Como parte de este esfuerzo, George Tridimas, de la Universidad de Ulster ha analizado la relación que existe entre el proceso de "revisión judicial" y la independencia de la justicia con el tamaño del estado. La "revisión judicial" es un componente más de las instituciones diseñadas para controlar el uso del poder, y se refiere a la autoridad otorgada a las cortes para determinar si las medidas tomadas por los poderes ejecutivo y legislativo respetan los preceptos constitucionales y si cumplen con los requisitos establecidos. La "independencia judicial" se refiere a que esas cortes realizan su función sin considerar el poder o las preferencias políticas de las partes interesadas en el caso.
Desde la perspectiva económica propuesta por Tridimas, los ciudadanos otorgan poderes al Gobierno para obtener los beneficios de los intercambios en el mercado, que serían protegidos si la justicia custodiase los principios constitucionales acordados en el "contrato original". Este contrato, no obstante, es siempre incompleto, debido a cambios en la tecnología, en las preferencias, a una previsión imperfecta, a conflictos entre derechos o a un lenguaje ambiguo. Los que originalmente acordaron no pueden asegurar que tales principios se mantengan, aunque una justicia independiente podría ser la solución del problema. Claro que la mera "independencia" no asegura que sea eso lo que harán las cortes.
No obstante, el autor asume que ése es el objetivo de las mismas, y realiza un análisis comparativo entre 52 países para determinar si la existencia de revisión e independencia judicial tiene algún impacto en el tamaño del Estado. El razonamiento es el siguiente: si tal cosa existiera, las cortes frenarían los intentos de los gobernantes y los legisladores por aprobar gastos que sólo les benefician, o se impondrían limitaciones al saber que dicha clase de controles existe.
El modelo que el autor elabora incluye variables como la relación entre ingresos fiscales y PIB, el ingreso per cápita, un índice de derechos políticos, un indicador de edad "dependiente" (aquellos que no trabajan por ser muy jóvenes o muy viejos), un indicador del porcentaje de mujeres que trabajan y varios otros, entre los que destacan un índice de revisión judicial y otro de independencia judicial elaborados por La Porta y otros en 2004.
Las regresiones realizadas a ese "cóctel" de indicadores y analizadas en los 52 países le indican a Tridimas que existe una relación clara pero inversa entre la revisión e independencia judicial y el nivel de gasto público: cuanto más independientes son los tribunales, menor es el gasto estatal. Por el contrario, cuando se reduce el control judicial, el gasto estatal crece.
Ésta parece ser una conclusión lógica, aunque las comprobaciones empíricas a menudo comportan problemas. Por ejemplo: el índice de revisión judicial mencionado es un promedio de dos índices, uno de rigidez de la Constitución y otro sobre cuánto controlan las cortes la constitucionalidad de los actos.
Obviamente, hay muchas razones que explican el tamaño del gasto público, y el estudio no pretende explicarlo totalmente.
© AIPE
Martín Krause, rector de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Buenos Aires).