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18 de Mayo de 2001

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POLíTICA MONETARIA

¿Existen criterios objetivos?

Por Jesús Gómez Ruiz

Hoy en día ya casi nadie discute que la fijación de los tipos de interés es competencia exclusiva de las autoridades monetarias. Parece algo tan normal y tan razonable que un gabinete de economistas y estadísticos decida cuál va a ser el precio de la liquidez y del alquiler del capital que nos hemos olvidado de que hubo un tiempo en que estos precios los fijaba también el mercado y donde los bancos centrales (instituciones cuya utilidad es más que cuestionable) se limitaban a administrar prudentemente las reservas metálicas sin otra pretensión que garantizar la convertibilidad de la moneda.
En contra de lo que la sabiduría convencional cree, los tipos de interés no son fenómenos monetarios que puedan explicarse recurriendo exclusivamente a la oferta y la demanda de unos fondos prestables manipulados a voluntad por esas autoridades monetarias. Como demostraron Böhm-Bawerk, Mises y Hayek, la explicación del fenómeno del interés hay que buscarla en la tasa de preferencia temporal. Es decir, en el grado de preferencia por los bienes presentes en relación con los bienes futuros. En la formación del tipo de interés influyen también otras categorías como la prima de riesgo, ya sea por el incumplimiento del contrato o por la depreciación del activo que se presta, pero el núcleo del interés es la preferencia temporal.

En un mercado no intervenido con un patrón fijo de valor, los bancos actuarían como meros intermediarios entre los propietarios del capital y los empresarios. Los propietarios del capital ceden sus recursos a los empresarios sólo si se les garantiza ese rendimiento mínimo que les compense por la espera. Los empresarios estarán dispuestos a pagar por el alquiler del capital, como máximo, los rendimientos que esperan obtener de sus proyectos de inversión. El papel de los bancos es actuar como intermediarios entre capitalistas y empresarios, garantizando a los capitalistas ese rendimiento mínimo, y cobrando a los empresarios tanto como éstos estén dispuestos a pagar. El beneficio de los bancos, lógicamente, es, como máximo, la diferencia entre lo que pagan y lo que cobran, y dependerá del número y grado de competencia entre ellos. Si los bancos pretenden cobrar demasiado a los empresarios, éstos no emprenderán proyectos de inversión, y si pagan demasiado poco a los capitalistas, éstos no les cederán sus recursos.

Por lo tanto, en un mercado no intervenido, el tipo de interés está siempre acotado entre un máximo y un mínimo sin que a los bancos les sea posible manipularlo a voluntad, a no ser que quieran enfrentarse a una disminución de sus beneficios o a la quiebra cuando los capitalistas les reclamen sus fondos.

Pero en un sistema de papel moneda, donde los bancos centrales pueden reponer a voluntad las reservas que los bancos del sistema pierden como consecuencia del abuso del crédito con tipos de interés por debajo de la preferencia temporal de ahorradores y capitalistas, las cosas cambian. Los propietarios del capital ya no ejercen ninguna influencia retirando sus fondos de los bancos y atesorándolos. Antes al contrario, sólo conseguirían perder sus capitales por la constante depreciación de la moneda debida al incremento de la cantidad de dinero. Su única solución es lanzarse cuanto antes a comprar activos que conserven mejor el valor que el papel moneda. Empiezan a subir los precios de las acciones y de los bonos, disminuyendo así sus tasas de beneficio hasta alcanzar niveles iguales o inferiores al del tipo de interés oficial. Agotado este recurso, comienzan a subir los precios de los inmuebles, hasta que el beneficio por los alquileres cae por debajo del tipo de interés marcado por las autoridades. Después, empiezan a subir los precios de los bienes de consumo. Agotadas todas la vías de escape, a continuación, si no se suben los tipos de interés, el cambio exterior se resiente, se hunden los precios de la deuda y de las acciones y comienzan las huidas de capitales. Y finalmente, si no se pone remedio, la situación degenera en hiperinflación y en la desmonetización del papel moneda.

Nuestras autoridades monetarias conocen ese proceso, y las experiencias de las hiperinflaciones alemana y austriaca les han enseñado, en principio, a poner coto antes de que la situación se descontrole. Pero suelen olvidar el detalle más importante: el principal problema que plantea la inflación no es la subida de precios, su manifestación más espectacular, aunque no condición necesaria, porque en la inflación de los años 20 los precios se mantuvieron aproximadamente estables con grandes incrementos de la productividad, una situación que guarda grandes paralelismos con la actualidad. El principal problema es la distorsión de los márgenes de beneficio y de los precios relativos entre los bienes de consumo y los bienes de capital, que provoca un sobredimensionamiento de la capacidad productiva, insostenible si no es con más inflación. Sólo queda enfrentarse a la liquidación de esas inversiones que nunca debieron realizarse y para las que no había ahorro o capital real suficiente; esto es, soportar una recesión. La alternativa es la depreciación y la destrucción de la moneda.

El problema es que las autoridades monetarias no pueden llegar a conocer con modelos matemáticos o con estadísticas cuál es el tipo de interés de mercado. Se enfrentan al mismo problema que los planificadores de una economía socialista: conocer un precio de mercado sin que haya mercado. Sus únicas guías son los índices de producción y las tasas de inflación. Pero desconocen realmente si los recursos productivos han sido correctamente asignados, es decir, desconocen la cuestión clave. Y esa información sólo puede generarla el mercado.
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