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27 de Abril de 2001

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COMERCIO INTERNACIONAL

Estupidez e inmoralidad

Por Rigoberto Stewart

Cuando Lawrence Harrison escribe que el subdesarrollo es un estado de la mente se refiere a que los pueblos liderados por gobernantes sin inteligencia están condenados a sufrir de pobreza perpetua. La política de comercio internacional de países pobres constituye una manifestación de ese estado mental. Imagine el siguiente hecho: frente a una tienda de alimentos, un grupo de consumidores harapientos realiza una manifestación exigiendo que el dueño les aumente los precios de alimentos que a duras penas pueden comprar. ¿Qué calificativo merece tal cuadro? ¿Demencia, estupidez, masoquismo? El problema es que eso es exactamente lo que hacen hoy muchos gobiernos latinoamericanos.
En la reciente reunión del Grupo Consultivo para Centroamérica del Banco Interamericano de Desarrollo, el presidente de Costa Rica, Miguel A. Rodríguez, fustigó a la Unión Europea por "subvencionar la producción de sus bienes internos, para luego venderlos a precios más bajos". A eso le llaman dumping. Entonces, Costa Rica, aliada con otros 17 países pobres, exige que los países desarrollados cobren precios más altos por los alimentos que exportan. Esta es una pésima estrategia comercial.

Cuando los precios internacionales de los bienes de consumo masivo son bajos, por las razones que fueren —dumping o producción ventajosa—, las autoridades de los países pobres tienen ante sí básicamente dos estrategias comerciales: aprovechar los precios bajos para aliviar la pobreza de la mayoría de su gente o desecharlos para enriquecer a una minoría, a una elite con poder político.

Si Costa Rica produce arroz a un costo de $400/tm y en el mercado internacional el precio es de $200/tm, el subsidio implícito para los consumidores ticos es de $200/tm. Al exigir que los países desarrollados suban el precio del arroz —o imponer un arancel a la importación de $200/tm—, los gobernantes rechazan el subsidio implícito en dicho precio bajo e impiden que se beneficie la mayoría de su población. Esta es la estrategia del mínimo bienestar.

Una estrategia más inteligente y socialmente óptima consistiría en aprovechar el subsidio implícito para repartirlo entre los productores y consumidores. Si los costarricenses consumen 200.000 tm/año de arroz, el subsidio recibido sería de $40 millones por año, un monto importante para una sociedad pobre. En vez de rechazar tal ganancia, el gobierno podría imponer un arancel, digamos, del 20 por ciento y utilizar los $8 millones recaudados para compensar a los productores por las utilidades que dejan de obtener al dejar de producir arroz. Así, los productores no perderían y los consumidores ganarían $32 millones. La ganancia en términos de bienestar social superaría los $40 millones porque los productores de arroz se dedicarían entonces a producir otros rubros en los que son más eficientes.

Si es evidente que la estrategia anterior es la que maximiza el bienestar de la sociedad, ¿por qué los gobernantes escogen la estrategia del mínimo bienestar social? La razón es que a menudo no buscan maximizar el bienestar de la sociedad sino más bien maximizar el bienestar de un pequeño gremio empresarial o sindical del cual reciben apoyo o forman parte. Así minimizan el bienestar general.

Queda claro, entonces, que los que están agolpados frente al establecimiento demandando incrementos en los precios de los alimentos no son los consumidores sino políticos y burócratas empeñados en complacer a ciertos y determinados empresarios. Más que un problema de inteligencia se trata de un problema moral, otro gran factor del subdesarrollo latinoamericano.

© AIPE

Costarricense, Rigoberto Stewart es director del Instituto para la Libertad y el Análisis de Políticas Públicas.
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    Tel: 91 409 4766 - Fax: 91 409 4899