Capítulo XIV: Eliminación de Lerroux y expulsión de Gil-Robles del Gobierno (I)

La decisión de don Niceto de equilibrar la república “centrándola”, debía apoyarse, en principio, en el Partido Republicano Radical, el más importante, con mucho, de los partidos centristas, dirigido por Alejandro Lerroux. Aunque antaño había sido un clásico partido jacobino, de lo que conservaba resabios, con el tiempo había pasado a preferir “un acuerdo a una barricada” y a respetar, al menos como un hecho inevitable, la religión católica. El talante conciliador del Lerroux anciano le había llevado a claudicar en los conflictos tenidos con Alcalá-Zamora, y a aceptar los indultos de Pérez Farràs y luego el de González Peña. Su partido contaba con el mayor número de diputados, después de la CEDA, y su alianza con ésta había permitido, a pesar de roces, crisis y altibajos, la gobernación del país en 1934 y 1935.

Como con Gil-Robles, el presidente tenía coincidencias importantes con Lerroux, en especial el interés por alejar a la república de extremismos. Por tanto el presidente se apoyaba en el Partido Radical. Pero lo hacía procurando atraerse a militantes destacados a espaldas de su líder, según sospechaba éste, no del todo erróneamente. Como iba a ocurrir con Gil-Robles, los intereses comunes no iban a fructificar en un buen entendimiento. Don Niceto despreciaba al jefe radical a quien consideraba incompetente y corrupto o favorecedor de la corrupción; y éste le respondía con similar aversión, teniéndole por un oportunista semidemente, sin criterio político ni conocimiento de la realidad social. Los desencuentros venían desde la misma alianza antimonárquica de 1930, cuando Lerroux, el republicano más antiguo y con mayor historial de lucha, el que había resucitado el republicanismo después de la desastrosa I República, había debido ceder la dirección del movimiento a don Niceto, un advenedizo recién llegado.

Así pues, el presidente veía en Lerroux un político poco afecto y nada indicado para encabezar la opción centrista que él deseaba, y por eso había obstaculizado de muchas maneras sus actos de gobierno. Su animosidad contra él coincidió, en el verano de 1935 con las ansias de desquite de Azaña y Prieto. Pues Lerroux había acosado al gobierno republicano-socialista, empujando a su caída después de Casas Viejas, había vencido a los dos izquierdistas en las elecciones de 1933 y, sobre todo, había derrotado la insurrección de octubre, obligando a Prieto a exiliarse, y a Azaña a soportar dos intentos de procesamiento. En verano de 1935, llegaría a ambos la ocasión de devolver los golpes, por medio de un escándalo en torno a unas corruptelas menores, el llamado straperlo, en el cual iba a desempeñar su papel don Niceto. El asunto, expuesto con cierto detalle en Los personajes de la república vistos por ellos mismos, lo resumiré aquí brevemente.



El straperlo era una ruleta especial que un judío holandés llamado Strauss quiso introducir en España, donde estaban prohibidos los juegos de azar desde la dictadura de Primo. Para ello “untó” con algunos regalos a políticos radicales. Como su inversión no fructificaba en un permiso para explotar el invento, el peculiar empresario trató de chantajear a Lerroux, que le despreció. Prieto, emigrado en Ostende, y Azaña, desde Madrid, contactaron con el chantajista, y urdieron, según todos los indicios, una hábil intriga para complicar al líder radical y a su partido.

Consistió el plan en que el holandés enviase a Alcalá-Zamora un informe de los presuntos sobornos. El carácter delincuente de Strauss queda claramente de manifiesto, pues de otro modo hubiera recurrido a los tribunales, si se sentía perjudicado. Y no menos manifiesta resulta su utilización política por otras manos. El recurso al presidente de la república como instrumento de un chantaje resulta en verdad insólito, aunque Alcalá-Zamora, en sus memorias ni siquiera señala esa anomalía; y no podía ocurrírsele a Strauss, pero sí a quienes conocían dos detalles importantes de la política española: la inquina del presidente hacia Lerroux, y el deseo de la extrema derecha de romper la alianza entre la CEDA y el Partido Radical, base, como ya señalamos, de la gobernabilidad del país por entonces. Romper esa alianza supondría crear una situación política muy difícil, frustrando a las derechas moderadas y facilitando el camino hacia un golpe que acabase con la república. También interesaba a la izquierda revolucionaria y jacobina romper la alianza, para dar fin a la experiencia centroderechista y adelantar las elecciones. La ingeniosa intriga había de explotar asimismo el miedo de la CEDA y de otros políticos a aparecer ante la opinión pública mezclados en el asunto.

El informe de Strauss suponía para el presidente un arma de doble filo. Por un lado le facilitaba desembarazarse de Lerroux, pero por otro resultaba él mismo chantajeado, pues si no utilizaba los documentos contra el jefe radical, él mismo podía ser presentado como encubridor de un delito. Y aunque tal acusación sonara muy forzada, todos conocían la capacidad de Prieto y Azaña para crear movimientos de opinión explotando apariencias de culpa.



Don Niceto habló del asunto con Lerroux, quien no le dio importancia, pues creyó que se trataba de una intriga del propio Niceto y del ministro de Gobernación, Manuel Portela Valladares. Éste era hombre de confianza del presidente, de cuya mano iba pronto a adquirir gran relevancia política. Lerroux se sentía espiado por él, y Gil-Robles no soportaba su conducta “sinuosa y equívoca” (1). Don Niceto se reservó los documentos de Strauss, pero el 20 de septiembre aprovechó una crisis parcial inesperada para sustituir a Lerroux a la cabeza del gobierno, nombrando para el puesto a un político sin respaldo parlamentario, Joaquín Chapaprieta, ministro de Hacienda desde mayo. Chapaprieta aceptó el cargo ante el peligro de una disolución de Cortes. El mismo temor hizo entrar en ese gobierno Gil-Robles, siempre en Guerra, y a Lerroux, en Estado, amargados ambos, el uno por no haber sido llamado a gobernar, como correspondía en buena lógica parlamentaria, y el otro por haber sido expulsado de la jefatura del gabinete.

Quizá don Niceto hubiera guardado para sí los papeles de Strauss, por no servir de cauce a un delincuente, pero en un banquete en desagravio a Lerroux, éste hirió con una alusión al presidente, quien, furioso, entregó los documentos al gobierno. A partir de ahí, cada cual desempeñó su papel. Chapaprieta y Gil-Robles, asustados ante el chaparrón a punto de descargar, dieron estado público a las acusaciones y las llevaron a las Cortes, el 28 de octubre, antes de que el fiscal hubiese dictaminado sobre el posible delito. Y en las Cortes la extrema derecha monárquica y el falangista José Antonio se encargaron de abrumar al Partido Radical y a su caudillo. Lo mismo hicieron en la calle las izquierdas, esparciendo al máximo las sospechas sobre la derecha en general en una agitación implacable, combinada con la permanente sobre la represión de Asturias.

Para unas corruptelas casi insignificantes el escándalo fue inmenso, y cuarteó la alianza de centro derecha. Las recriminaciones y desconfianzas envenenaron la relación entre los socios del gobierno. Los radicales acusaban a Gil-Robles, y éste creía que Chapaprieta había actuado como instrumento de Alcalá-Zamora, para comprometerle. Si bien Lerroux salió inculpado de las Cortes, hubo de dimitir, y su partido, abandonado por sus aliados y objeto de un sañudo ataque desde los extremos, sufrió una crisis devastadora. El terreno intermedio entre derechas e izquierdas había desaparecido, para satisfacción de los extremistas.



De momento el gobierno de Chapaprieta, que solo contaba un mes de antigüedad, sobrevivió. Aunque todos comprendían que la situación se había tornado muy precaria, tanto Gil-Robles como Chapaprieta se aferraron a las últimas posibilidades de desarrollar sus programas, convencidos de que una disolución de Cortes en aquellas circunstancias equivalía a un salto al abismo. “¡Mal momento para acometer una obra ineludible de restauración económica! —escribirá el líder cedista— (...) Sólo un grupo fuerte y disciplinado como el nuestro era capaz de emprender tan ambiciosa tarea (...) Pero la posición de la CEDA resultaba, por desgracia, bastante precaria. Combatida con verdadera saña por izquierdas y derechas, su mayor enemigo era, sin embargo, el presidente de la República (...) Se acercaba el momento inevitable de la ruptura, presentido por mí con indecible angustia, cuando el Ejército carecía aún de cohesión interna y de fuerza material bastante para imponerse a la revolución (…) El pavoroso fantasma de la guerra civil comenzaba a dibujarse, con todos sus horrores (…) Los partidarios de las soluciones catastróficas iban pronto a salirse con la suya”. (2)

En medio de la agitación de aquellos meses, la CEDA puso a punto su “gran plan de pequeñas obras públicas”, para combatir el paro, hizo aprobar el 2 de noviembre en las Cortes. En los meses pasados había apoyado también la labor de Chapaprieta desde el ministerio de Hacienda primero, y como jefe del gobierno después. Con él, así como con Lerroux, se había sentido Gil-Robles bien compenetrado. Chapaprieta perseguía, mediante una Ley de restricciones, una depuración a fondo de las finanzas del estado, con poda de sus organismos. En septiembre había suprimido nada menos que tres ministerios; dos de ellos estaban en manos de la CEDA, la cual aceptó el sacrificio en bien de la causa. También había eliminado 4 subsecretarías, 20 direcciones generales y 300 coches oficiales, rebajado sueldos excesivamente altos y aumentado ligeramente los más bajos, etc. (3)

Chapaprieta era un tecnócrata, y tanto lo era que a sus memorias (A) apenas si asoman el anarquismo, el marxismo o el fascismo, o revueltas como las del 17 o del 34, que él vivió con un curioso alejamiento. No obstante, su pericia en materia económica y hacendística tiene relevancia en un tiempo en que las preocupaciones económicas de los políticos solían ser sumarias (él habla con sarcasmo de los conocimientos económicos de Azaña). (4)

Su proyecto incluía racionalizar el gasto público y aumentar los ingresos gravando más a los pudientes. Vigiló los fondos reservados, tradicional cauce de corruptelas, e impuso a los ministros mayor sobriedad y control del gasto. Reformó la Ley de contabilidad “corrigiendo el abuso de que la intervención general del Estado, a pesar de su nombre y de su función, no interviniese ni supiese de qué forma y en qué realmente se empleaba el dinero que se autorizaba a librar”. Su éxito parece haber sido notable, pues redujo a la mitad los 800 millones de pesetas de déficit inicial del presupuesto de 1935, y consiguió aumentar los ingresos en 250 millones de pesetas: “Jamás se alcanzó por la Hacienda española una tan alta recaudación”. Ello le permitió, según se ufanaba, atender mejor que nunca, a pesar de la política de ahorro, los gastos en obras públicas, sociales y defensivas, y prever un aumento de los mismos para 1936. “Tenía la seguridad (...) de que de su ejecución dependía el resurgir de España. Aparte del efecto moral, tan necesario para la psicología de nuestro pueblo, de un saneamiento y de una adecuada organización de la administración pública, mis proyectos aseguraban la nivelación del presupuesto, y con unas finanzas saneadas, un crédito público inmaculado y poco usado, y precio bajo para el alquiler del dinero, se podía y debía acometer un potente renacimiento económico”. (5)

Como resultado de las reformas emprendidas por los conservadores,1935 fue el mejor año económico de la república, pese a que la renta per capita bajara algo (1.033 pesetas frente a 1.078 el año anterior). La producción agrícola resultó mediana y la industrial buena; pero lo principal fue que asomaron, por primera vez después dela parálisis de los años anteriores, signos serios de recuperación de la inversión privada, comenzó a sanearse la administración y se establecieron planes económicos razonables. Esta recuperación, de consolidarse, debería haber apuntalado la república. Pero en noviembre el régimen se tambaleaba. (6)

El problema principal provenía de la presidencia, y precisamente entorno a aquel punto esencial en el que más coincidían Gil-Robles y Alcalá-Zamora: la reforma de la constitución. Desde principios de año el presidente venía presionando en favor de su inmediato planteamiento. Tenía en ello un doble interés, por la reforma misma y porque ésta acarrearía la autodisolución de las Cortes, evitándole a él ese trabajo: deseaba liquidarlas desde principios de 1935. La cuestión tenía importancia crucial, pues si era él quien las disolvía, perdía la posibilidad de hacerlo con las siguientes, ya que la ley permitía al presidente dos disoluciones parlamentarias. No acababa ahí la cosa, pues las Cortes posteriores podían juzgar sobre esa segunda disolución, y si la consideraban injustificada el presidente quedaría automáticamente destituido. Alcalá-Zamora ya había apuntillado las Cortes constituyentes del primer bienio, y aunque él creía que esa disolución no debía computársele entre las dos de su derecho, le afligía la sospecha, por lo demás fundada, de que la mayoría de los partidos opinaba lo contrario. Así lo indica Chapaprieta, que trató a fondo al presidente por aquellos días. (7)

Ese temor explica por qué toleró durante un año entero a Lerroux y a Gil-Robles y hasta permitió a la CEDA —con profunda repugnancia— ocupar cinco ministerios, entre ellos el de la Guerra. Pero conforme pasaban los meses iba haciéndose claro que la derecha no plantearía los cambios constitucionales mientras no se enderezase la situación política y económica, y a eso no estaba dispuesto. Su postura sobre la reforma varió entonces, y, dice Gil-Robles, “con un desdén ya francamente ostensible en la entrevista que con él mantuve el 21 de noviembre, se obstinó en dar por fracasados nuestros propósitos revisionistas (....) Su incalificable conducta quedó por completo al descubierto cuando en el Consejo del 2 de diciembre se inclinó (...) hacia una reforma del menor alcance posible (...) a cuya discusión no se opusieran los grupos políticos entonces alejados del poder”. Don Niceto quería ahora revisar sólo el artículo 125, es decir, el que establecía el propio procedimiento de la reforma, y escudaba su sorprendente giro en la conveniencia de aplacar a la izquierda. Todo indica que vislumbraba una victoria de la izquierda en las siguientes elecciones y que deseaba congraciarse con ella. (8)


NOTAS

(A): Su hijo las hizo publicar con el título La paz fue posible, por motivos probablemente comerciales, pues la idea no está implícita, ni mucho menos, en el libro, que no puede considerarse una réplica del de Gil-Robles No fue posible la paz.


1. J. Chapaprieta, La paz fue posible. Memorias de un político, Barcelona, Ariel, 1987, p. 208. Gil-Robles, No fue posible la paz, p. 277
2. Gil-Robles, No fue posible…, p. 305
3. Chapaprieta, La paz…, p. 234-5. R. de la Cierva, El fascismo…, p. 69-70
4. Chapaprieta, La paz…, p. 268
5. Ibid., p. 175, 165 y ss., 238
6. J. P. Fusi y J. Palafox, España: 1808-1996. El desafío de la modernidad, Madrid, Espasa, 1998, p. 280 y ss.
7. Chapaprieta, La paz…p. 309 y ss
8. Alcalá-Zamora, Memorias, p. 336. Gil-Robles, No fue…, p. 323. J. Chapaprieta, La paz…, p. 310

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