![]() | El constitucionalista Francesc de Carreras escribió en el diario La Vanguardia de Barcelona, el 3 de febrero, un luminoso artículo titulado '¿Es Ibarretxe un demócrata?'. Debería ser de lectura obligada para quienes, apelando a la soberanía popular y al derecho de autodeterminación, justifican la destrucción del orden constitucional que ha servido de base para la convivencia de los españoles durante los últimos veinticinco años. Es parte de la esencia de una democracia liberal el que la soberanía no esté nunca en unas solas manos. Si la soberanía no se comparte entre distintos poderes del Estado, corren grave peligro las libertades personales.
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Bien sé que el artículo 1.2 de la Constitución española dice que "la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado". Me permito disentir respetuosamente de esa fórmula, que encuentro en contradicción con las instituciones establecidas en el resto del texto constitucional. ¿Quién es ese "pueblo"? Esas palabras crean la falsa impresión de que una parte de la sociedad, el "pueblo", puede definir sin apelación lo que es justo y bueno. De ahí a decir que el "Pueblo" vasco o el catalán o el gallego pueden autodeterminarse como Estado-nación no hay más que un paso, que muchos están dispuestos a dar sin atender a las repercusiones en la convivencia social.
La democracia liberal, en la tradición de la Gran Bretaña y sobre todo de EEUU, no se basa en la soberanía popular. Los ciudadanos desempeñan en el momento de las elecciones un papel censor, mas no ejercen directamente el poder, excepto en algunos casos, como en los juicios por jurado. El referéndum preceptivo, usado en Suiza y en diversos Estados de la Unión americana, no es ejercido por el "pueblo" sino por una parte de los ciudadanos, y su tenor puede ser derogado posteriormente por las Cámaras y los Tribunales.
Allí el poder se encuentra dividido, más o menos perfectamente, entre Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y además está separado entre la Administración central y las jurisdicciones locales. Nadie sostiene que la mitad más uno de los votantes o de los representantes populares pueda actuar a voluntad, como una asamblea de "sans-coulottes" en la Francia revolucionaria.
Hayek observó, en la Constitución de la libertad (1960): "La soberanía popular es el concepto fundamental del demócrata doctrinario. Esto significa que para él el gobierno de la mayoría es ilimitado e ilimitable. El ideal de democracia, cuyo intento original era el de impedir todo poder arbitrario, se ha convertido así en la justificación de un nuevo poder arbitrario".