Y si nada podemos esperar del PSOE, tampoco parece que el PP vaya a ser nuestra tabla de salvación. En lo fundamental, la política económica de los dos partidos mayoritarios es idéntica. Ninguno de los dos trata de reducir el dirigismo político y robustecer la figura central del empresario. Por el contrario, sus esfuerzos pasan por añadir mayores dosis de regulación a la ya encorsetada economía española. El último ejemplo de sumisión socialista en el PP lo encontramos en la Comunidad Valenciana y su recién aprobado Programa Gesta.
Gesta no es más un artilugio politiquero que pretende incrementar la competitividad de las empresas levantinas multiplicando las subvenciones a la I+D. Por supuesto, la filosofía subyacente a este proyecto es totalmente socialista y keynesiana. Parte de la premisa –falsa– de que la Administración tiene que intervenir en la economía para conseguir que los empresarios sean más eficientes. Dicho de otro modo: el Gobierno valenciano se siente legitimado para quitar a la sociedad parte de sus riqueza y gastarla, como si de un Comité Central Soviético se tratara, allí donde él juzgue más conveniente –en este caso, la I+D.
Por desgracia, la investigación tecnológica se presta a este infame pasteleo intervencionista, pues en torno a ella existe una cierta mistificación que los políticos aprovechan para incrementar su poder y control.
El gasto empresarial en I+D supone emplear recursos económicos escasos –capital, trabajo o materias primas– en intentar desarrollar una nueva tecnología, producto o diseño. La I+D, por tanto, no está libre de costes; si bien en caso de tener éxito permite mejorar nuestra técnica productiva, mientras tanto impide que esos recursos escasos se dediquen a fabricar otros bienes y servicios que incrementarían el bienestar actual de los consumidores. En lugar de aumentar la producción de, por ejemplo, televisores o automóviles, nos dedicamos a diseñar los televisores o automóviles del futuro.
Si el empresario cree que la inversión en I+D va a ser rentable, la ejecutará; en caso contrario, dirigirá los factores productivos hacia otros menesteres. El hecho de que la I+D sea rentable significa, simplemente, que los consumidores valoran más los resultados previsibles de la investigación que los bienes presentes a los que están renunciando. Del mismo modo, que no sea rentable quiere decir que los consumidores prefieren que los recursos destinados a la investigación se utilicen para producir otros bienes o servicios.Por ello, para que el gasto en I+D sea rentable no basta con que tenga éxito en el plano científico, también es necesario que los consumidores valoren más esa invención que los usos alternativos que se podría haber dado a los factores productivos implicados.
En un mercado libre, los empresarios realizan estas valoraciones de manera continua; deciden si invertir en I+D o, en su lugar, en publicidad, en incrementos de la producción o en apertura de nuevas líneas de negocio. Si los empresarios gastan demasiado en I+D, sus ingresos futuros no cubrirán sus gastos presentes y quebrarán; si gastan la cantidad adecuada, prosperarán.
El problema surge cuando el político de turno se cree más listo que los empresarios y decide planificar la investigación y el desarrollo de toda la sociedad, otorgando subvenciones por doquier. Si, como hemos visto, un empresario invierte en I+D siempre que lo considere rentable, las subvenciones de los políticos favorecen que los empresarios inviertan en I+D aun cuando no lo sea.
Las subvenciones a la I+D, por tanto, corrompen la investigación científica, ya que los empresarios, en lugar de satisfacer las necesidades de los consumidores, sirven las de los políticos. Su objetivo no es ser recompensados en el mercado, sino en las Administraciones Públicas.
Los socialistas suelen argüir en este punto que los empresarios pueden no tener dinero suficiente para acometer inversiones en I+D realmente rentables, por lo que la intervención estaría en última instancia justificada. Este razonamiento, sin embargo, olvida que en las sociedades capitalistas existe un poderoso instrumento, llamado mercado de crédito, que permite obtener liquidez a las personas que crean haber descubierto una oportunidad de beneficio y no dispongan de fondos presentes.
Si es cierto que existe una oportunidad de ganancia, los empresarios y los capitalistas, ávidos de incrementar su rentabilidad, la aprovecharán, sin necesidad de que los burócratas los tutelen con su fatal arrogancia. Es más, si los políticos realmente supieran dónde hay que invertir para enriquecerse, serían los primeros en abandonar su profesión y dedicarse a ganar dinero en el mercado. El hecho de que no lo hagan es suficientemente significativo de su incapacidad y ceguera.El programa Gesta también ha ido acompañado de la habitual retórica populista sobre los beneficios de la intervención. Camps nos promete que creará 4.000 empleos e incrementará el PIB valenciano en un 1%. Lo que no nos indica Camps es cuántos empleos destruirá, ya que el dinero gastado a través de su programa político es un dinero que no podrán dedicar los consumidores y empresarios valencianos en ahorrar, invertir e incrementar la producción.
Camps nos muestra los supuestos beneficios directos de su plan, pero no nos enseña todas las empresas y líneas de negocio que dejarán de crearse porque él está (mal)gastando el dinero de los valencianos. De hecho, no nos habla de las enormes pérdidas de bienestar que experimentarán los consumidores como consecuencia de hipertrofiar un gasto en I+D subvencionado y no rentable.
El PP, en materia económica, es la comparsa socialista de ZP. El keynesianismo despilfarrador y manirroto, el estatismo desbocado y enloquecido y la desconfianza permanente en el empresario y el consumidor –en el ser humano no político– son sus rasgos más característicos.
Para incrementar nuestra competitividad, nuestra riqueza y nuestro progreso sólo hay un camino: devolver la responsabilidad a los individuos. Son los empresarios quienes deben descubrir y crear las oportunidades de ganancia, sin que los políticos les transfieran coactivamente nuestro dinero. Deben ser los consumidores quienes determinen el éxito o el fracaso de una inversión, y no los caprichos de la clase política.