé solo. Sostuve que el suelo no podía quedar fuera del control del Estado, en el sentido de atribuirlo a las comunidades autónomas y los municipios. Prueba de ello es que como consecuencia de ese poder municipal ha sido el encarecimiento terrible de la vivienda.
 
¿Cómo se puede remediar ahora ya esa avería?
 
Mi visión del Estado es distinta de la de la nueva presidenta del Tribunal Constitucional
La doctrina del tribunal es muy importante pero tiene errores, y notables, y como todas las jurisprudencias del mundo hay que revisarlos. Los manuales de Derecho dicen que los elementos del Estado son tres: territorio, población y derecho y sin embargo nosotros estamos negándole un territorio al Estado. Al dejar sin protección estatal los territorios, los suelos, inmediatamente los Ayuntamientos dijeron: esta es la nuestra. Como todos tienen déficit y necesidades, y si no se las inventan, empezaron a establecer cada uno sus planes de ordenación urbana y su relación de precios y así estamos en donde estamos. La clave es si el Estado tiene posibilidad de dictar legislación supletoria en materia de suelo. La mayoría del tribunal dijo que no, que era una materia exclusiva de las CCAA. Yo como Gobierno presentaría un proyecto de Ley y si alguien dijera que se había extralimitado en el uso de sus funciones presentaría un recurso al Constitucional y ahí podría el Tribunal ya quizás modificar su doctrina.
 
¿Se puede llegar a una mayor descentralización del Estado?
 
Algunos quieren el federalismo, el estado federal, pensando que con eso se conseguía una mayor descentralización. El Estado de las autonomías ha conseguido una descentralización grande. Ya ese argumento no vale. Un profesor americano de California, allá por el año 85, lanzó la idea del federalismo asimétrico. Pero lo que estaba diciendo no era distinguir dándole a unos más que a otros de forma asimétrica, sino que aunque en la ley dijera que son todos iguales, en la práctica los más poderosos, como California, tenían más poder que Nevada. Esto es lo que pasa en las declaraciones de las Constituciones. Se dice que todos los españoles son iguales ante la ley pero esto no significa absolutamente nada, después viene la práctica y resulta que el banquero no vive como el portero de la esquina. Eso es evidente.
 
O sea que no somos todos iguales ante la ley y quienes no quieren café para todos
se van a salir con la suya.
 
Eso es un poco lo que pasa con el Estado. Siempre habrá desigualdades por motivo de mayor peso económico o cultural o demográfico o financiero, pero una cosa es que la traducción práctica de la norma produzca desigualdad y otra cosa que en la norma esté la desigualdad. Esa es la diferencia. Algunos quieren el federalismo asimétrico en la propia ley, o sea, en la propia Constitución. Es decir, somos todos iguales pero Cataluña, País Vasco, Galicia y mi querida Andalucía son distintas. Pero eso es absolutamente un disparate. El que hubieran votado una cosa u otra en la República es una pequeñez.
 
La expresión nacionalidades históricas no está en la Constitución. Cuando yo lo dije se me echaron encima a despedazarme y me llevaron hasta el Tribunal Supremo en una demanda de la Generalitat de Cataluña contra mí, pero me absolvió. Visto con perspectiva, es un disparate afirmar que yo había ofendido a Cataluña pero ¿por qué? ¿Por decir que hay otras comunidades que tienen historia?
 
Por cierto, ¿cómo se puede acabar con el enfrentamiento entre el Supremo y el Constitucional?
 
Ese es un problema que no tiene solución.
 
¿Qué le parece que las CC.AA. tengan derecho a veto en el Senado cuando afecten a sus "hechos diferenciales"?
 
Lo que me molesta de este Gobierno es que anuncia cosas y después rectifica
Pienso, como Rodríguez Ibarra, que habría que reformar el Congreso y que sólo deberían estar los partidos que tengan un número de porcentaje de votos en toda España. Habría que poner un tope, un cinco, un siete, un diez por ciento, el que fuese, y esto eliminaría a los partidos pequeños y haría mucho más fácil y razonable la formación de Gobierno y el funcionamiento del Congreso. Sólo obtendrían representación el PSOE, el PP y a lo mejor IU. En consecuencia, en un Senado futuro reformado podrían tener presencia los partidos pequeños y los nacionalistas. Esta idea luminosa podría resolver muchos problemas actuales.
 
Ahora los nacionalistas junto con IU tienen la llave de gobierno, dicho de otra forma, el Gobierno es rehén de las minorías.
 
El concepto de partido bisagra es por ejemplo el del partido liberal alemán que estaba en toda Alemania. Debe ser el partido bisagra de toda España, lo que no puede ser es que un partido de una determinada zona de España tenga un apoyo y se convierta en bisagra de todo el territorio nacional. Esto nos ahorraría muchos problemas. Siempre y cuando en el Senado se propicie una mayor presencia de las comunidades autónomas, sin llegar al derecho de veto que yo creo que es inconstitucional.
 
Cambiando de asunto, el Gobierno pretende aprobar los matrimonios homosexuales y la adopción por parte de estos.
 
El matrimonio debería reservarse exclusivamente a los matrimonios convencionales; a las parejas de hecho, aparte de la contradicción en sí misma del término, deberían dárseles unos derechos y obligaciones, pero distintos del matrimonio. Que se les reconozca un estatuto e incluso con derechos sociales de seguridad social, etc, a mí eso no me parece mal pero tiene que ser distinto al estatuto del matrimonio y el estatuto de parejas del mismo sexo. Y punto.
 
Me cuesta mucho admitir que en una casa con una pareja del mismo sexo puedan existir las condiciones mínimas para que el niño se desarrolle normalmente. Me parece que el derecho del niño es un derecho a tener un hogar donde existan una serie de condiciones y virtudes que una pareja del mimo sexo no las tiene.
 
¿Y qué opina del laicismo que pretende imponer el Gobierno de ZP?
 
La religión es un componente esencial de Europa. En Francia, cuando llega el Papa el señor Chirac ha bajado como un loco a recibirle
La religión es un componente esencial de Europa. Y las religiones tienen hoy día en el mundo una fuerza extraordinaria en contra de lo que parece desde aquí con la pretensión del laicismo. Las creencias religiosas están moviendo al mundo islámico y otros países con religiones cristianas. Hay, salvo en Francia por su tradición laicista, un sentido de rebrote de la religión. Y sin embargo en Francia cuando llega el Papa el señor Chirac ha bajado como un loco a recibirle. Aquella profecía de André Malraux de que “el siglo XXI será místico o no será”, quizá sea exagerada pero apuntaba a algo. Aquí se confunde la religión con la época de Franco pero eso no es así, hay una especie de rencor hacia la religión cristiana que no es bueno.
 
Estamos ante el primer gobierno paritario de la Historia de España. Tras presidir el órgano por excelencia encargado de velar por la igualdad de sexos ¿cuál es su opinión sobre el posado de La Moncloa?
 
Me pareció mal el cómo aparecieron ante la Moncloa. Fue un error, se equivocaron. Yo me pregunto, ¿cómo se prestaron a eso? Además conozco a algunas personalmente porque son de mi gremio, por ejemplo Carmen Calvo, profesora de Constitucional de Córdoba, o la de Badajoz de la Vivienda. Yo las trato como niñas porque son de la edad de mis hijas. Lo sentí porque les tengo afecto.
 
Hablando de igualdad de sexos. Ley de Violencia de Género consolida la discriminación positiva penal a pesar del dictamen en contra del CGPJ.
 
A mi lo que no me gusta es el título. En cambio me gusta más el contenido en cuanto proteja más a las mujeres dentro de casa, pero la protección tiene que ser a todos los ciudadanos, hombres y mujeres, viejos y jóvenes y por tanto se ha producido un fallo que hay que rectificar. Lo que se ha desbordado es el nombre y el que sea sólo a la mujer. Es necesario proteger a todo el que se encuentre indefenso en su hogar.
 
¿Cómo ve al Ejecutivo en su conjunto en sus seis primeros meses?
 
Lo que me molesta de este Gobierno es que anuncia cosas y después rectifica. Debería ser un poco más cauto porque se crean tensiones inútiles.
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