Es una ironía que una organización llamada Business Ethics [ética comercial], que evalúa a las empresas con un índice de responsabilidad social que incluye la "diversidad", la "preocupación por el medio ambiente", etcétera, entregase el premio Mejor Ciudadano Corporativo 2004 a Fannie Mae. Unos cuantos altos cargos de Fannie Mae, incluido su presidente (que fue previamente director de la Oficina del Presupuesto bajo Clinton) y su primer ejecutivo financiero, tuvieron que renunciar por hacer trampas en la contabilidad.
La ironía es mayor cuando tenemos en cuenta que Fannie Mae es una empresa fundada por el Gobierno, que varios de sus directores son nombrados mediante un proceso político y que sus infracciones provocaron un rendimiento negativo para sus accionistas, a pesar de la ventaja que le da frente a sus competidores el hecho de que el Gobierno federal garantice implícitamente sus finanzas.
Sí, esa compañía parcialmente corrupta e incompetente es el prototipo utilizado por la izquierda sindical y ambientalista en su guerra contra el empresariado. Si revisamos la lista de las firmas "socialmente responsables", según el criterio izquierdista, encontramos que hay muchas más con una rentabilidad inferior a la de aquellas empresas centradas propiamente en los negocios. Las empresas deben respetar las leyes y actuar ética y responsablemente, pero no tienen la obligación de funcionar como un organismo promotor del bienestar general.
Quienes critican al sector privado no comprenden que la sociedad crea instituciones diferentes para ejercer funciones diferentes, y que a todos nos conviene que tales funciones no se mezclen. El Gobierno fue establecido para establecer las reglas, proteger la propiedad y a las personas, para asegurar un orden de libertad y justicia a todos. Las iglesias sirven al espíritu y, frecuentemente, a las necesidades materiales de sus miembros. Las instituciones caritativas aportan bienestar y educación, y reciben privilegios impositivos especiales por no tener fines de lucro.
Las empresas se fundan para aportar beneficios a sus dueños. Esos beneficios provienen de proveer bienes y servicios que la gente desea adquirir. En su búsqueda de ganancias, las empresas crean verdaderos puestos de trabajo y avances en tecnología, con lo cual logran un mundo mejor para todos. Los gobiernos, por sus propios fracasos, a menudo intentan forzar a las empresas a hacer las veces de agentes de la ley. Así, se espera que los bancos capturen a los blanqueadores de dinero y a los narcos, y que las demás empresas hagan cumplir las leyes de inmigración. Las empresas no están bien preparadas para realizar esas tareas, que además son responsabilidad del Gobierno.
Muchas compañías han cedido al chantaje de organizaciones ambientales y sindicales que, con la complicidad de algunos medios de comunicación, amenazan con boicotear sus productos y servicios, y hasta con destruir sus instalaciones. De ahí que muchas donen dinero a los grupos que las amenazan, lo cual reduce las ganancias de los accionistas y destruye puestos de trabajo.
Por fortuna, existe una fundación en Washington, el Capital Research Center, que tiene la valentía de informar sobre esos chantajes y sobre las empresas y ejecutivos que se han dejado avasallar. Defender el capitalismo y el buen ambiente para las inversiones es tan importante como defender a la empresa contra competidores agresivos.
Frecuentemente, los impuestos, las regulaciones y las actividades de los grupos radicales afectan más a las ganancias de las empresas que la comercialización y el desarrollo de nuevos productos. Las compañías que no invierten en defenderse de los asaltos de los enemigos del capitalismo a menudo terminan pagando un precio muy alto.
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