Pocos se fían ya de las finanzas de los PIIGS, en especial de las de España. El tan cacareado Fondo de Rescate de 750.000 millones de euros se presenta insuficiente para solventar el caso español. En realidad, en caso de rescate, el referido fondo no alcanzaría siquiera los 350.000 millones.
Poco ha tardado el Ejecutivo en culpar a los especuladores de todos los males del país y en sacar a colación el célebre "ataque especulativo", que habría encarecido la deuda y desestabilizado los mercados. Cualquier cosa antes que admitir la responsabilidad propia. Como si nuestro problema fuera tener unos puntitos de deuda de más... Para el Gobierno, todo aquel que compra deuda nacional es un inversor, y quien no lo hace o, peor aún, la vende es un malvado especulador que quiere hundir a España.
Ciertamente, dependemos de los inversores/especuladores. Son los únicos que pueden salvarnos. Pero ¿cómo? ¿Comprando deuda nacional? No, todo lo contrario: llevándose su dinero inmediatamente. Cuanto más rápido, mejor. Ya tardan.
Hay dos motivos principales por los que esa huida de capitales sería beneficiosa para nosotros. En primer lugar, porque es imprescindible acabar con la financiación de los despilfarros del Gobierno, con cargo a nuestra riqueza. Es necesario que los inversores protejan el dinero y la riqueza de los depredadores estatales. Más adelante, cuando los tiempos sean más propicios, podrán volverlo a traer, podrán invertir aquí y enriquecernos. Pero ahora hay que evitar a toda costa que el Gobierno siga destinando el dinero que no tenemos a cubrir sus objetivos partidistas, electoralistas, particulares, que no coinciden especialmente con los de los ciudadanos de a pie.
En el momento en que una gran parte de los inversores huya de España, al Gobierno no le quedará más remedio que adoptar medidas que reviertan la situación: menos impuestos, menos burocracia, menos regulación y más seguridad jurídica.
El segundo –y no menos importante– motivo por el cual los especuladores deben sacar su dinero del país es para forzar al Gobierno a acometer reformas verdaderamente estructurales. Cambios que incluso un gobierno populista como el actual no podría evitar. Ya hemos visto pasos en ese sentido; por ejemplo, la supresión de los ministerios de Vivienda e Igualdad, algo que parecía imposible hace muy pocos meses, dado el carácter tan marcadamente del Ejecutivo. Pero no le ha quedado más remedio.
Y es que el actual Estado del Bienestar es insostenible. Simplemente. De seguir así, financiándose mediante emisiones y más emisiones de deuda y exacciones y más exacciones al contribuyente, provocará la quiebra definitiva del país (recordemos que las deudas, en un momento u otro, hay que pagarlas con riqueza real). Por tanto, la única salida que tendrá disponible si no consigue financiación extra será achicarse, limitar su acción.
Lamentablemente, ésta parece ser la única salida que nos queda a los españoles: que los inversores fuercen a nuestro Estado a limitarse.