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1 de Marzo de 2005

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LOS MALES DE LA REDISTRIBUCIÓN

Desnaturalización de la solidaridad

Por Joaquín Trigo Portela

Detalle de MANOS, de Roberto Fernández González.
La palabra "solidaridad" encubre un enmarañado conjunto de prácticas redistributivas. Se inicia en la tributación progresiva y acaba en el gasto público, que favorece a personas necesitadas (y a los más espabilados) en forma de aportaciones en efectivo o de servicios gratuitos. Esas dos redistribuciones de tipo personal se acompañan de dos más de índole territorial, con los mismos beneficiarios y sufragáneos. Una la hace el Estado y la otra la UE. La quinta se refiere a prestaciones, concretas y no generales, como gratuidad de matrículas universitarias, becas o vivienda pública.
Además, hay redistribuciones directas impuestas por ley, como la congelación de alquileres, las expropiaciones "parciales" –cuando se limita a los agricultores el uso que pueden hacer de sus terrenos so pretexto de proteger el paisaje, las aves o cualquier otra cosa– o la "cesión" de suelo en las promociones inmobiliarias, que encarece el coste de la vivienda libre y facilita terreno para que los ayuntamientos hagan vivienda social o se limiten a subastarlo con posterioridad.
 
La redistribución tiene consecuencias no previstas:
 
– Siempre promueve lo que se paga, y la redistribución no escapa a la regla.
– Los beneficiarios infravaloran lo que perciben, porque lo que tiene un coste de obtención nulo se aprecia menos que lo que se gana con esfuerzo.
– En esas condiciones, su demanda aumenta, acercándose al infinito.
– El hábito en la percepción de prestaciones públicas lo convierte en derecho sin contrapartidas.
– Una derivación sobrevenida es el intento, muchas veces logrado, de crear la expectativa de nuevas prestaciones esperando el voto de los beneficiarios potenciales.
– Los que soportan la carga fiscal y reciben a cambio nada o poco ven desincentivado su esfuerzo e inversión. Esto reduce las oportunidades reales para los menos favorecidos y los recursos que podrían reforzarlas.
– Como las expectativas rebasan las posibilidades de financiarlas, se postulan nuevas obligaciones para que las empresas resuelvan directamente carencias sociales con cargo a sus beneficios y mantengan una cohorte de consultores y certificadores.
– Se deterioran la libertad económica y el ejercicio de la libre empresa. Las libertades  son inseparables, y detrás va el resto. La libertad exige riesgo; sin ella todos los avatares adversos recaen sobre el Estado.
– En poco tiempo los beneficiarios iniciales empiezan a ser sustituidos por los más listos y menos escrupulosos.
– La ayuda al prójimo pierde valor ético. El valor moral está ligado a la voluntariedad, y sin ésta no existe, con impuestos que son exacciones.
 
La red de apoyo mutuo, la caridad y ayuda directa se resienten. Valores como la autonomía y otros se corroen. Palabras como "justicia" y "solidaridad" se desvirtúan. Sin embargo, la solidaridad es concepto noble, resultado y síntoma de civilización. Debe volver a su sentido originario. Ha de acotarse, aplicarse a finalidades concretas para que los necesitados salgan de la situación de dependencia. La contribución debe ser reconocida. Hay que eliminar superposiciones y confusión. Las actuaciones deben evaluarse según cumplimiento de objetivos. Han de acabar aquellos programas que persisten sin finalidad explícita y sin seguimiento de resultados. Debe minimizarse el coste de recaudación y transferencias, así como las distorsiones que se producen en la eficiencia, en la situación competitiva y en los mercados exteriores.
 
Las políticas redistributivas merecen transparencia, tienen que dejar de ser un motivo de confrontación política, y cada propuesta deberá ir precedida del pertinente estudio de costes y beneficios.
 
 
Joaquín Trigo Portela, director ejecutivo de Foment del Treball Nacional y miembro de la Mont Pelerin Society. 
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