El 15 de enero de 1936 se firmó en España el pacto del Frente popular como una alianza de fuerzas obreras y burguesas cuyas metas se presentaban como moderadas y centradas de manera especial en devolver la libertad a los encarcelados por participar en el alzamiento armado contra el gobierno de la república que había tenido lugar en octubre de 1934. Los objetivos de las fuerzas que integraban el Frente popular han sido definidos no pocas veces como desiguales e incompatibles y en esa afirmación hay no poca verdad. Sin embargo, resulta mucho más difícil calificarlos de democráticos. Para los republicanos de izquierda como Azaña o el socialista Prieto, el Frente popular debía regresar al punto de partida de abril de 1931, es decir, un sistema formalmente parlamentario en el que, no obstante, las derechas se vieran imposibilitadas para gobernar y las izquierdas contaran con el monopolio de la legitimidad y el poder políticos.
Difícilmente se hubiera podido calificar ese objetivo de democrático. Con todo, sí es verdad que era el más moderado, ya que para el resto de las fuerzas que formaban el Frente popular, especialmente el PSOE y el PCE, la victoria electoral era concebida como un mero paso intermedio en la lucha hacia la aniquilación de la República burguesa y la realización de una revolución que concluyera en una dictadura obrera. Si el socialista Luis Araquistain insistía en hallar paralelos entre España y la Rusia de 1917 donde la revolución burguesa sería seguida por una proletaria, Largo Caballero difícilmente podía ser más explícito sobre las intenciones del PSOE. En el curso de una convocatoria electoral que tuvo lugar en Alicante el 19 de enero de 1936, el político socialista afirmaba: “Quiero decirles a las derechas que si triunfamos colaboraremos con nuestros aliados; pero si triunfan las derechas nuestra labor habrá de ser doble, colaborar con nuestros aliados dentro de la legalidad, pero tendremos que ir a la guerra civil declarada. Que no digan que nosotros decimos las cosas por decirlas, que nosotros lo realizamos”.
Tras el anuncio de la voluntad socialista de ir a una guerra civil si perdía las elecciones, el 20 de enero, Largo Caballero decía en un mitin celebrado en Linares: “... la clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo, y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la Revolución”. El 10 de febrero de 1936, en el Cinema Europa Largo Caballero volvía a insistir en sus tesis: “... la transformación total del país no se puede hacer echando simplemente papeletas en las urnas... estamos ya hartos de ensayos de democracia; que se implante en el país nuestra democracia”. No menos explícito sería el socialista González Peña al indicar la manera en que se comportaría el PSOE en el poder: “... la revolución pasada (la de Asturias) se había malogrado, a mi juicio, porque más pronto de lo que quisimos surgió esa palabra que los técnicos o los juristas llaman “juridicidad”. Para la próxima revolución, es necesario que constituyéramos unos grupos que yo denomino “de las cuestiones previas”. En la formación de esos grupos yo no admitiría a nadie que supiese más de la regla de tres simple, y apartaría de esos grupos a quienes nos dijesen quiénes habían sido Kant, Rousseau y toda esa serie de sabios. Es decir, que esos grupos harían la labor de desmoche, de labor de saneamientos, de quitar las malas hierbas, y cuando esta labor estuviese realizada, cuando estuviesen bien desinfectados los edificios públicos, sería llegado el momento de entregar las llaves a los juristas”.
Por horripilante que pudiera resultar, González Peña acababa de anunciar todo un programa que se cumpliría apenas unos meses después. Pero la nitidez de objetivos no se limitaba al PSOE. De hecho, con no menos claridad se expresaban los comunistas. En febrero de 1936, José Díaz dejó inequívocamente de manifiesto que la meta del PCE era “la dictadura del proletariado, los soviets” y que sus miembros no iban a renunciar a ella. De esta manera, aunque los firmantes del pacto del Frente popular (Unión republicana, Izquierda republicana, PSOE, UGT, PCE, FJS, Partido sindicalista y POUM) suscribían un programa cuya aspiración fundamental era la amnistía de los detenidos y condenados por la insurrección de 1934 —reivindicada como un episodio malogrado pero heroico—, la aplastante mayoría lo consideraba un paso previo, aunque indispensable, al desencadenamiento de una revolución que liquidara a su vez la segunda república incluso al costo de iniciar una guerra civil contra las derechas.
En otras palabras, sus objetivos —inequívocamente confesos— no eran la preservación de la muy deficiente democracia parlamentaria de la segunda república sino su aniquilación en el curso de un proceso revolucionario que se anunciaba extraordinariamente cruento.
Sería precisamente esa confesa revelación de unas intenciones revolucionarias que debían concluir con la creación de la dictadura del proletariado y, de manera muy especial, el precedente sangriento de la revolución nacionalista-socialista de octubre de 1934 la que provocó un amplio movimiento de oposición al Frente popular. Sus objetivos no eran ciertamente democráticos e implicaban, sin discusión alguna, la eliminación física de millares de conciudadanos. No sorprende que las víctimas potenciales hicieran lo posible por evitar su sacrificio, algo que, seguramente, no hubiera sucedido si el Frente popular hubiera tenido un programa meramente reformista y de defensa de la democracia parlamentaria.