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26 de Enero de 2001

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EE.UU.

Crueldad gubernamental

Por Walter Williams

Linda Chávez, originalmente postulada por George W. Bush para el cargo de secretaria del Trabajo, retiró su nominación ante los cargos formulados contra ella de haberle dado trabajo a una inmigrante indocumentada, no pagarle el salario mínimo ni tampoco pagar los impuestos de los que son responsables los empleadores. Se trató de una campaña de desprestigio por parte de quienes no querían que el Senado confirmara su nombramiento para ese importante cargo. La señora Chávez sencillamente ayudó, dándole techo y asistencia a la inmigrante guatemalteca Marta Mercado, quien en ocasiones le dio de comer a los perros de la casa y regó el jardín.
No es la primera vez que acusaciones de ese tipo le crean problemas a un candidato a algún cargo en el gabinete. Zoe Baird, la primera persona postulada por Bill Clinton como Fiscal General a cargo de la secretaría de Justicia, fue acusada de no pagar el salario mínimo ni el seguro social a sirvientes domésticos. Chávez sí había cumplido pagando todos los impuestos aplicables de gente que contrató como niñeras e institutrices de sus hijos. Considero que las acusaciones lanzadas contra ella tienen mucho mayor importancia que su nombramiento al gabinete.

Pensemos que yo estoy dispuesto a trabajar para usted por 8 dólares la hora, que es el valor que usted le da a mis servicios, razón por la cual me ofrece el empleo y yo estoy dispuesto a tomarlo. Pero, entonces, el gobierno le impone un cargo de seguro social de 2 dólares por cada hora que yo le trabaje. Ello significa que le voy a costar en realidad 10 dólares, aunque lo que haré por usted vale sólo 8 dólares. Por lo tanto, usted decide no darme el trabajo. Y no es que no se lo vaya a dar a nadie, sino que contratará a alguien cuyo aporte le justifique el costo total de 10 dólares la hora. Yo pierdo la oportunidad de trabajar. Es así como las leyes del seguro social y del salario mínimo afectan negativamente el nivel de empleos.

Si vamos a hablar de compasión, ¿quien es más compasiva, la persona que me contrata por 8 dólares la hora y se olvida del impuesto del seguro social, o la que dice que lo siente mucho, pero que yo no tengo las habilidades requeridas para aportarle un servicio que le va a costar en realidad 10 dólares la hora?

Usted puede argumentar que una cosa es la caridad y otra es quebrantar la ley. En tal caso confrotamos un dilema: o incumplimos la ley y perjudicamos a alguien o ayudamos a quien necesita ayuda y nos olvidamos de la ley.

El Congreso puede legislar que yo me merezco 10 dólares la hora y que tengo mayores habilidades de la que usted me reconoce. Pero los milagros los debemos dejar en manos de Dios, no de los políticos.

© AIPE

Walter Williams es decano del departamento de economía de la Universidad George Mason de Virginia, EE. UU.
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